Una realidad invisible: la vida detenida por los cierres del marisqueo
La crisis que atraviesa el sector del marisqueo en Galicia ha sacado a la luz una precariedad estructural que, aunque largamente conocida, pocas veces ocupa el centro del debate público. Los repetidos cierres de los bancos marisqueros, motivados por la alta mortandad de especies y la necesidad de recuperar los recursos naturales, han dejado a miles de trabajadoras —mayoritariamente mujeres— en una situación de inactividad forzada. Esta realidad no solo paraliza sus ingresos, sino que plantea una pregunta de fondo: ¿está preparado el sistema de protección social para atender estas emergencias específicas del mar gallego?
El laberinto administrativo y la brecha de género
En Galicia, la labor de las mariscadoras es un pilar económico y social en numerosas comunidades costeras. Sin embargo, cuando la naturaleza impone un parón, la normativa vigente obliga a seguir cumpliendo con las obligaciones fiscales y de cotización, aun cuando la actividad se detiene por causas ajenas a la voluntad de las trabajadoras. Esta circunstancia evidencia una desconexión entre la normativa estatal y la realidad del trabajo en el mar.
La situación resulta especialmente sangrante desde una perspectiva de género. En un sector donde la mayoría de las personas afectadas son mujeres, la falta de medidas específicas para situaciones de inactividad forzosa contribuye a perpetuar la feminización de la pobreza. ¿Por qué quienes cuidan y sostienen la biodiversidad del litoral gallego deben asumir personalmente el coste de una crisis ambiental?
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Si bien existen mecanismos de protección como la prestación por cese de actividad, muchas mariscadoras no pueden acceder a ellos: bien porque ya han agotado el derecho tras años de cierres intermitentes, bien porque la falta de actividad previa ha impedido generar el mínimo cotizado necesario. Así, se dibuja un círculo vicioso donde la protección social parece diseñada para un trabajo estable e ininterrumpido, lejos de la realidad estacional y vulnerable del marisqueo.
Un responsable de una entidad representativa del sector apunta que el sistema parece ignorar la excepcionalidad de la economía azul. Mientras los bancos marisqueros permanecen cerrados y los ingresos se evaporan, las cuotas a la Seguridad Social siguen su curso, agravando la asfixia financiera de las familias mariscadoras. La paradoja es evidente: se exige contribuir a un sistema del que, en la práctica, muchas no pueden beneficiarse cuando más lo necesitan.
Comparativa europea y lecciones pendientes
No es un fenómeno exclusivamente gallego. En otros países europeos con fuerte tradición pesquera, como Francia o Italia, existen mecanismos de exención temporal o reducción de cuotas para los trabajadores del sector en caso de paradas biológicas o cierres motivados por causas medioambientales. Estos modelos reconocen la naturaleza cíclica y vulnerable del trabajo en el mar, ajustando la protección a las necesidades reales.
En España, la lentitud en adaptar la legislación a los desafíos ecológicos y sociales del litoral ha generado una brecha que se hace más visible en cada crisis. La situación de las mariscadoras gallegas no solo evidencia carencias en la cobertura pública, sino que interpela a la sociedad sobre nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental y la justicia social.
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