Teresa Peramato, fiscal general del Estado, ha firmado un decreto el 10 de marzo de 2026 en el que encomienda a la teniente fiscal del Tribunal Supremo la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la condena impuesta a su antecesor. La decisión responde al rechazo por parte de la Sala de lo Penal del Supremo, el pasado 26 de febrero, de un incidente de nulidad respecto a esa sentencia. Con ese pronunciamiento agotado, la vía procesal disponible es ahora el recurso de amparo, sobre el que la Fiscalía se propone intervenir formalmente. La medida busca, según la propia Peramato, garantizar la defensa de derechos que la Fiscalía considera vulnerados.

En el decreto designado figura como responsable de la interposición la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, a quien la fiscal general atribuye la iniciativa de acudir al Constitucional. La firma del documento se produjo después del fallo del Supremo que desestimó el incidente de nulidad planteado tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado. Al encargar a la teniente fiscal la presentación del amparo, Peramato formaliza una ruta jurídica que hasta ahora había quedado abierta sólo en el plano individual del condenado. Fuentes de la Fiscalía confirman que la intención es coordinar la actuación técnica con los servicios jurídicos del Ministerio Público.

El proceso tiene como protagonista a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, condenado por un delito de revelación de datos reservados en relación con la difusión de información que afectó a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia y su posterior confirmación por instancias internas del orden jurisdiccional han generado un debate público por el perfil del condenado y por la naturaleza de los hechos. El rechazo del incidente de nulidad por el Tribunal Supremo no impidió, en cambio, que quedara abierta la posibilidad de solicitar la tutela del Tribunal Constitucional mediante la figura del amparo. Esa posibilidad es la que ahora asume la Fiscalía mediante la designación formal de su representante ante el alto tribunal.

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El recurso de amparo tiene por objeto examinar si, en el proceso penal y en la sentencia, se vulneraron derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, como el derecho a la presunción de inocencia o a una tutela judicial efectiva. No se trata de un nuevo juicio sobre los hechos probados, sino de una revisión en clave constitucional que puede limitarse a cuestiones procesales o de garantía. La intervención de la Fiscalía en un recurso de este tipo, representando o apoyando a un ex alto cargo del propio Ministerio Público, es un paso significativo y poco habitual que ha llamado la atención de juristas y analistas políticos.

La fiscal general explicó en una entrevista en el canal 24 horas de TVE que la designación responde a la solicitud planteada por la teniente fiscal y a la interpretación técnica de que la vía del amparo es la adecuada tras la desestimación del incidente de nulidad. Según Peramato, la decisión pretende asegurar una defensa técnica riguroso de los intereses procesales afectados, en atención al principio de legalidad y a la función institucional del Ministerio Fiscal. La fiscalía, añadieron fuentes próximas al caso, actuará en defensa de los criterios legales que estime vulnerados, sin que ello implique pronunciamientos políticos sobre el fondo del asunto.

El anuncio ha reabierto el debate en los ámbitos políticos y jurídicos sobre la actuación de la cúpula fiscal y la relación entre responsabilidades institucionales y recursos de protección constitucional. Grupos parlamentarios y asociaciones de juristas han mostrado interés por seguir el trámite y por conocer los fundamentos concretos que la Fiscalía alegará ante el Tribunal Constitucional. En paralelo, la defensa de García Ortiz deberá coordinar su estrategia con la actuación de la teniente fiscal ahora encargada de la iniciativa, lo que plantea cuestiones sobre la concurrencia de recursos y la articulación de sendas defensas.

Sobre los pasos siguientes, una vez presentado el recurso de amparo el Tribunal Constitucional debe decidir si lo admite a trámite; si lo hace, examinará los motivos constitucionales esgrimidos y, en su caso, podrá acordar medidas cautelares o resolver sobre la protección solicitada. El proceso de amparo suele ser lento y se desarrolla con criterios estrictos de admisibilidad, por lo que no es previsible una resolución inmediata. No obstante, la participación formal de la Fiscalía puede influir en la percepción y en el peso jurídico de la petición ante el tribunal de garantías.

Esta actuación se suma a otros episodios recientes que han colocado a la Fiscalía en el centro de la atención pública por decisiones relativas a su cúpula y a procesos de alto perfil. Para la opinión pública en Galicia y en el conjunto de España, el caso mantiene el interés por la confluencia entre asuntos judiciales y repercusiones políticas. Galicia Universal seguirá el desarrollo del recurso y las decisiones del Tribunal Constitucional, que marcarán el próximo capítulo en una polémica que continúa abierta.