El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció tras el Consejo de Ministros para dar cuenta de un paquete de medidas valorado en 5.000 millones que, según explicó, persigue «proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria». El plan incluye rebajas fiscales, ayudas directas y descuentos para sectores concretos, y entra en vigor tras su publicación en el BOE este sábado.

Las medidas fiscales y los descuentos: qué cambia y cuánto se ahorra

El núcleo del paquete es la bajada del IVA en carburantes, electricidad y gas al 10%, el mínimo permitido por la Unión Europea. Esa reducción se acompaña de la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica (un 7% que pagan las compañías) y de la reducción del impuesto especial de electricidad, que pasa del 5,11% al 0,5%. El Ejecutivo calcula que la sola rebaja del IVA podrá trasladarse al ciudadano con descuentos de hasta 30 céntimos por litro en los combustibles, lo que supondría alrededor de 20 euros por depósito, dependiendo del vehículo y del combustible.

Para colectivos concretos se activan medidas adicionales. Transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores contarán con un descuento directo de 20 céntimos por litro repostado, aplicable a camiones, autobuses, ambulancias y furgonetas, y habrá ayudas equivalentes para la compra de fertilizantes destinadas a los profesionales agrícolas. El Gobierno también ha decidido congelar el precio máximo del butano y del propano y bajar el IVA del gas natural, los pellets y la leña del tipo general (21%) al reducido (10%).

En lo que respecta a la industria, el Ejecutivo introducirá una bonificación en los peajes eléctricos de hasta un 80% para los grandes consumidores electrointensivos con el objetivo de salvaguardar su competitividad. Sánchez cifró en unos 200 millones el ahorro estimado para el sector más afectado por el encarecimiento energético derivado del conflicto.

«Estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo», dijo el presidente durante la comparecencia, resumido el malestar que justificó la batería de medidas.

La tramitación, la división en dos decretos y la tensión política interna

La aprobación no estuvo exenta de tensiones. Los ministros de Sumar protagonizaron un plante inicial y se negaron a entrar en el Consejo de Ministros en protesta por la negativa de la parte socialista a incorporar un paquete de medidas en materia de vivienda al mismo decreto que el plan anticrisis. Finalmente, el Ejecutivo optó por fragmentar la respuesta: un decreto ley específico para el plan anticrisis y otro con medidas para la vivienda, ambos sujetos a la convalidación parlamentaria en el Congreso.

La fórmula de dos decretos pretende allanar el camino para que cada cuestión reciba el debate político que requiere. Aun así, la fragmentación evidencia las dificultades de la coalición para conciliar prioridades en momentos de urgencia económica. A falta de la votación en la Cámara Baja, persisten interrogantes sobre la duración de las medidas: muchas son con carácter temporal y dependerán de acuerdos adicionales en las próximas semanas.

No es la primera vez en los últimos años que el Gobierno recurre a rebajas fiscales y ayudas puntuales para amortiguar alza de precios. La experiencia acumulada tras la crisis energética de 2022 dejó un precedente: las medidas de carácter temporal alivian el golpe en el corto plazo, pero plantean dudas sobre su sostenibilidad presupuestaria y sobre su capacidad para contener la inflación subyacente si el conflicto se prolonga.

Repercusiones en Galicia: carburantes, pesca y la industria electrointensiva

En Galicia las medidas tendrán efectos inmediatos y muy visibles. La comunidad, donde en los últimos días más de 700 gasolineras ya ofrecían depósitos de diésel por encima de los 100 euros, vive con especial sensibilidad los vaivenes del precio del combustible. La rebaja del IVA y el descuento por litro para transportistas pueden aliviar las cuentas de los camioneros gallegos que recorren la red de carreteras autonómicas y la AP-9, y también de las flotas pesqueras que afrontan un coste elevado del gasóleo para la travesía.

El sector primario gallego —agricultores, ganaderos y cooperativas hortofrutícolas— espera que las ayudas a los fertilizantes y los descuentos en el combustible contengan la escalada en los costes de producción. Para las rías y las lonjas de Pontevedra y Vigo, donde el precio del diesel influye directamente en la rentabilidad de la pesca de bajura y de arrastre, una caída de costes puede marcar la diferencia entre faenas viables o sesiones con pérdidas.

Las industrias electrointensivas ubicadas en territorios gallegos, con una tradición industrial en comarcas como A Mariña o As Pontes, recibirían alivio por la reducción de peajes eléctricos. Ese punto es clave para preservar empleos en plantas que compiten en mercados internacionales y que han mostrado su fragilidad ante subidas prolongadas del precio de la energía.

Qué viene ahora: convalidación, calendario y posibles críticas

Las dos normas aprobadas por el Consejo deberán ser convalidadas por el Congreso. El calendario parlamentario marcará en buena medida la vigencia real de las medidas. Si la cámara confirma los decretos, la batería de 80 medidas podrá mantenerse durante los meses de mayor tensión; si no, muchas de las actuaciones perderán su eficacia jurídica y presupuesto en cuestión de semanas.

En el plano político, la oposición presumiblemente pedirá más claridad sobre la financiación de las ayudas y cuestionará su temporalidad. En el plano social, sindicatos y organizaciones agrarias vigilarán que los descuentos y las subvenciones efectivamente lleguen a quienes más las necesitan y que no sean absorbidos por márgenes comerciales intermedios.

Galicia, con su tejido productivo altamente vinculado al transporte, al mar y a la industria electródependiente, seguirá de cerca la aplicación práctica de las medidas. El alivio inmediato puede ser real y palpable en surtidores y en facturas, pero la pregunta que queda en el aire es si este plan de emergencia bastará para sostener a los sectores más golpeados si la tensión geopolítica se prolonga. A corto plazo, el Gobierno ha elegido actuar con urgencia; a medio plazo, tendrá que demostrar que dispone de un mapa claro para sostener esas actuaciones sin desatender otras prioridades sociales y territoriales.