La alcaldesa de Oia, Cristina Correa, ha activado esta semana la maquinaria jurídica municipal con la intención de frenar la orden de demolición del complejo hotelero Talaso Atlántico. La convocatoria de su equipo legal para preparar un recurso de reposición llega cuando el Ayuntamiento dispone de apenas días para impugnar la diligencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, que exige que el propietario proceda al derribo inmediato.

La regidora y su equipo buscan una salida administrativa

La reunión prevista para el lunes perseguirá definir la vía procesal precisa: ampliar plazos para la aprobación de un instrumento urbanístico, presentar alegaciones formales o articular recursos que suspendan la ejecución de la orden judicial. Según la propia alcaldesa, aún no están decididos los argumentos concretos, pero el Concello considera imprescindible intentarlo para evitar una grave reclamación patrimonial en caso de ejecución del derribo.

Correa ha recordado en voz alta que la administración local no puede permitirse el coste económico y político de un proceso que acabe con el edificio. «La maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales que impidieron la conclusión del PEID», afirmó, aludiendo a la tramitación que venía desarrollando el Ayuntamiento como última vía para regularizar el conjunto. En sus palabras también asomó la preocupación por el empleo: en el Talaso trabajan 70 personas, una cifra notable para un municipio del litoral como Oia.

«Estábamos tramitando un plan especial para buscar el encaje legal del complejo y ahora, antes de que se complete, nos llega esta resolución», aseguró la alcaldesa.

Mientras se decide la estrategia, la actividad en el establecimiento se mantiene con normalidad y la propiedad, la empresa Balneario del Atlántico, guarda silencio sobre qué pasos adoptará. La orden judicial obliga al Concello a requerir al titular para que proceda al derribo; si el propietario no actúa, la ejecución forzosa podría traer aparejadas consecuencias económicas para el Consistorio.

Antecedentes: un edificio con sentencias de ilegalidad desde 2009

El Talaso Atlántico fue levantado a comienzos de los años 2000 con licencia municipal, pero su situación judicial se fue complicando. La primera sentencia que declaró la ilegalidad de las licencias data de 2009, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló tanto la autorización de obras como la de actividad. Aun así, la orden firme de demolición no se produjo hasta 2013, un episodio que dejó abierta la herida entre administraciones, propietarios y vecinos.

El principal problema radica en la ubicación: el edificio ocupa una franja del litoral considerada especialmente protegida por su valor paisajístico y ambiental. Su presencia genera tensiones recurrentes entre la voluntad de potenciar un turismo de calidad —la talasoterapia ha sido un reclamo en las Rías Baixas— y la necesidad de preservar espacios costeros que, en Galicia, están sujetos a múltiples normativas, desde la de Costas hasta las evaluaciones de impacto ambiental.

El Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID) que impulsó el Concello en los últimos meses pretendía ofrecer un marco técnico y jurídico que justificase la continuidad del uso hotelero, pero el tribunal entendió que ese proceso no llegó a materializarse en plazo. Para que un PEID sea eficaz requiere informes sectoriales favorables, incluida la evaluación ambiental y la compatibilidad con la normativa de Costas, algo que en este caso se retrasó y que ahora el Ayuntamiento intenta revertir, solicitando ampliaciones de plazo o la suspensión cautelar de la orden.

Repercusiones locales y próximos pasos

Más allá del pulso jurídico, la posibilidad de demoler el Talaso tiene impacto inmediato en la economía municipal. Oia, situado entre Baiona y A Guarda, depende en buena medida del turismo de litoral y de los servicios asociados. La pérdida de un centro que combina alojamiento, talasoterapia y oferta gastronómica significaría no solo la desaparición de un polo de empleo, sino también la reducción de capacidad para captar congresos, convenciones y estancias de salud que aportan visitantes fuera de temporada estival.

Los próximos movimientos estarán condicionados por los plazos judiciales. El juzgado dio al Concello un margen de diez días para exigir al propietario el derribo; si se prepara y presenta un recurso de reposición, cabe la posibilidad de solicitar medidas cautelares que paralicen la ejecución hasta que se resuelvan las controversias sobre el PEID. Si esas cautelas no prosperan, el camino pasa por instancias superiores: recursos contencioso-administrativos y, de ser necesario, apelaciones al Tribunal Superior y al Tribunal Supremo, procesos que tardan meses o años y que introducen incertidumbre para trabajadores y población.

En paralelo, el Ayuntamiento deberá valorar el riesgo económico de que la demolición la ejecute la administración y, posteriormente, reclame al municipio el coste de la obra. Ese escenario, que la alcaldesa definió como una «ruina» para las arcas locales, obliga a manejar con cautela tanto los argumentos técnicos como la comunicación pública. En poblaciones pequeñas, la gestión de una crisis urbanística tiene efectos directos sobre los servicios y la inversión pública futura.

Por ahora, los vecinos observan la secuencia con mezcla de expectación y preocupación. En los cafés de Oia, junto al paseo litoral y en los muelles de pesca próximos, se comentan las implicaciones de ver desaparecer un edificio que para unos es símbolo de exceso urbanístico y para otros, fuente de trabajo y proyección turística. La decisión judicial y la respuesta administrativa marcarán en los próximos días el rumbo de un conflicto que arrastra más de una década de sentencias, promesas de regularización y reproches entre administraciones.

La apuesta del Concello por agotar la vía administrativa y, en su caso, trasladar la disputa a instancias superiores prolongará la incertidumbre. Sea cual sea el desenlace, la historia del Talaso Atlántico volverá a poner sobre la mesa preguntas estructurales: cómo compatibilizar desarrollo económico y protección del litoral en Galicia, quién asume los costes de decisiones urbanísticas antiguas y qué mecanismos deben existir para evitar que proyectos controvertidos generen crisis locales con efectos duraderos.