El sector del taxi de Vigo exige a las administraciones que actúen de oficio para combatir una red de VTC «pirata» que, según denuncian, opera en la ciudad cambiando la matrícula azul por una blanca para eludir los controles. La protesta se reavivó tras la publicación, el 10 de marzo de 2026, de imágenes y vídeos que muestran a conductores preparando vehículos sin licencia municipal para efectuar servicios urbanos, especialmente en el entorno del aeropuerto de Peinador. Los taxistas consideran estas maniobras de extrema gravedad porque suponen competencia ilegal, riesgo para la seguridad y posibles delitos administrativos y penales. Reclaman, sobre todo, una intervención contundente de la Xunta y de los cuerpos municipales para restablecer la legalidad.

Según los materiales aportados por profesionales del taxi, los conductores de VTC colocan una placa de matrícula blanca en sustitución de la matrícula azul que identifica a vehículos autorizados para transporte público o de arrendamiento con conductor. En muchos casos el distintivo azul del parabrisas permanece, pero es pequeño y pasa desapercibido, mientras la placa estándar sirve para burlar las patrullas y evitar sanciones o la inmovilización del vehículo. Los taxistas han grabado las manipulaciones y aseguran que la colocación de la placa blanca se realiza minutos antes de iniciar los traslados urbanos no autorizados.

Los profesionales relatan que se organizaron para pillar a los infractores in fraganti y que las pruebas se obtuvieron, sobre todo, en las inmediaciones de Peinador y en el centro comercial Vialia, puntos donde, dicen, se concentra la oferta irregular. El método ha permitido identificar vehículos que no cuentan con la autorización municipal necesaria para prestar servicios en el casco urbano y que, a pesar de ello, realizan trayectos locales sin figurar en los registros pertinentes. La movilización entre compañeros se prolongó durante semanas hasta corroborar la existencia de un patrón repetido de conducta.

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Además de la sanción administrativa, los taxistas advierten del riesgo penal: la sustitución deliberada de matrículas y la utilización de documentos falsificados pueden constituir delito de falsedad documental, con penas que, en casos graves, pueden llegar hasta los tres años de prisión. También recuerdan que la inmovilización y el depósito municipal del vehículo son medidas previstas por la normativa cuando se detecta la prestación de servicios sin la autorización correspondiente. La combinación de competencia desleal y presuntas infracciones penales ha elevado la presión del sector para que las autoridades actúen con rapidez.

Alfredo Estévez, secretario de la Asociación de Autopatronos de Vigo y la provincia de Pontevedra, apeló directamente a la Xunta como autoridad competente para abrir actuaciones de oficio, aunque admitió escepticismo sobre la respuesta que pueda ofrecer la administración autonómica. Estévez subrayó la existencia de «un resquicio legal» que debería permitir a la Xunta intervenir sin necesidad de que sea la parte afectada quien presente cada denuncia individual. Para el representante sindical, la pasividad prolongada perjudica a un sector ya lastrado por la competencia irregular y por la erosión de sus condiciones laborales.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, vicepresidente de la asociación Élite Taxi, explicó que la entidad ha puesto en conocimiento de la Policía Local los casos detectados y ha facilitado las grabaciones que prueban el intercambio de matrículas. Los taxistas valoran el «apoyo incondicional» del Concello de Vigo, que, según relatan, ha mostrado disposición a colaborar en la identificación y sanción de los vehículos irregulares. No obstante, advierten de que en otras ciudades la actitud municipal ha sido más tibia e incluso, a ojos del sector, favorable a plataformas que gestionan VTC, lo que intensifica la sensación de desigualdad competitiva.

El colectivo reclama una actuación coordinada que combine inspecciones continuadas, sanciones ejemplares y, cuando proceda, la intervención de la vía penal. También demandan mayor agilidad en los trámites administrativos para la retirada de autorización a empresas y conductores que repitan las conductas ilícitas. Mientras tanto, los taxistas aseguran que seguirán recabando pruebas y denunciando cada incidencia ante la Policía Local y los tribunales si es necesario.

Fuentes municipales consultadas por este periódico señalan que la investigación y la imposición de sanciones requieren pruebas fehacientes y que la coordinación con la policía es constante, aunque reconocen la complejidad para perseguir manipulación de matrículas y servicios que, en ocasiones, se camuflan mediante aplicaciones. En el plano autonómico, la Xunta tiene competencia normativa sobre licencias y regulación de VTC, y desde el sector esperan que utilice esas atribuciones para cerrar el vacío que, a su juicio, aprovechan los operadores irregulares.

El conflicto pone de manifiesto la tensión abierta entre el taxi tradicional y las plataformas de movilidad en un mercado urbano en transformación, así como las lagunas que el sector atribuye a la regulación y a la aplicación de la ley. Los taxistas de Vigo insisten en que la solución pasa por una actuación decidida de las administraciones que garantice el cumplimiento normativo y proteja tanto la seguridad de los viajeros como la actividad profesional de quienes trabajan con licencias en regla.