El último balance judicial confirma una tendencia que en Galicia ya se siente en los despachos de abogados y en las oficinas de asistencia social: durante 2025 se registraron en el ámbito de Vigo y la provincia de Pontevedra un total de 1.180 concursos de acreedores, un récord impulsado especialmente por familias y particulares que, asfixiados por las deudas, acuden a la llamada Ley de Segunda Oportunidad para intentar recomponer su vida económica.

Un fenómeno protagonizado por personas físicas

Las cifras que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejan claro quién está detrás de este crecimiento: de esos 1.180 procedimientos, 1.045 fueron promovidos por particulares, lo que equivale a un 88,5% del total. Si se añaden los 41 casos de personas naturales en situación de empresarios —autónomos o pequeños profesionales que avalaron negocios—, el porcentaje sube al 92%. En contraste, los concursos tradicionales de sociedades mercantiles apenas representan ya el 10% del conjunto, con 94 procedimientos en 2025.

La comparativa con hace cinco años subraya la magnitud del cambio: entonces se contabilizaban 247 concursos en el territorio; la cifra actual supone un aumento cercano al 380%. No es la primera vez que se habla del crecimiento de estos procedimientos, pero sí la primera en la que se supera de forma tan contundente la barrera del millar.

En la explicación se mezclan causas estructurales y puntuales. Muchos de los afectados relatan situaciones de pérdida de empleo, enfermedades graves que acarrean gastos extraordinarios, divorcios que rompen la estabilidad económica o problemas de adicción —sobre todo ludopatía— que arrastran al resto de la unidad familiar. «La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una salida legal que hace unos años no existía; ahora la conocen los despachos, los mediadores y, cada vez más, la propia ciudadanía», explica, a falta de confirmación oficial por parte de fuentes públicas, un abogado de Vigo especializado en insolvencias.

Cómo se ha llegado hasta aquí: la ley, la información y la demanda social

La figura del concurso para personas físicas nació en España en 2015, un instrumento pensado para que quienes están sumidos en un sobreendeudamiento puedan cancelar parte de sus obligaciones y reemprender la vida económica. Con el paso del tiempo, esa vía ha dejado de ser marginal para convertirse en una salida habitual. En Vigo, la mayor difusión de la ley y la aparición de profesionales especializados ha hecho que lo que era un recurso poco conocido hoy sea una opción recurrente.

Vigo y la provincia no son ajenas a los vaivenes económicos que afectan a Galicia desde la crisis de 2008 y las transformaciones industriales posteriores. La ciudad dependiente del automóvil, la construcción y la actividad portuaria ha visto en los últimos años episodios de ajuste que golpean a trabajadores y pequeñas empresas. A ello se suman los problemas derivados del acceso a la vivienda: hipotecas contraídas en momentos de precios crecientes y realidades familiares que se deterioran cuando disminuye la capacidad de pago.

Además, hay un elemento que no conviene perder de vista: la relación entre la litigiosidad por deudas privadas y la presión sobre los servicios públicos. Juzgados de lo Mercantil, de Primera Instancia y oficinas de orientación jurídica atienden a un número creciente de personas que, por falta de recursos, demandan asistencia gratuita y medidas urgentes para evitar la pérdida de su vivienda o la ejecución de bienes.

Repercusiones locales y pasos a seguir

El incremento de los concursos tiene consecuencias prácticas inmediatas. Para la administración de justicia supone una carga de trabajo añadida que compite con otros procedimientos —desahucios, ejecuciones hipotecarias, reclamaciones de cantidad— y exige una respuesta más coordinada entre jueces, fiscales y servicios sociales. En el plano social, multiplica la demanda de asesoramiento jurídico y de programas de acompañamiento para víctimas de adicciones o de procesos de exclusión laboral.

En la esfera política local, no es descartable que la cifra movilice iniciativas en el Parlamento gallego y en los ayuntamientos. Ya se han escuchado propuestas, según fuentes cercanas a partidos locales, para reforzar los servicios de mediación de deudas, promover la información preventiva en los colegios profesionales y mejorar las políticas de inserción laboral dirigidas a colectivos vulnerables.

Los expertos consultados insisten en que la Ley de Segunda Oportunidad no es una panacea; funciona cuando va acompañada de medidas sociales y económicas que permitan, una vez ordenada la deuda, recuperar empleo y estabilidad. «Perder la vivienda o ver liquidado un pequeño negocio puede tener efectos traumáticos; la solución judicial debe ser solo una parte de la respuesta», advierte una trabajadora social de un centro de la ciudad.

Mirando al futuro, las expectativas no invitan al optimismo inmediato. El crecimiento de este tipo de procedimientos no ha dado señales de agotamiento: cada año llegan nuevos casos que antes quedaban fuera del radar. Mientras tanto, los jueces del Tribunal de Instancia de Vigo y los letrados que practican en la provincia deberán lidiar con el reto de resolver estos expedientes con rapidez sin rebajar las garantías procesales.

La experiencia acumulada en la última década sirve, al menos, para identificar medidas que facilitarían la gestión: mayor formación de los operadores jurídicos en materia de insolvencia familiar, campañas informativas sobre endeudamiento responsable, y protocolos de coordinación entre juzgados y servicios sociales para atender a quienes presentan problemas de adicción o necesidades básicas urgentes. A falta de confirmación oficial sobre nuevas reformas, son propuestas que vuelven a la agenda pública.

En Vigo, como en otras capitales de la comarca, las historias que hay tras las cifras recuerdan a vecinos concretos, a nombres y apellidos. Tres de cada cuatro concursos corresponden a personas con recursos limitados; muchas veces, la decisión de solicitar la quiebra personal llega tras años de lucha. Cabe recordar que la finalidad de la ley es permitir «empezar de cero», pero para que esa segunda oportunidad sea real hacen falta más respuestas colectivas que meros procedimientos administrativos.