En Vigo, durante el Congreso Nacional de Confedetel celebrado el 10 de marzo de 2026 en el Hotel Ciudad de Vigo, representantes de prejubilados y jubilados reclamaron el fin de los denominados «coeficientes reductores perpetuos» que, según mantienen, penalizan de por vida a quienes acceden a la pensión antes de la edad legal. La organización, presidida por Francisco Blanes, exige cambios legislativos para evitar recortes que en algunos casos superan el 40% de la prestación. La reunión, organizada por la Asociación de Prejubilados de Telefónica con sede en Vigo, reunió a delegados de todo el país para coordinar acciones jurídicas y políticas.

Confedetel agrupa a más de 8.000 socios procedentes de distintas entidades de prejubilados y jubilados de Telefónica y asegura que su actividad beneficia, directa o indirectamente, a unos 4,5 millones de trabajadores jubilados a nivel nacional. Sus dirigentes destacaron que la asociación nació para ofrecer asesoramiento en cuestiones fiscales, administrativas y judiciales derivadas de las fórmulas de jubilación y los contratos firmados en su día. La idea central que trasladaron los delegados es la de hablar con una sola voz para ganar peso en las negociaciones con las administraciones.

Durante el congreso, los asistentes centraron el debate en el impacto de los coeficientes reductores, que aplican una penalización sobre la pensión por cada año de anticipo respecto a la edad ordinaria de jubilación. Los ponentes recordaron que, antes de sus reclamaciones, esa reducción podía llegar al 8% anual y que tras reclamaciones y litigios se logró que el máximo quedase en el 6% en ciertos casos, aunque aún consideran insuficiente la solución. Según el vicepresidente Carlos del Castillo, hay situaciones en las que la suma de coeficientes supone una merma superior al 40% sobre la pensión esperada, lo que califican de inaceptable.

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Los responsables de Confedetel explicaron que su estrategia combina la defensa jurídica, la acción fiscal y la incidencia social y política. Cada nueva norma publicada en el BOE es analizada por el gabinete jurídico de la organización, que decide si procede interponer recursos o entablar negociaciones con las administraciones. Además, los representantes insistieron en la necesidad de una reforma que garantice equidad entre quienes se jubilan de forma anticipada y los que alcanzan la edad reglamentaria, sin que las penalizaciones sean vitalicias.

En el congreso celebrado en Vigo se hizo hincapié en que las reivindicaciones no buscan concesiones extraordinarias, sino la corrección de lo que consideran leyes perjudiciales adoptadas en su día sin el debido equilibrio. Los dirigentes recordaron que muchas de las normas afectaron de forma desproporcionada a los primeros colectivos que se acogieron a prejubilaciones y que su trabajo ha servido para que las sucesivas generaciones encuentren condiciones menos gravosas. También señalaron que, cuando la vía administrativa no da respuesta, no dudan en acudir a los tribunales para defender los derechos de sus asociados.

Los asistentes subrayaron la dimensión social del problema: se trata de regulaciones que afectan no solo a los antiguos empleados de una empresa concreta, sino a amplios segmentos de la población que, en el futuro, optarán por la jubilación anticipada por diversos motivos. Por ello, reclamarán interlocución con los grupos parlamentarios y con el Gobierno para buscar soluciones legales que eviten penalizaciones perpetuas y garanticen un tratamiento proporcional. En su diagnóstico, la implantación de coeficientes permanentes castiga el esfuerzo acumulado durante la vida laboral.

En el encuentro también se compartieron experiencias concretas de socios afectados y se repasaron las iniciativas judiciales abiertas en distintas comunidades autónomas. Los responsables insistieron en la coordinación entre asociaciones locales y nacionales para multiplicar la capacidad de presión y en la importancia de mantener una asesoría jurídica especializada que pueda interpretar los cambios normativos. La conclusión que trasladaron a los participantes fue la necesidad de mantener la movilización y el trabajo técnico para conseguir reformas concretas.

El congreso concluyó con el compromiso de seguir combinando la vía judicial con la negociación política y con campañas informativas para visibilizar el problema ante la opinión pública. Confedetel planteó que la solución pasa por acabar con la aplicación indefinida de coeficientes reductores o, cuando menos, por establecer topes y revisiones periódicas que eviten recortes dramáticos. Sus representantes advirtieron de que, si no se producen avances por la vía parlamentaria, intensificarán las demandas judiciales y la presión social para que los jubilados y prejubilados recuperen lo que consideran un trato justo.