María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, rechazó este miércoles en la Comisión de Hacienda del Senado cualquier modificación de la regla de gasto que permita a las comunidades autónomas acceder con mayor facilidad a sus superávits. La comparecencia tuvo lugar en Madrid el 11 de marzo de 2026 y respondió a una petición concreta formulada por un senador regional que reclamaba trato diferenciado para territorios con baja deuda. La ministra admitió que el Gobierno podría autorizar usos concretos de remanentes para inversión, pero negó que vaya a redefinir los parámetros fiscales marcados por la normativa europea y la Ley de Estabilidad.

La solicitud provino del senador Fabián Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, quien planteó la conveniencia de flexibilizar la regla para comunidades como Canarias, que presentan posiciones financieras saneadas y niveles de endeudamiento reducidos. Chinea defendió que permitir un uso más libre del superávit facilitaría proyectos de inversión pública en territorios con margen fiscal. Montero reconoció la singularidad de algunas situaciones territoriales, pero subrayó que la legislación europea impide tener reglas de gasto distintas según la administración que se analice.

En su intervención, la ministra explicó que la regla de gasto busca garantizar coherencia fiscal entre administraciones y evitar tentaciones de endeudamiento que comprometan a futuras generaciones. Señaló que la existencia de una norma homogénea impide que decisiones coyunturales lleven a incrementos de gasto difíciles de mantener en el tiempo. Montero insistió en que la función de la regla no es castigar a las comunidades que gestionan superávit, sino contener comportamientos que desborden la sostenibilidad presupuestaria.

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La titular de Hacienda recordó además que durante la pandemia las reglas fiscales estuvieron suspendidas y que las administraciones pudieron utilizar sus superávits sin las limitaciones habituales. Durante ese periodo, que Montero situó en cuatro ejercicios, muchas corporaciones territoriales desplegaron proyectos que de otro modo no habrían sido posibles. Ese antecedente, apuntó, demostró la capacidad de las administraciones para movilizar recursos en circunstancias excepcionales, pero también que la vuelta a la normalidad exige recuperar criterios comunes.

El debate se inscribe en el nuevo marco fiscal aprobado por la Comisión Europea, en el que, según la ministra, la regla de gasto adquiere mayor protagonismo frente a los objetivos tradicionales de déficit. Montero explicó que la regla actúa con más rapidez cuando las cuentas se acercan al equilibrio, mientras que las metas de déficit operan con más fuerza en situaciones de alejamiento del equilibrio presupuestario. Esa jerarquía, añadió, es la que marca la supervisión de Bruselas y condiciona la capacidad de maniobra de los Estados y las autonomías.

Fuentes del Ministerio consultadas tras la sesión aclararon que, pese al rechazo a una reforma de la regla, existe margen para instrumentar mecanismos que permitan a las comunidades destinar remanentes a inversiones concretas bajo supervisión. La idea es compatibilizar disciplina fiscal con incentivos a la inversión productiva y a proyectos de interés territorial, siempre dentro de los límites fijados por la normativa europea y la Ley de Estabilidad Financiera. Cualquier fórmula requerirá diálogo con la Comisión para evitar sanciones o reparos.

En las comunidades autónomas la respuesta no se ha hecho esperar: gobiernos regionales que reivindican mayor autonomía fiscal defendieron la necesidad de fórmulas más flexibles, mientras que partidos de la oposición subrayaron el riesgo de debilitar controles que eviten desequilibrios. En el caso de Canarias, representantes insulares han defendido históricamente la singularidad de su economía y su necesidad de inversión para afrontar retos como la insularidad y la dependencia del turismo.

La discusión sobre la regla de gasto reaparecerá con seguridad en los próximos meses, cuando el Ejecutivo presente medidas de contención del gasto y ajuste del marco fiscal en el seno de la UE. Los gobiernos autonómicos seguirán presionando por mayor margen para aprovechar ahorros acumulados, mientras Hacienda mantendrá la tesis de que cualquier flexibilización debe ser compatible con la coherencia fiscal y las obligaciones comunitarias. La decisión de Montero deja por ahora claro que no habrá cambios normativos que permitan criterios distintos según la comunidad.