Paula Grau, fiscal de Seguridad Vial en Galicia, advirtió en A Coruña que la propuesta del PSOE de rebajar los umbrales penales por exceso de velocidad no va a provocar una avalancha de ingresos en prisión, pero sí un notable incremento de conductores llevados ante los tribunales y, en muchos casos, la pérdida del permiso de conducción. El debate, que se intensifica en marzo de 2026, parte de la intención de convertir sanciones que hoy son administrativas en delitos con posible anotación de antecedentes. La medida busca endurecer la respuesta frente a la siniestralidad vial, pero plantea efectos colaterales en materia judicial y laboral.

Hasta ahora, muchas infracciones graves de velocidad se resolvían en la vía administrativa con una sanción económica y la retirada de puntos del carné; una sanción tipo suponía alrededor de 600 euros y la pérdida de seis puntos. Con la rebaja de los umbrales que plantea el partido en el Gobierno, esos mismos hechos podrían convertirse en delitos recogidos en el Código Penal, lo que obligaría a la apertura de diligencias penales, juicio y la posibilidad de antecedentes en el historial del conductor. Esa transformación implica una complejidad procesal y una carga añadida para jueces y fiscales a la hora de tramitar miles de causas.

Grau explicó que, en la práctica, la reforma no se traducirá en un aumento masivo de reclusos porque la legislación penitenciaria prevé que quien carece de antecedentes y es condenado a menos de dos años no suele entrar en prisión. El delito del artículo 379.1 del Código Penal, que suele aplicarse a casos de conducción temeraria o con peligro, contempla penas que van desde multas y trabajos en beneficio de la comunidad hasta penas de prisión de carácter breve, habitualmente en el rango de meses. Aun así, advirtió, la consecuencia más inmediata será administrativa y profesional: la anotación de antecedentes y la retirada del permiso por periodos que pueden alcanzar varios años.

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El cambio de régimen procesal afectará especialmente a quienes hoy salen de un expediente de tráfico sin mayores consecuencias: miles de conductores que antes afrontaban solo una sanción económica pasarían a comparecer ante un juez con abogado y procurador. Esa circunstancia puede condicionar opciones laborales, concursos públicos, oposiciones y permisos profesionales que exigen antecedentes limpios o que penalizan anotaciones penales. La fiscal subrayó que el efecto disuasorio perseguido por la iniciativa puede chocar con la realidad de trabajadores y familias que verán limitado su desempeño por medidas penales.

Uno de los grandes problemas prácticos que anticipa la fiscalía es la identificación del conductor en supuestos captados por radares móviles. En multitud de procedimientos los investigados alegan que «no saben quién conducía» porque el vehículo es utilizado por varios miembros de una familia, y sin una identificación fehaciente no puede sostenerse el delito. En esos casos, el expediente vuelve a la vía administrativa y se sanciona por no identificar al infractor, una multa que en la práctica puede duplicar o triplicar la cuantía ligada a la velocidad detectada. Grau reclamó endurecer esa sanción administrativa para reducir esta puerta de escape.

La fiscal anticipó además un aumento de las diligencias penales y un mayor trabajo para fiscalías y juzgados especializados en seguridad vial. Aunque el impacto no sea penitenciario en términos de prisiones llenas, sí implica una presión añadida sobre la justicia ordinaria y la necesidad de recursos para tramitar y enjuiciar gran número de causas que hasta ahora quedaban en la esfera de la Dirección General de Tráfico. Ese trasvase de competencias obligará a clarificar criterios de actuación y priorización en los tribunales.

Desde la Dirección General de Tráfico y colectivos de seguridad vial ya se han lanzado advertencias sobre el calado de la reforma: conductas que se consideraban multas administrativas podrían ascender a tipificaciones penales con consecuencias más severas. Informes y voces públicas han señalado ejemplos concretos, como la consideración de excesos en ciertas travesías urbanas que, con los nuevos umbrales, podrían llevar a procesos penales. El debate político y técnico se plantea, por tanto, no solo en términos de prevención, sino también de proporcionalidad y garantía procesal.

En espera de cómo avance la iniciativa en el Congreso, la fiscalía gallega pide medidas complementarias que hagan viable la persecución del delito sin comprometer derechos y sin crear desproporciones. La identificación del conductor, la proporcionalidad de las sanciones y la carga administrativa de los juzgados son retos que, según Grau, deberán resolverse con claridad normativa y recursos. Mientras tanto, miles de conductores podrían ver su relación con la ley transformada: menos sanciones administrativas inmediatas y más procedimientos judiciales con consecuencias a largo plazo.