En la segunda sesión del juicio por el caso conocido como la «casa de los horrores» de Fitoria, celebrada el 11 de marzo de 2026 en la Audiencia Provincial de Oviedo, los psicólogos forenses que declararon coincidieron en no apreciar enfermedades mentales graves en los dos acusados y en negar que los tres menores sufrieran maltrato físico por parte de sus progenitores. Las conclusiones de los peritos se han convertido en un giro relevante para la defensa, que sostiene la idoneidad de los padres para retomar la custodia con apoyo profesional. El proceso se centra ahora en determinar la mejor vía para la reintegración familiar tras casi cuatro años de aislamiento de los niños en el chalé.

Los encausados, un hombre alemán de 53 años y una mujer estadounidense de 48, permanecen acusados por mantener a sus hijos encerrados en la vivienda situada en el concejo de Oviedo durante un periodo que las diligencias sitúan en torno a cuatro años. Durante la vista, los especialistas evaluaron el estado psicológico de los progenitores y de los menores, y explicaron que, si bien no detectaron trastornos psiquiátricos incapacitantes en los adultos, los niños presentan consecuencias claras derivadas del aislamiento prolongado.

Los peritos subrayaron que la principal afección observada en los menores es el retraso educativo debido a la falta de escolarización y la escasa socialización, más que lesiones o marcas de violencia física atribuibles a los padres. Según las valoraciones presentadas en la Audiencia, los menores muestran secuelas emocionales y de desarrollo que requieren intervenciones especializadas y continuadas. Ese diagnóstico ha orientado las propuestas hacia medidas de carácter asistencial y rehabilitador en lugar de una respuesta punitiva inmediata centrada en la madre o el padre.

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Los expertos plantearon la conveniencia de un plan de intervención progresivo que implique a psicólogos, psiquiatras y servicios sociales para facilitar la adaptación de los menores y valorar paulatinamente la devolución de la custodia. En su informe, los forenses defendieron que, con apoyos suficientes y supervisión profesional, la vida familiar podría recomponerse, permitiendo que los niños vuelvan a convivir con sus progenitores en condiciones seguras. Esa hoja de ruta, defendida por la defensa, contrasta con la alarma social que suscitó el hallazgo del caso.

La comparecencia de los peritos marcó un contraste con la versión que dio pie a la investigación, centrada en el secretismo y la privación prolongada de libertad en el chalé de Fitoria. Fuentes judiciales consultadas recuerdan que el que los especialistas no aprecien maltrato físico no excluye la consideración de delito en función de otras pruebas y del relato de los hechos. El tribunal deberá ponderar ahora los dictámenes periciales junto con el resto de pruebas para decidir sobre las responsabilidades penales y las medidas de protección de los menores.

Abogados de la acusación podrían incidir en otras aristas de la instrucción, como la posible negligencia o la omisión de deberes de cuidado, mientras que la defensa se apoya en los informes para reclamar un tratamiento orientado a la reinserción familiar. El debate jurídico se desplaza así hacia la forma y el ritmo de la intervención social y clínica necesaria para garantizar el interés superior de los menores, criterio que domina toda decisión sobre custodia y medidas cautelares.

Organismos de protección infantil y servicios sociales han participado en el proceso de evaluación y serán claves en la ejecución de cualquier plan de retorno que acuerde el tribunal. Los especialistas han recomendado que cualquier reincorporación a la familia se haga de manera gradual y supervisada, con controles periódicos y recursos educativos y terapéuticos para subsanar el retraso acumulado. El objetivo, según las explicaciones técnicas, es minimizar el impacto a largo plazo en su desarrollo físico, emocional y académico.

El juicio continuará con la declaración de otros testigos y peritos en próximas sesiones, y la resolución final dependerá de la valoración conjunta de todas las pruebas. Mientras tanto, la noticia de los dictámenes ha reavivado en la opinión pública las preguntas sobre cómo equilibrar la protección de los menores con la posibilidad de reparar vínculos familiares dañados. Las partes y el tribunal afrontan ahora la compleja tarea de traducir los informes técnicos en medidas concretas que atiendan tanto a la seguridad como al bienestar de los niños.