En A Coruña, cientos de vehículos de movilidad personal (VMP) siguen circulando tras la fecha límite marcada por la Dirección General de Tráfico, pero pocos lucen ya la placa de matrícula y ninguno ha recibido sanción específica por ello. La norma, en vigor desde el 31 de enero, pretende regular el uso y obligar al registro, pero usuarios y policías reconocen dificultades prácticas para su aplicación. El Ayuntamiento ha llevado a cabo campañas y sancionado conductas peligrosas; sin embargo, la matriculación masiva queda pendiente por trámites, costes y la falta de certificación de muchos modelos.

La Policía Local admite que, aunque la ley permite imponer multas por circular sin matrícula, por ahora no se están cursando sanciones por “problemas de intendencia” a la hora de ejecutar esa obligación formal. Los agentes han informado a los colectivos de usuarios para que no se alarmen, pero recuerdan que la vigilancia del uso del patinete sí se mantiene y que ya se han tramitado cientos de multas por otras infracciones del código de circulación.

Los usuarios, por su parte, denuncian desigualdades en el tratamiento frente a otros vehículos ligeros, como las bicicletas, y lamentan la complejidad del proceso de registro. La asociación local de usuarios de VMP trata de orientar a sus miembros, pero reconoce que la adaptación está siendo lenta y que muchos patinetes comercializados no reúnen la documentación técnica exigida.

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Registro y costes: trámites y barreras

Para matricular un patinete es necesario completar un procedimiento administrativo que incluye la inscripción en los registros correspondientes, el pago de tasas y la adquisición de la placa identificativa. Según los usuarios consultados, los pasos no son sencillos para quien no está habituado a trámites administrativos y requieren varios pagos.

Desde la asociación calculan que los costes inmediatos ascienden a alrededor de 8 euros por la gestión administrativa y unos 12 euros por la matrícula física. Además, la contratación de un seguro obligatorio encarecería el presupuesto anual: en los patinetes más ligeros la póliza puede rondar los 50 euros anuales, mientras que en modelos de mayor potencia supera los 100 euros, según las ofertas de distintas aseguradoras.

Otro escollo es la certificación técnica. No todos los modelos que se vendieron masivamente en los últimos años cuentan con el certificado de conformidad previsto en el manual técnico que la DGT publicó en 2024. Esos aparatos no pueden registrarse hasta que el fabricante aporte la documentación o se acredite su adecuación.

Usuarios organizados y la postura policial

La asociación coruñesa de usuarios de VMP, que agrupa a una parte de los conductores más concienciados, realizó una encuesta informal entre sus aproximadamente cien afiliados y detectó que solo la mitad había completado los trámites de matriculación. No obstante, sus dirigentes advierten de un posible sesgo por la composición del colectivo, más proclive al cumplimiento que la media.

«Estamos que trinamos. A ellas no se les exige nada y a nosotros cada vez nos imponen más restricciones. Es el vehículo más sobrerregulado que hay»

La Policía Local, según fuentes consultadas, celebró una reunión informativa con representantes de usuarios en la que se transmitió que, por ahora, no se aplicaría una política sancionadora masiva en materia de matrículas. Un agente citado por los colectivos resumió la instrucción: no alarmarse, pero mantener el control del cumplimiento de las normas de circulación.

«Celebramos una reunión hace unas semanas y nos dijeron que, de momento, no nos preocupáramos»

Mientras tanto, el Concello sigue aplicando la normativa en lo relativo a la seguridad vial: campañas de concienciación, controles puntuales y sanciones por estacionamiento indebido, circular por aceras o no respetar semáforos y pasos de peatones. La falta de matrícula no ha quedado en la práctica como la prioridad absoluta de las patrullas.

En el plano regulatorio, la DGT también marcó un calendario para los modelos sin certificación: muchos de los VMP vendidos antes de la norma podrán seguir circulando hasta 2027, pero después de esa fecha los que no cumplan las especificaciones técnicas deberán dejar de emplearse en la vía pública. Este plazo plantea un reto de vigilancia y control para las administraciones y obliga a los usuarios a planificar alternativas o a exigir a los fabricantes la documentación necesaria.

En resumen, la entrada en vigor de la obligatoriedad de matricular los patinetes ha dejado a A Coruña en una fase de transición: la norma existe, pero su implantación práctica topa con trabas administrativas, costes para los usuarios y modelos sin certificar. El resultado, por el momento, es una convivencia informal entre patinetes no matriculados, autoridades prudentes y un calendario que apremia a los fabricantes y a los propietarios a regularizar su situación antes de 2027.