José Antonio del Valle Pérez ha impulsado una querella judicial para reclamar memoria y responsabilidad por la muerte de su hermano ocurrida hace cincuenta años. La denuncia, presentada ante el Juzgado de Instancia nº 1 de Elda, señala al exministro Rodolfo Martín Villa y al agente Daniel Aroca del Rey por su presunta implicación en la represión que acabó con la vida de un joven trabajador el 24 de febrero de 1976 en Elda (Alicante). Aquel suceso, que se produjo en el contexto de huelgas y protestas por condiciones laborales, marcó el inicio de una larga reclamación familiar por verdad y reparación.

Teófilo del Valle Pérez tenía veinte años recién cumplidos; había nacido el 1 de febrero de 1956 en Silleda y trabajaba en la administración de una empresa de bolsos en Elda, núcleo industrial vinculado al calzado y los complementos de cuero. Era el séptimo de nueve hermanos y, según recuerda su familia, vivía con sus padres y los pequeños de la casa en las llamadas Casas Baratas de Silleda antes de emigrar para trabajar en la industria alicantina. Su muerte truncó una vida de emigrante joven que, como la de tantos otros, buscaba estabilidad económica en el sector del calzado.

Los hechos sucedieron en el marco de una huelga que tenía lugar desde días antes y de manifestaciones por un convenio laboral que los trabajadores consideraban justo. En Elda y Petrer, localidades contiguas, las protestas fueron respondidas con una fuerte presencia policial que, según testigos y alegaciones familiares, actuó con dureza para dispersar a los concentrados. Aquella noche, en un choque con las fuerzas del orden, Teófilo fue alcanzado por disparos; el episodio se convirtió en la primera víctima mortal oficialmente vinculada a la represión durante el periodo conocido como Transición Española.

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Con 78 años, José Antonio mantiene viva la memoria de su hermano desde su residencia entre Elda y Piriápolis (Uruguay), con estancias periódicas en Galicia, donde nació la familia. Nos cita en Lalín, en un alto del Camino de Santiago que recorre casi cada año, y recuerda con precisión los orígenes y la vida cotidiana de los Del Valle Pérez. Para él, la reclamación no es solo legal, sino también personal: pretende restituir la dignidad de un joven cuyo nombre quedó borrado de la narrativa pública durante décadas.

La querella presentada pretende atribuir responsabilidades a quienes, según la familia, coordinaron o ejecutaron la actuación policial que terminó con la vida de Teófilo. Además de señalar a Rodolfo Martín Villa y a Daniel Aroca del Rey, la iniciativa busca abrir una vía judicial que permita investigar los hechos con perspectiva histórica y penal. El proceso se enmarca en una oleada de reclamaciones similares que intentan reabrir casos de la Transición y poner luz sobre actuaciones que hasta ahora han quedado en gran parte sin respuesta.

Para José Antonio, han sido cincuenta años sin reconocimiento ni reparación: sin una memoria pública que nombre a su hermano, sin una verdad oficial sobre lo sucedido y sin justicia efectiva que depure responsabilidades. Esa ausencia, dice, ha marcado a la familia y ha alimentado la decisión de recurrir a la vía penal tras décadas de intentos por conservar el recuerdo. La presentación de la querella coincide con el aniversario del suceso y con actos de recuerdo que varios colectivos han celebrado en diferentes momentos.

El caso de Teófilo ocupa un lugar destacado en el debate sobre impunidad y memoria histórica en España, porque se le considera la primera víctima mortal de la represión en la Transición. Su muerte simboliza, para quienes reclaman justicia, la continuidad de prácticas represivas aún cuando el país transitaba hacia la democracia. Al mismo tiempo, el avance de estas causas choca con obstáculos jurídicos y políticos que han complicado la investigación de hechos ocurridos en aquella época.

Entre las dificultades que enfrentan las reclamaciones figura la conocida Ley de Amnistía de 1977, cuyo alcance ha sido citado en numerosas ocasiones como un freno para la investigación y enjuiciamiento de crímenes cometidos en las últimas décadas del franquismo. Organizaciones de memoria y juristas vienen reclamando soluciones legislativas y judiciales que permitan esclarecer casos como el de Teófilo, mientras que las familias buscan mecanismos para que su sufrimiento sea reconocido y reparado.

José Antonio no renuncia a mantener viva la lucha por la memoria de su hermano: sigue peregrinando por el Camino, participa en actos conmemorativos y confía en que la vía judicial aporte respuestas. Para él, el objetivo es doble: obtener una resolución que reconozca lo ocurrido y que sirva de precedente para otras familias que también esperan una respuesta. Cincuenta años después, la reclamación continúa y, en palabras de su impulsor, la demanda es tan simple como inaplazable: que se conozca la verdad y que se haga justicia.