Los extrabajadores de Alfageme agotan la vía judicial y reclaman al Concello el 10% del suelo para cobrar 5,3 millones

Tras dieciséis años desde el cierre de la histórica conservera de Bouzas, un grupo numeroso de antiguos empleados ha reavivado la batalla por cobrar los salarios y deudas pendientes. Con la vía concursal definitivamente cerrada en abril de 2025 y sin haberse visto resarcidos por la liquidación de la empresa, los afectados piden ahora al Ayuntamiento de Vigo que les adjudique el 10% del aprovechamiento urbanístico del solar para promover viviendas sociales y así hacer efectivos los 5,3 millones de euros que reclaman.

El último paso: de los juzgados a la negociación con el Concello

La imagen de la conservera cerrada en Bouzas permanece en la memoria colectiva de Vigo. La empresa que un día fue emblema de la industria local se desmoronó, según sostienen los propios trabajadores, por una pésima gestión en sus últimos años. Aquella quiebra dejó una lista de acreedores donde figuran más de un centenar de trabajadores y herederos que, a día de hoy, siguen reclamando lo que consideran justo.

Al frente de la agrupación está Ángel Sanz Domínguez, de 71 años, antiguo jefe de ventas y presidente de la Asociación de Extrabajadores de Bernardo Alfageme S.A. Junto al letrado vigués Tomás Santodomingo, han intentado por la vía judicial recuperar las cantidades adeudadas. Sin embargo, el proceso concursal concluyó sin que los trabajadores percibieran lo reclamado; lo único que recibieron fue el dinero derivado del Fogasa.

En la liquidación de la empresa se abonaron, por otra parte, unos honorarios de los administradores concursales que, según los afectados, ascendieron a 2,4 millones de euros. Ante la impotencia de ver cómo se diluían los activos y sin resultado práctico en los juzgados, la asociación ha dirigido al alcalde una carta fechada el pasado 13 de marzo solicitando una reunión «para la búsqueda de una solución». En la misiva plantean una salida urbanística: que el Ayuntamiento les ceda gratuitamente el 10% del aprovechamiento del solar para que la asociación pueda promover viviendas de promoción pública y, con esas plusvalías, saldar las deudas laborales.

«No recibieron ni un céntimo», denuncian los extrabajadores sobre las percepciones tras la liquidación del concurso.

Un acuerdo plenario, una promesa y el laberinto urbanístico

La reclamación no surge de la nada. En 2010, el pleno municipal adoptó por unanimidad un compromiso que afectaba al aprovechamiento urbanístico de los terrenos de la conservera; aquellas plusvalías se valoraron entonces en torno a 26 millones de euros. La crisis económica y la complejidad administrativa impidieron materializar la promesa en su momento y, con los años, el expediente fue quedando en espera.

Hace dos años, la Gerencia de Urbanismo informó a la asociación de que la cesión gratuita solo sería posible a favor de una entidad sin ánimo de lucro y con la finalidad de construir vivienda pública. La asociación se constituyó formalmente en mayo de 2025 y volvió a solicitar la cesión del 10% del aprovechamiento tipo del área ARC‑SUNC 237 —la matriz urbanística que incluye Camíño Barciela, Esturáns y Tomás Alonso— con la esperanza de encontrar una salida social y económica al conflicto.

No obstante, el proyecto encuentra ahora otro escollo: la Xunta exigió recientemente una tramitación más rigurosa por razones ligadas a la protección del patrimonio cultural. Esa intervención autonómica obliga a ralentizar los procedimientos y rehace parte del proyecto de recuperación del solar, con lo que se reduce la expectativa de una solución rápida para quienes llevan años esperando cobrar.

Movilizaciones y cálculo de las deudas: cifras que marcan vidas

Los números que barajan los afectados son dispares por trabajador: oscilan entre los 5.071 euros y casi los 220.000 euros, según el desglose efectuado por la asociación. Con más de un centenar de personas en la lista —entre extrabajadores y herederos— la suma total que reclaman alcanza los citados 5,3 millones. Para muchos de ellos esas cantidades no son abstracciones: representan salarios no cobrados, indemnizaciones y derechos que condicionaron la vida familiar y profesional de varias generaciones en Bouzas.

Ante el cierre de la vía judicial, la organización ha anunciado que iniciará movilizaciones si no se produce una respuesta satisfactoria del Concello. Se trata de una estrategia habitual en la comarca cuando las demandas sociales chocan con plazos administrativos; en Vigo, movilizaciones similares han forzado en ocasiones revisiones de acuerdos urbanísticos y convenios. Los extrabajadores, envejecidos en muchos casos, buscan con urgencia una solución que también sirva para honrar la memoria de los compañeros fallecidos que no pudieron ver resueltos sus reclamos.

Desde el Ayuntamiento, a falta de confirmación oficial sobre la recepción y tramitación de la carta, no han trascendido compromisos públicos. Hablar con el alcalde Abel Caballero es, por tanto, la próxima etapa formal que piden los afectados. En política local, y particularmente en asuntos que mezclan urbanismo y deuda social, la negociación puede alargarse; la intervención de la Xunta por patrimonio añade además una capa técnica que obligará a ajustes en los planes.

Consecuencias y próximos pasos

La encrucijada de los extrabajadores de Alfageme ilustra la intersección entre la memoria industrial de Vigo, las políticas urbanísticas y la justicia económica para quienes sostuvieron durante décadas a una empresa que fue central en la vida de Bouzas. Si el Concello accediera a la cesión del 10% del aprovechamiento, la solución planteada podría materializarse en vivienda pública y, a la vez, en el pago de las deudas. Pero la ejecución de ese plan depende de acuerdos técnicos, plazas presupuestarias y, en última instancia, de voluntad política.

En los próximos meses habrá que seguir dos frentes: por un lado, la respuesta que dé el Ayuntamiento a la petición formal; por otro, el desarrollo de los trámites ante la Xunta en materia de patrimonio que condicionan la recalificación del suelo. Para los trabajadores, el calendario no es neutro: muchos ya han perdido años de litigio, y la chispa de la movilización podría encenderse pronto si la negociación se dilata. Sea cual sea el desenlace, la reclamación de los extrabajadores de Alfageme se ha convertido en un espejo donde se reflejan viejas promesas, deudas pendientes y la dificultad de transformar el patrimonio urbano en justicia social efectiva.