Los viticultores de O Salnés y la organización Unións Agrarias rechazaron este martes de manera contundente la propuesta de la Denominación de Origen Rías Baixas de reducir el rendimiento máximo por hectárea de 12.000 a 10.000 kilos, una medida que, según los afectados, encarecería la uva para el productor y beneficiaría solo a bodegas con excedentes. La iniciativa, debatida en la comisión permanente del Consello Regulador y pendiente de ratificación en pleno, ha prendido alarma en un sector que teme por la viabilidad de explotaciones familiares. Los representantes del campo sostienen que la reducción castigaría a quienes ya perciben ingresos por debajo del salario mínimo y que no existe un informe técnico que justifique la modificación.

En O Salnés, la comarca más afectada, hay más de 3.600 viticultores que viven de explotaciones medias de aproximadamente una hectárea, y el cálculo económico es sencillo y doloroso para el productor. A un precio medio de 2 euros por kilo, una cosecha de 12.000 kilos supone unos 24.000 euros brutos anuales; retirar 2.000 kilos del cupo significaría dejar de ingresar en torno a 4.000 euros para la explotación media, sin que disminuyan los costes de producción. Los sindicalistas agrícolas alertan de que ese recorte convertiría en insostenible la cuenta económica de muchas familias, que ya afrontan gastos de mano de obra, fitosanitarios y mantenimiento con márgenes estrechos.

La organización Unións Agrarias expresó su oposición frontal y reclamó transparencia y fundamento técnico antes de cualquier cambio regulatorio; en la rueda de prensa participó, entre otros, el secretario general Roberto García, quien acusó a los promotores de la iniciativa de buscar un atajo para abaratar la compra de uva y solucionar así problemas privados de stock en algunas bodegas. García defendió que una modificación de esta magnitud no puede sustentarse en filtraciones ni en votaciones parciales sin documentación que la avale. Según su relato, la propuesta fue impulsada por Asaga y por secciones del Sindicato Labrego Galego de O Condado y O Rosal y cuenta con el respaldo de algunos vocales del Consello Regulador, pero carece de respaldo técnico.

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La falta de un informe que explique el impacto agronómico, económico y de calidad es una de las críticas reiteradas por los productores, y en la comisión permanente se registraron reproches por el procedimiento. El vocal de Unións en la denominación, Manuel Ángel Dopazo, subrayó que reducir el rendimiento no baja los costes fijos y que, por tanto, recortar kilos equivale a recortar ingresos sin mejora alguna de la cuenta de explotación del agricultor. Para Dopazo, trasladar el ajuste de stocks de una bodega concreta al conjunto de la denominación sería injusto y podría provocar consecuencias perversas para la cadena productiva.

En la votación en la comisión permanente, las grandes cooperativas que compran y comercializan más uva se alinearon contra el recorte: bodegas como Martín Códax, Condes de Albarei y Paco & Lola apoyaron la posición de Unións, argumentando que no tienen problemas de stock que justifiquen una medida general. Los promotores sostienen, en cambio, que el ajuste ayudaría a equilibrar el mercado y a preservar la calidad, pero no han hecho público ningún estudio que lo respalde. Esa división evidencia la fragmentación del sector entre operadores que abogan por regulaciones más estrictas sobre rendimientos y quienes advierten del impacto social y económico sobre la base productora.

La patronal agraria alerta de efectos indeseados: obligar a muchos viticultores a dejar uva fuera de cupo podría empujar ventas al mercado paralelo o directamente al desperdicio, medidas que empeorarían la trazabilidad y la fiscalidad del producto. Unións advierte también del riesgo de presión sobre los precios al productor en el punto de compra, ya que una menor disponibilidad oficial de kilos tendría el efecto inmediato de rebajar la demanda por parte de bodegas con excedentes. Para los pequeños agricultores, que en muchos casos ya compaginan la viticultura con otras actividades, la salida de ese excedente por canales no oficiales sería una vía de supervivencia con consecuencias negativas para el conjunto de la denominación.

El asunto pasa ahora al pleno del Consello Regulador, donde se decidirá si la propuesta sale adelante y en qué términos; los sindicatos reclaman que antes de votar se presente un estudio técnico y una memoria económica que evalúe el impacto sobre explotaciones y empleo. Fuentes del sector coinciden en que cualquier cambio debe negociarse con datos y con medidas compensatorias para los más vulnerables. En el trasfondo de la polémica está la necesidad de un pacto entre bodegas y productores para ordenar stocks y precios sin sacrificar la viabilidad de las explotaciones familiares que sostienen la viticultura atlántica.

El debate en Rías Baixas llega cuando Galicia cerró la vendimia con una cosecha abundante en términos generales, lo que aumenta la tensión entre la gestión de excedentes y la protección de la renta agraria. Los representantes del campo insisten en que la solución pasa por políticas de gestión de stocks, canales de comercialización y transparencia, no por recortes generalizados que, a su juicio, castigan a quienes menos pueden asumir la pérdida. Mientras el Consello Regulador prepara el pleno, la movilización y el seguimiento del sector anuncian semanas de deliberación con repercusión en la economía rural de la comarca.