Más allá de 67 contratos: el reto real de la Primaria gallega

Cuando falta un médico, no se vacía solo una consulta

La sanidad pública se mide muchas veces con grandes cifras, pero su impacto se nota en cosas pequeñas: una cita que tarda demasiado, una urgencia leve que acaba en un hospital o una persona mayor que pierde a su profesional de referencia. Por eso, la incorporación de 67 médicos de familia al sistema gallego, tras quedar plazas sin cubrir en el último proceso selectivo, no es una noticia administrativa más. Es una decisión que toca el corazón de la Atención Primaria y, con ella, el día a día de miles de pacientes.

El movimiento llega después de que una parte de los puestos ofertados no encontrara destino definitivo en la primera ronda. El nuevo procedimiento, ya oficializado en el diario autonómico, permite completar esas vacantes y abre ahora la fase de elección de centro, con presencia relevante de puestos en zonas menos pobladas. Dicho de forma sencilla: se corrige un hueco que, de haberse mantenido, habría seguido trasladando presión a equipos ya al límite.

La pregunta de fondo, sin embargo, no es si 67 son muchos o pocos. La cuestión estratégica es otra: ¿por qué un sistema que necesita profesionales de forma evidente sigue teniendo dificultades para hacer atractivas determinadas plazas? Ahí empieza el debate que Galicia lleva años aplazando.

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La raíz del problema no está solo en convocar plazas

Convocar empleo público es imprescindible, pero no suficiente. En casi todas las comunidades se repite el mismo patrón: los destinos con más complejidad logística, mayor dispersión geográfica o peores condiciones de conciliación son los más difíciles de cubrir de manera estable. Galicia no escapa a esa realidad, y su estructura territorial la hace todavía más visible.

No se trata únicamente de salario. Influyen también la carga asistencial, el tipo de cupo, los desplazamientos entre centros, la estabilidad del equipo y la calidad de vida fuera de la consulta. Para un profesional joven, aceptar un destino depende de un cálculo muy práctico: cuánto tiempo podrá quedarse, cómo será su jornada real y si tendrá margen para formarse o descansar. Si esas respuestas son inciertas, la plaza pierde atractivo por muy necesaria que sea.

La cobertura no se resuelve solo con publicar listas: se resuelve cuando el puesto se convierte en un proyecto profesional viable y sostenible.

Ese es el punto que suele perderse en la discusión pública. A menudo se celebra —con razón— cada incorporación, pero se analiza menos el ciclo completo: captar, integrar y retener. Si falla el tercer paso, el sistema entra en una rueda de reemplazos constantes que acaba deteriorando la continuidad asistencial. Y en Atención Primaria, la continuidad no es un lujo: es parte del tratamiento.

El rural, primera línea del desafío sanitario

Que buena parte de los destinos se concentre en municipios rurales no sorprende. Allí confluyen envejecimiento demográfico, mayor prevalencia de enfermedad crónica y más barreras de movilidad. En ese contexto, perder un médico de familia no significa solo ampliar una agenda; significa, en muchos casos, debilitar la puerta de entrada al sistema sanitario para toda una comunidad.

Cuando la cobertura no es estable, el impacto se multiplica. Se resiente el seguimiento de patologías crónicas, se ralentiza la detección precoz y crece la dependencia del hospital para problemas que deberían resolverse en el centro de salud. Además, para personas con menor autonomía, cada cambio de profesional rompe vínculos de confianza y obliga a empezar de nuevo historias clínicas que ya estaban bien encaminadas.

Desde una perspectiva de interés público, esta incorporación de médicos puede aliviar parte de esa tensión en el corto plazo. Pero la sostenibilidad exige algo más ambicioso: una política específica para la Primaria rural que no dependa solo de convocatorias periódicas.