El rechazo en el Congreso de la propuesta para bajar la tasa máxima de alcohol al volante ha desatado una fuerte reacción de colectivos sanitarios y de las asociaciones de víctimas. La votación en bloque de PP, Vox y ERC contra la iniciativa del PSOE —que proponía reducir el límite de sangre de 0,5 a 0,2, equivalente en aire a bajar de 0,25 a 0,10— ha sido recibida con sorpresa y condena por parte de la comunidad médica y de familiares de los fallecidos en siniestros viales.

La votación y el choque parlamentario

En la Comisión de Interior, el diputado socialista Manuel Arribas defendió la reforma con datos y testimonios: «el único mensaje claro es el de cero alcohol al volante», sostuvo mientras relataba accidentes en los que el alcohol fue factor determinante. Subrayó que, según estimaciones citadas por el Gobierno y organizaciones sanitarias, una de cada tres muertes en carretera guarda relación con el consumo de alcohol.

La réplica de la bancada conservadora la centró la diputada Bella Verano, que criticó la tramitación y la redacción de la norma. A su lado, la gallega Ana Vázquez apoyó las objeciones sobre forma y fondo: dijo que la propuesta «nace sin contenido ni solidez» y puso el foco en que otras carencias de la red viaria y el envejecimiento del parque automovilístico también condicionan la seguridad vial. Desde otro espacio, Vox defendió que las tasas actuales ya son bajas y reclamó priorizar otras medidas, desde inversión en infraestructuras hasta campañas educativas.

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El resultado: la reforma quedó bloqueada y, fuera del hemiciclo, las reacciones fueron inmediatas. Asociaciones de víctimas y colectivos de prevención mostraron «profunda decepción» por la alianza entre grupos que, según dicen, habían recibido reuniones previas para conocer de primera mano las consecuencias del alcohol en la siniestralidad.

La ciencia, la salud pública y la voz de los médicos

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria salió al paso con un comunicado contundente. Para los médicos de atención primaria, el rechazo supone «una decisión contraria a la evidencia científica y a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales en materia de seguridad vial». Advierten de que se ha perdido «una oportunidad relevante para reducir la morbimortalidad asociada a los accidentes de tráfico».

«No existe un nivel seguro de consumo de alcohol compatible con la conducción, y cualquier umbral permisivo implica asumir un riesgo evitable», señalan los especialistas.

Los facultativos recuerdan además efectos concretos: el alcohol deteriora las capacidades psicomotoras, disminuye la atención, altera la percepción del riesgo y aumenta el tiempo de reacción. Datos oficiales y estudios científicos apuntan a que aproximadamente el 30 % de las muertes en carretera en España están relacionadas con el consumo de alcohol. Por eso, según los médicos, reducir el umbral tiene un impacto directo en vidas salvadas.

Desde la óptica de la atención primaria, la prevención debe combinar norma, educación y recursos. Campañas sostenidas en el tiempo dirigidas a jóvenes y a consumidores habituales, programas de detección en centros de salud y colaboración con la hostelería para ofrecer alternativas seguras son algunas de las medidas que proponen.

Contexto y antecedentes en Galicia

En Galicia la discusión añade matices locales. Las carreteras secundarias, con curvas cerradas y tramos húmedos buena parte del año, concentran una parte significativa de la siniestralidad. Las festividades locales —romerías, ferias y celebraciones de verano o Semana Santa— generan picos de movilidad en los que el binomio alcohol-conducción se vuelve especialmente peligroso. No es la primera vez que alcaldes y subdelegados del Gobierno advierten sobre la necesidad de medidas preventivas que vayan más allá de la sanción: formación, alternativas de transporte y controles reforzados en fechas señaladas.

Cabría recordar también la complejidad política regional: los representantes gallegos en Madrid deben equilibrar presión social y prioridades políticas. Para muchos familiares de víctimas, la lectura es simple y cruda: una ley menos permisiva salvaría vidas. Para algunos parlamentarios, sin embargo, la vía técnica empleada y la falta de consenso amplio restaron legitimidad a la propuesta.

Repercusiones prácticas y siguientes movimientos

Las asociaciones de víctimas y los médicos reclaman ahora que los grupos que votaron en contra reabran el debate. Su petición no se limita a la mera reapertura legislativa; exigen que se estudien alternativas de tramitación —como convertir la medida en proyecto de ley con mayor consenso— y que se diseñen políticas integradas que incluyan controles aleatorios, formación a agentes, inversión en señalización y campañas sostenidas en bares y locales de ocio.

En el terreno práctico, hay propuestas sobre la mesa: intensificar los controles de alcoholemia en puntos y fechas críticas, protocolizar la atención precoz a lesionados en carreteras secundarias y potenciar acuerdos con el sector hostelero para promover ofertas de bebidas sin alcohol y opciones de transporte seguro. Fuentes cercanas a las asociaciones indican que las próximas semanas verán movilizaciones públicas, solicitudes formales de reunión con partidos y campañas de sensibilización orientadas a recuperar el impulso perdido.

La derrota parlamentaria deja, por ahora, una sensación de oportunidad desperdiciada. Pero también activa un calendario de iniciativas ciudadanas y profesionales. En Galicia, donde la memoria de accidentes recientes sigue viva en pueblos y familias, el debate no caerá en el olvido: la combinación entre presión social, datos sanitarios y el relato de las víctimas hará que el proyecto vuelva a los despachos. A falta de un replanteamiento inmediato, la consigna de los médicos es clara: no bajar la guardia y seguir empujando hasta que la legislación y las prácticas sociales alineen el mensaje más elemental —no beber y conducir— con políticas que salven vidas.