Dos mujeres de origen ruso fueron puestas en libertad esta mañana tras declarar ante el juez que investiga una presunta trama de blanqueo ligada a la compra de cinco viviendas de lujo en Mallorca. Las detenidas, arrestadas el pasado lunes en el marco de un registro policial en esas propiedades, quedaron sujetas a retirada de pasaporte y a la prohibición de salir de España. La investigación se centra en las adquisiciones atribuidas al círculo del magnate ruso Nikolai Kolesov, imputado en pesquisas por posible ocultación de activos.

Una de las mujeres actuó como apoderada de una sociedad vinculada a las compras y es abogada de profesión; la otra se encargaba del mantenimiento de las fincas. Ambas negaron ante el instructor conocer el origen de los fondos empleados ni mantener relación con las empresas utilizadas para formalizar las operaciones inmobiliarias. La Policía registró las cinco viviendas y, además, practicó inspecciones en el domicilio y el despacho de la letrada y en una agencia inmobiliaria relacionada con las compraventas.

La abogada, representada en el procedimiento por Daniel Castro, defendió que su intervención respondió a un encargo de un despacho ruso que gestionó la operación y que su papel fue, en gran medida, el de traductora y, en ocasiones, apoderada formal de la sociedad compradora. Añadió que fue contratada por hablar ruso y español y por poder ofrecer asesoramiento jurídico puntual en las firmas. Según su versión, no tenía conocimiento de que existieran sanciones de la Unión Europea sobre el empresario al tiempo de las operaciones.

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Los investigadores señalan que las viviendas fueron inscritas a nombre de los dos hijos menores del empresario y de su hermana mayor, una estructura registral que, a juicio de la Policía, podría haberse utilizado para sortear eventuales embargos derivados de las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania. Vladimir Putin no aparece en la causa, pero la Fiscalía y la Policía subrayan la proximidad de Kolesov al círculo del presidente ruso y su vinculación con empresas del sector armamentístico.

Fuentes del caso recuerdan que las escrituras de compraventa se tramitaron ante, al menos, tres notarios en Mallorca y que en ninguno de esos despachos se plantearon reparos por inscribir a menores como titulares de las propiedades. En las escrituras constó, no obstante, que los pagos procedían del padre, es decir, del propio Nikolai Kolesov, dato que figura como elemento relevante en la instrucción.

La investigación, abierta por presunto blanqueo de capitales, continúa con diligencias para rastrear el origen de los fondos y determinar la posible participación de otras personas o sociedades. Los agentes han fijado el foco tanto en las transferencias que financian las compras como en la estructura societaria utilizada para canalizar las adquisiciones. Los registros practicados el pasado lunes se prolongaron varias horas y se incautaron documentos que están siendo analizados por los investigadores.

La defensa de las imputadas subraya que la letrada actuó bajo instrucciones de un despacho extranjero y que no tuvo acceso ni control sobre la procedencia del dinero, mientras que la encargada de mantenimiento aseguró que su trabajo se limitaba a labores operativas en las fincas. El juez, tras tomar declaración a ambas, decidió medidas cautelares pero no decretó prisión, lo que permite a las investigadas defenderse en libertad durante la instrucción.

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de controles sobre el patrimonio vinculado a oligarcas rusos tras la guerra en Ucrania, cuando las autoridades europeas intensificaron la vigilancia para evitar la tenencia y el traslado de activos mediante testaferros o familiares. La causa en Mallorca pretende esclarecer si las compras supusieron una maniobra de ocultación para eludir sanciones y embargos, y fuentes judiciales insisten en que las diligencias continuarán hasta determinar todas las responsabilidades que puedan derivarse.