María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, rechazó este miércoles en la Comisión de Hacienda del Senado cualquier modificación de la regla de gasto que permita a las comunidades autónomas un acceso más flexible al superávit, durante su comparecencia en la Cámara Alta en Madrid el 11 de marzo de 2026. La ministra explicó que, aunque el Gobierno está dispuesto a estudiar fórmulas para facilitar inversiones con remanentes, no puede alterar la definición de los parámetros fiscales establecidos por la normativa europea ni por la Ley de Estabilidad Financiera. Montero alegó que introducir criterios distintos según la administración dañaría la coherencia del marco fiscal y no contaría con la aquiescencia de la Unión Europea. Su intervención zanja así la solicitud planteada por representantes autonómicos que reclamaban mayor margen para destinar superávit a proyectos concretos.

La petición que motivó la intervención partió del senador Fabián Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, quien puso sobre la mesa la situación de comunidades como Canarias, con balances saneados y niveles de endeudamiento relativamente bajos, para pedir una excepción que permitiera un uso más ágil de los fondos acumulados. Chinea planteó en su turno la necesidad de que territorios con fortaleza financiera puedan invertir en infraestructuras y servicios sin quedar constreñidos por una regla de gasto rígida que, según sostuvo, penaliza el dinamismo económico. La reclamación apelaba a la desigualdad fiscal real entre comunidades y a la conveniencia de que aquellas con mayor margen de maniobra puedan ejecutar planes de desarrollo.

Montero, sin embargo, matizó que el Ejecutivo no cierra la puerta a que las comunidades empleen sus remanentes para determinadas inversiones puntuales y con criterios técnicos, pero subrayó que esa apertura no se traduce en una modificación del concepto legal de gasto ni en una redefinición de los límites fijados por Bruselas. La ministra defendió la posibilidad de estudiar mecanismos operativos dentro del ordenamiento vigente que permitan canalizar ahorros hacia proyectos productivos sin romper las reglas fiscales. En su explicación insistió en la necesidad de diferenciar entre flexibilizar criterios de ejecución y cambiar los parámetros que rigen la sostenibilidad presupuestaria.

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Durante su comparecencia Montero sostuvo que ni al Gobierno de España le corresponde ni a la Unión Europea le correspondería autorizar que exista una norma de gasto distinta en función de la administración a la que se aplique, un argumento que utilizó para justificar el rechazo a la propuesta de Chinea. Señaló además que permitir excepciones a la carta abriría la puerta a interpretaciones dispares y podría generar incentivos a prácticas fiscales riesgosas en administraciones con menor disciplina presupuestaria. Con esa advertencia, vinculó la uniformidad de la regla con la predictibilidad y la confianza de los mercados y las instituciones en la gestión pública.

La ministra defendió la regla de gasto como un instrumento para evitar un endeudamiento excesivo que trasladaría cargas a futuras generaciones y perjudicaría la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Montero advirtió del riesgo de que gobiernos tentados por circunstancias coyunturales incrementen el gasto de forma estructural sin cobertura, lo que, en su opinión, erosionaría la capacidad del Estado para reaccionar ante crisis futuras. La tesis oficial subraya la tensión permanente entre la necesidad de inversión pública y la obligación de mantener equilibrio fiscal.

En su intervención recordó, además, que las reglas fiscales permanecieron suspendidas durante cuatro ejercicios a raíz de la pandemia, una situación excepcional que permitió a las administraciones utilizar remanentes sin las restricciones habituales y que facilitó la ejecución de proyectos que de otro modo habrían quedado paralizados. Aquella suspensión, dijo Montero, fue una herramienta temporal pensada para una crisis sanitaria y económica sin precedentes, y no un precedente para la reinterpretación permanente de los límites presupuestarios. La ministra empleó ese recuerdo para reforzar la idea de que cualquier relajación debe ser excepcional y estar amparada por el marco legal vigente.

El debate que planteó la solicitud de flexibilización vuelve a poner de manifiesto la fricción entre comunidades que reivindican mayor autonomía financiera para impulsar inversiones y el Gobierno central, que prioriza la coherencia normativa y la prudencia fiscal. Territorios con posiciones financieras sólidas, como el caso señalado de Canarias, insisten en la posibilidad de convertir ahorros en crecimiento, mientras que el Ejecutivo insiste en que esa conversión debe hacerse sin alterar los límites impuestos por la política fiscal común. En la práctica, cualquier avance exigirá acuerdos políticos complejos y, en última instancia, la conformidad europea.

Con la postura expresada este miércoles por Montero, el estatus quo en la aplicación de la regla de gasto se mantiene, y las comunidades deberán seguir buscando fórmulas dentro del marco actual para canalizar sus remanentes hacia inversiones. Cualquier cambio sustantivo demandaría una revisión normativa y el visto bueno de las autoridades europeas, un horizonte que por ahora se muestra poco probable, con la consiguiente expectativa de continuidad en el debate sobre cómo conciliar estabilidad y capacidad inversora.