La Federación de Asociaciones de Vecinos Lucus Augusti presentó el 16 de marzo de 2026 al área de Movilidad del Concello de Lugo una batería de propuestas para la planificación del transporte urbano, reclamando más paradas, nuevas líneas y mayores frecuencias. Las peticiones pretenden mejorar la conexión de varios barrios con servicios básicos y con la red municipal de transporte. La iniciativa busca que la revisión del mapa de autobuses atienda demandas concretas de barrios y parroquias antes de aplicarse cambios definitivos.

El documento, elaborado a partir de aportaciones de distintas asociaciones, incluye tanto demandas puntuales —paradas adicionales y ampliación de rutas— como propuestas de mantenimiento de servicios actualmente en funcionamiento. Entre las prioridades figura garantizar el acceso a servicios sanitarios, universitarios y comerciales desde núcleos con escasa oferta de transporte.

Los colectivos han remitido reclamaciones sobre la conveniencia de conservar trayectos existentes que consideran esenciales y sobre la creación de nuevas líneas que unan zonas periurbanas con el centro y con equipamientos clave. También piden ajustar horarios y frecuencias para adaptarlos a las necesidades reales de la población.

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Reivindicaciones por barrios

Vecinos de Sagrado Corazón, Orbazai, Monte da Meda, A Residencia, A Milagrosa y Paradai han solicitado nuevas líneas que faciliten el acceso a servicios y reduzcan los trasbordos. En algunos casos, como el de los residentes en Ombreiro, la demanda es que el bus llegue por primera vez a su zona.

Otras asociaciones reclaman la conservación de recorridos que consideran imprescindibles, como la conexión de Paradai con la zona universitaria o los servicios directos desde O Castiñeiro a Abella y A Tolda. La continuidad de la conexión del barrio de San Lázaro también figura entre las peticiones formales.

Además se incluyen sugerencias concretas de ampliación de trazados: mayor número de paradas y frecuencias en la ruta que une el Hotel Santiago con el Hospital de Calde, extender esa línea hasta el límite con Friol, habilitar una parada en la antigua factoría de Renault en Piúgos y prolongar hasta Nadela la línea 3.2, lo que implicaría, según algunas propuestas, la supresión de la línea 11.

Frecuencias, accesibilidad y demandas temporales

Varias asociaciones han enfatizado que muchas de sus peticiones obedecen a necesidades horarias concretas y no solo a cambios permanentes en el mapa. Colectivos como Santa Eulalia Esperante, Alto de Garabolos, San Mamede dos Anxos, San Xoán de Pena y As Carballeiras de Bosende reclaman aumentos de frecuencia en las líneas que les sirven.

La agrupación María Balteira ha pedido, además, mejoras en la accesibilidad de las paradas, incluyendo paneles informativos de mayor tamaño y más visibles para facilitar la información a usuarios con movilidad reducida o problemas de visión. Estas solicitudes enlazan con la idea de diseñar un sistema más inclusivo y fácil de utilizar.

«Es fundamental que la planificación se realice escuchando a los barrios y a las parroquias, porque son los espacios que mejor conocen las carencias actuales y las oportunidades de mejora; la intención es contribuir a un modelo de movilidad más equilibrado, sostenible y útil para todas las personas.»

La federación explica que su objetivo fue recopilar de forma ordenada y constructiva las necesidades reales de los vecinos y trasladarlas al Concello para que sirvan de base en la revisión del servicio. Subrayan que muchas propuestas buscan no solo mayor cobertura, sino también un transporte más eficiente y adaptado al ritmo de la ciudad.

Este debate llega después de que el bus urbano de Lugo registrara en 2025 un récord de usuarios, un contexto en el que el Concello ya anunció la próxima ampliación de líneas y kilómetros para 2026. Las asociaciones esperan que la administración municipal incorpore sus aportaciones en el diseño final de las nuevas rutas y en la programación de frecuencias.

El Ayuntamiento dispone ahora de las propuestas para estudiarlas y contrastarlas con criterios técnicos y presupuestarios. Los plazos para aplicar cambios dependerán de esa evaluación y de las partidas disponibles, pero las asociaciones insisten en la necesidad de que el proceso sea participativo y transparente.