Este sábado 21 de marzo, desde la Praza de España hasta la Delegación da Xunta en Vigo, miles de ciudadanos volvieron a poner en la calle la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad. Convocados por una quincena de colectivos agrupados bajo Alianza pola vivenda en Vigo, los manifestantes reclamaron medidas inmediatas —controles al alquiler, movilización de pisos vacíos y más vivienda pública— y denunciaron que el problema responde a decisiones políticas que han convertido la vivienda en un negocio.

La marcha y un pliego de demandas

La protesta, que congregó a organizaciones vecinales, sindicatos y plataformas sociales, tuvo un recorrido simbólico: partir de la Praza de España, epicentro urbano y del transporte, y culminar ante la sede autonómica, responsable de competencias en vivienda. En pancartas y consignas se escuchó de forma reiterada la crítica a la “especulación” y a la incapacidad de las instituciones para dar respuesta a quienes buscan un techo digno.

En la lectura del manifiesto, la plataforma dejó claro su diagnóstico y sus prioridades. Reclamaron, en primer lugar, que el Ayuntamiento de Vigo solicite a la Xunta la activación del control de precios del alquiler en la ciudad, amparado por la Ley de vivienda. El propio Consistorio encargó en 2025 un estudio que, según la organización, confirma que Vigo cumple los requisitos legales para ser declarada zona de mercado residencial tensionado; aun así, no se habría dado el paso administrativo.

Además del tope de rentas, el manifiesto exigió la creación de un parque público residencial acorde a las necesidades reales —«con preto de 10.000 persoas demandantes inscritas», dijo la organización—, la movilización de viviendas vacías frente a la construcción de nueva oferta especulativa y la puesta en marcha de programas de intermediación para facilitar el alquiler. También plantearon medidas concretas contra las viviendas de uso turístico (VUT): paralización de nuevas licencias, limitación por barrios y refuerzo de la inspección para cerrar las ilegales.

«A crise habitacional de Vigo non é un fenómeno inevitable: é o resultado de decisións políticas que priorizan a especulación e os intereses privados sobre o dereito a vivir dignamente»

Antecedentes: un problema con raíces recientes y antiguas

Vigo no es ajena a un fenómeno que se ha acelerado en la última década: la presión sobre el mercado del alquiler, el incremento sostenido de precios y la conversión de la ciudad en un destino atractivo tanto para la inversión inmobiliaria como para el turism o residencial temporal. La transformación de barrios como Coia o Teis, con derribos, promociones y la llegada de nuevas oficinas y servicios, ha modificado la oferta y la demanda de vivienda.

En los últimos años, la combinación de escasez de oferta asequible, aumento de la demanda y la proliferación de pisos turísticos ha tensionado los barrios. No es la primera manifestación por la vivienda en Vigo; las alertas llevan tiempo sobre la mesa y se han sucedido estudios y propuestas. Sin embargo, según los convocantes, lo que falta es voluntad política para aplicar las herramientas ya existentes —desde la movilización de viviendas vacías hasta la implementación del control de rentas— y orientar la planificación urbana hacia la vida cotidiana de la gente.

El fenómeno tiene también una lectura social: jóvenes que no encuentran donde emanciparse, familias desplazadas por subidas de alquileres y personas en situación de vulnerabilidad que dependen de escasos recursos institucionales. En ese sentido, el manifiesto puso el foco en el albergue municipal, al que reclamaron ampliar plazas de forma estable, eliminar límites temporales y garantizar acompañamiento social, psicológico y sanitario.

Repercusiones y próximos pasos: presión a las administraciones y agenda de movilización

La manifestación no fue un acto aislado, sino la expresión de una estrategia de presión. Los colectivos anunciaron que seguirán actuando hasta ver medidas efectivas: presentación de demandas, campañas de sensibilización y más movilizaciones si fuera necesario. La exigencia central a corto plazo es que el Ayuntamiento dé el paso formal para pedir a la Xunta la declaración de Vigo como zona de mercado residencial tensionado, lo que abriría la puerta al control de precios del alquiler.

En la actualidad, las palancas legales existen, pero su activación depende del consenso y de decisiones políticas que, a ojos de los convocantes, no han llegado por falta de valentía. La tensión entre promover vivienda social y facilitar la actividad económica vinculada a la rehabilitación o el turismo plantea dilemas que deberán dirimirse en las mesas municipales y autonómicas. A falta de una respuesta clara, los colectivos piden medidas urgentes: inventario de viviendas vacías, limitación de VUTs en barrios concretos y dotación de residencias universitarias públicas integradas en el tejido vecinal.

Políticamente, el movimiento coloca a las administraciones locales en una posición incómoda: gobernar Vigo exige responder a las necesidades de los residentes mientras se equilibra la atracción de inversión. La narrativa de esta movilización es que esa balanza se ha inclinado en los últimos años hacia intereses privados. Por eso, la apelación a la «volontade política» es tanto una crítica como una invitación a utilizar recursos administrativos ya disponibles.

Entre las organizaciones convocantes figuran grupos tan diversos como Foro Socioeducativo As Ninguéns, Amnistía Internacional, Sindicato de Inquilinas Vigo, Plataforma Galega Vivenda Xa! y Ecoloxistas en Acción, lo que da una idea del alcance social del problema: no se trata solo de una reivindicación vecinal, sino de una demanda transversal que implica derechos humanos, trabajo social y planificación ambiental.

Para los próximos meses, la clave estará en la reacción tanto del Ayuntamiento como de la Xunta. Si una petición formal para activar el control de rentas llega a la mesa autonómica, habrá que ver si se mantiene o se descarta y qué criterios se aplican. Mientras tanto, la movilización social promete no dar tregua y mantener la presión pública sobre una cuestión que, en Vigo, ya no se puede tratar como marginal.

La jornada del 21 de marzo confirmó que la vivienda vuelve a ocupar el centro del debate urbano en Vigo. La conversación ahora pasa por transformar las demandas en políticas concretas y por medir si existe, por fin, la voluntad política que reclaman miles de vecinos y vecinas.