La alcaldesa de Oia, Cristina Correa, convocó este lunes a su equipo legal con la intención de presentar un recurso que impida la ejecución de la orden de demolición contra el Talaso Atlántico. La diligencia fue dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra y obliga al Concello a requerir a la propiedad el derribo inmediato del complejo, dejando al ayuntamiento con apenas unos días para articular una impugnación.
Un plazo contado y una orden firmada años atrás
El último episodio de este largo pleito urbanístico llega tras décadas de batallas judiciales. El hotel, levantado a principios de los años 2000 con licencia municipal, vio cómo en 2009 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las licencias de obra y actividad, y una orden firme de demolición quedó ratificada en 2013. Pese a ello, el edificio continuó en pie y en funcionamiento hasta ahora.
La reciente resolución del juzgado ha dado al Concello un margen mínimo: ordenar al titular, la empresa Balneario del Atlántico, que ejecute el derribo en un plazo de 10 días. Ante esa urgencia, la regidora decidió estudiar la interposición de un recurso de reposición y otras vías procesales, con la previsión de solicitar, entre otras medidas, la ampliación de los plazos vinculados al trámite del PEID —Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones— que el propio Ayuntamiento había promovido como hoja de salvación para legalizar el complejo.
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Conoce más →En la reunión con su equipo jurídico, según fuentes municipales, se analizaron tanto cuestiones de forma —posibles defectos en la diligencia— como de fondo: la posibilidad de que la aprobación del PEID, pendiente de varios informes sectoriales y de evaluación ambiental, haya quedado truncada por retrasos ajenos al Concello. La propia alcaldesa advirtió de la magnitud del impacto económico para el municipio si el derribo llegase a ejecutarse.
«La maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales… Estábamos tramitando un plan especial para buscar el encaje legal del complejo y ahora, antes de que se complete, nos llega esta resolución», dijo Correa, que habló de la «ruina» que supondría para las arcas municipales ejecutar la demolición.
El enredo urbanístico y la vía del PEID
El PEID fue concebido como la última oportunidad para dotar de encaje urbanístico a un equipamiento que, por su ubicación en un espacio costero protegido, ha quedado en el centro del debate sobre protección del litoral y desarrollo turístico en Galicia. Para que el plan especial prospere necesita la confluencia de informes favorables: una evaluación ambiental, el visto bueno de Costas y concordancia con otras normas sectoriales. Esa tramitación complicada, en un territorio con normativa estricta sobre el litoral, ha sido precisamente la excusa invocada por el Concello para justificar la demora.
En un escenario en el que la Justicia ha confirmado la incompatibilidad del edificio con la ordenación del litoral, la estrategia municipal pasa por ganar tiempo: pedir la ampliación de plazos para cerrar el PEID, recurrir la diligencia por defecto de forma o solicitar medidas cautelares que paralicen la ejecución hasta que las administraciones implicadas emitan sus informes. Ninguna de esas vías garantiza el éxito, pero ofrecen un colchón procesal que en delitos urbanísticos suele ser decisivo.
Es relevante recordar que los PEID no son instrumentos destinados a validar cualquier construcción: sirven para regular usos y dotaciones cuando el planeamiento general resulta insuficiente. En la práctica, su tramitación puede convertirse en un proceso técnico-extenso que exige la coordinación de varias administraciones, algo que en la ría de Vigo y en el entorno del Baixo Miño adquiere especial complejidad por el carácter protegido del litoral y la presencia de figuras de protección ambiental.
Empleo, turismo y las cuentas municipales
Más allá de la pelea legal, sobre la mesa están los efectos socioeconómicos inmediatos. El Talaso Atlántico es uno de los principales empleadores del municipio: en él trabajan alrededor de 70 personas, y su oferta —unas 70 habitaciones, instalaciones de talasoterapia, piscina dinámica de agua de mar climatizada y un restaurante centrado en productos del mar— lo convierten en un activo relevante para el turismo de la Costa Baixa entre Baiona y A Guarda.
La alcaldesa ha subrayado que el Concello no podría asumir una eventual reclamación patrimonial si le correspondiera hacerse cargo de los costes de demolición o de indemnizaciones por paralización del complejo. Esa exposición económica añade presión política: muchos electores vinculan el hotel con empleo y dinamización local, pero también con un debate sobre la protección del litoral que en Galicia ha alimentado polémicas públicas y sentencias contundentes.
Mientras el procedimiento sigue su curso, la actividad en el establecimiento se mantiene con normalidad y la propiedad, de momento, guarda silencio institucional. La coexistencia entre actividad turística y resolución judicial tensa la vida cotidiana de Oia: clientes que reservan estancias, personal que desempeña su trabajo y un municipio que, entre trámites y alegaciones, intenta evitar un daño que repercutiría en su economía y su imagen.
En la comarca del Baixo Miño no es la primera vez que una infraestructura turística choca con las normas de protección costera. Las sentencias firmes que declaran la ilicitud de construcciones en zonas de alto valor paisajístico han servido de recordatorio para alcaldes y promotores: la tramitación urbanística no es solo un papeleo, sino la contabilidad de lo posible en un litoral que Galicia protege con insistencia.
El próximo movimiento judicial del Concello —si interpone el recurso y solicita medidas suspensivas— marcará el ritmo de las próximas semanas. Si no logra paralizar la orden, la ejecución de la demolición dependerá del propietario y del calendario fijado por la autoridad judicial. En cualquier caso, la situación pone en primer plano la tensión entre desarrollo turístico y conservación del paisaje, y deja al descubierto la fragilidad de los acuerdos locales cuando chocan con la jurisprudencia sobre el litoral.
A falta de confirmación oficial sobre los pasos concretos que adoptará el Ayuntamiento, Oia afronta días de intensa actividad jurídica y política. Para una villa cuyo nombre suele asociarse a playas, miradores y rutas costeras, el desenlace de este pleito tendrá consecuencias palpables: no solo sobre un edificio emblemático, sino sobre el empleo local, la fiscalidad municipal y la manera en que Galicia compatibiliza su patrimonio natural con proyectos turísticos de gran envergadura.
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