La ciudad de Ourense acumula desde 2019 el cierre y la paralización de numerosos servicios municipales clave —cultura, termalismo, emprendimiento y turismo— que perjudican a vecinos y visitantes por la falta de decisiones claras del gobierno local. Bajo la gestión del alcalde Jácome, se han clausurado oficinas con décadas de actividad, se han dejado sin uso instalaciones termales y se anuncia el cierre inminente de La Molinera, sin proyecto alternativo. Las promesas de reaperturas y cesiones a iniciativa privada no se han materializado y varias fechas comprometidas ya han vencido. El resultado es una red de recursos públicos que ofrece menos servicios y menos oportunidades formativas y culturales en el centro de la ciudad.

Entre los cierres ya consumados figura la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en funcionamiento desde 1987 y clausurada en 2021, así como un vivero de empresas que ofrecía nueve espacios para emprendedores. Ese mismo año se produjo la paralización de la Universidade Popular tras 111 años de actividad, y el museo municipal cerró sus puertas en 2021, acumulando ya cinco años de inactividad. Muchos de esos recortes han recaído sobre actividades con décadas de historia: ciclos de teatro, festivales de música y muestras fotográficas que hasta hace poco atraían público y generaban tejido cultural.

El caso del museo municipal ilustra la tendencia: tras años cerrado, el gobierno local ha barajado reconvertir el edificio en un establecimiento de hostelería y deriva a los visitantes hacia otras salas como la Valente, en lugar de recuperar un proyecto cultural propio. El festival de cine OUFF necesitó la intervención económica de la Diputación para seguir adelante, y otros ciclos consolidados han visto reducirse o desaparecer su programación por la falta de apoyo municipal. La sensación entre colectivos culturales es de abandono y desinversión en políticas públicas que fomenten la creación y el ocio formativo.

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El termalismo, que forma parte del atractivo turístico de Ourense, también padece la inacción del Concello. El 15 de enero el ayuntamiento abrió el plazo de alegaciones para la nueva ordenanza del espacio termal y aseguró que la piscina y el centro de interpretación abrirían «en dos o tres meses», situando la fecha en los primeros días de abril. Esa previsión no se ha cumplido y, a cierre de este invierno, la piscina de As Burgas continúa sin uso y el centro interpretativo permanece clausurado. Tampoco hay novedades sobre el posible contrato de explotación conjunta que se había barajado para la gestión de esos espacios.

La Molinera, hasta ahora oficina de turismo y lugar de acogida para visitantes, fue desmantelada por el gobierno local hace casi un año incluso con usuarios dentro, en un episodio que generó críticas por la forma de proceder. En su día se prometió transformar el inmueble en una cafetería que mantendría también servicios informativos, pero doce meses después ni el proyecto ni la cafetería existen. Los partidos de la oposición han sido informados en juntas de área de que no hay un plan definido para el edificio, lo que alimenta la incertidumbre sobre su uso futuro y cuestiona la gestión municipal.

Otro espacio afectado es el Espazo Lusquiños, en el barrio de A Ponte, que debía celebrar en 2025 su décimo aniversario pero lo hizo cerrado. Desde 2023 el local permanece clausurado bajo la promesa de una reforma integral y un «proyecto súperinnovador» que el Concello nunca concretó, dejando a bandas jóvenes y colectivos culturales sin un escenario para ensayar y programar. La pérdida de estos enclaves incide especialmente en la franja más joven de la población, que ve reducidas las alternativas de ocio y formación.

Los sectores de hostelería y turismo también sufren las consecuencias: la ausencia de una oficina de información operativa y la falta de promoción de los recursos termales restan valor a la oferta local en una comunidad que depende en parte del visitante. Además, el desmantelamiento de servicios municipales crea incertidumbre entre emprendedores y asociaciones que utilizaban espacios públicos para formarse y desarrollar proyectos. La acción municipal, apuntan grupos sociales, no solo ha sido insuficiente sino que en ocasiones ha sido improvisada y extemporánea.

Frente a esta situación, asociaciones culturales y partidos de la oposición reclaman un plan de recuperación y una hoja de ruta clara que priorice la apertura de instalaciones, la rehabilitación de equipamientos y la participación ciudadana en las decisiones sobre su uso. La necesidad de coordinar inversiones y proyectos con otras administraciones, como la Diputación, aparece como imprescindible para reactivar actividades consolidadas y evitar que Ourense pierda servicios públicos que, hasta hace poco, le daban vida. El reloj político y social corre ahora en paralelo con el calendario de reaperturas pendientes: el tiempo para demostrar gestión está consumiéndose.