El procedimiento abierto por el Concello de Santiago para adjudicar el mantenimiento y la gestión de los sistemas de control y regulación del tráfico, incluido el túnel de O Hórreo, regresa a la casilla de salida. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) ha estimado de forma parcial tres recursos presentados contra los pliegos y ordena modificar las condiciones, por lo que el Gobierno municipal, el Raxoi, prepara ya una nueva versión que se someterá a la Xunta de Goberno en las próximas semanas.
El fallo y los motivos de las impugnaciones
La apertura del concurso la pasada primavera quedó marcada por tres recursos: dos formulados por trabajadores que denunciaban la falta de garantías en la subrogación de plantillas y otro presentado por la empresa actual concesionaria, la austríaca Kapsch TrafficCom Transportation. Aunque el Tacgal levantó en agosto una suspensión cautelar del proceso, su resolución final no da la razón al Concello y obliga a revisar aspectos esenciales de los pliegos.
Entre los puntos que el tribunal estima hay dos que fueron determinantes. El primero es la exigencia de residir a menos de veinte minutos —en condiciones normales de tráfico— del Centro de Control de Tráfico, ubicado en las dependencias de la Policía Local. El tribunal considera que esa condición resulta desproporcionada y la tumba como requisito objetivo para licitar. El Ejecutivo local alega que la misma cláusula figuró en la licitación de 2020 sin que entonces se plantease recurso, pero el Tacgal ha entendido que hoy esa limitación necesita motivación específica.
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Conoce más →El segundo motivo tiene que ver con la experiencia profesional demandada para la plantilla. En la nueva redacción se pedía acreditar cinco años de experiencia no solo para puestos de responsabilidad —como jefe de mantenimiento o encargado— sino para categorías de operarios que en la práctica no requieren ese mismo grado de especialización. El tribunal no considera la exigencia ilegal, pero sí advierte que falta justificación y pide que se ajuste antes de volver a licitar.
Qué cambiará en los pliegos y cuánto mueve el contrato
Estas modificaciones no son inocuas: obligan a rehacer cláusulas técnicas y administrativas que condicionan tanto la oferta económica como la viabilidad de la plantilla. La licitación ahora anulada estaba dotada con un presupuesto base de 3,5 millones de euros, que podría rozar los 6 millones con la prórroga prevista. Además de la conservación y reparación de la infraestructura física, incluía el mantenimiento evolutivo de las aplicaciones informáticas de gestión y las posibles modificaciones de las instalaciones.
Fuentes del Gobierno local confirman a este diario que los técnicos municipales ya trabajan en las enmiendas que marca el Tacgal y que la idea es llevar esos nuevos pliegos a la Xunta de Goberno “cuanto antes”. A falta de confirmación oficial sobre los plazos exactos, en la práctica el fallo retrasa el proceso varios meses y mantiene en el aire quién asumirá un servicio esencial para la movilidad urbana en plena temporada de peregrinaciones y actividad turística.
No puede obviarse el telón de fondo laboral. Los recursos presentados por la plantilla se centran en la subrogación: los trabajadores se niegan a ser subrogados si las condiciones no garantizan su continuidad y derechos. Es un drama recurrente en contratas de servicios técnicos en la ciudad, donde las empresas adjudicatarias sostienen que la flexibilidad les permite ajustar costes y el colectivo mira con recelo cualquier cambio que suponga pérdida de empleo o de condiciones.
Incumplimientos, sanciones y el pulso con Kapsch
La actual concesionaria, Kapsch TrafficCom Transportation, no llega al procedimiento en igualdad de condiciones tras varios episodios controvertidos. Desde su entrada en 2020 —y la prórroga aplicada por el Concello a finales de 2023— el contrato ha generado quejas y expedientes sancionadores por supuestos incumplimientos. Según trabajadores y fuentes municipales, hubo retrasos en actuaciones de mantenimiento y discrepancias en la gestión de personal que terminaron por tensar las relaciones.
La posibilidad de romper la relación con Kapsch figura ya en los debates internos del Gobierno local. No es la primera vez que en Raxoi se cuestiona la gestión de servicios externalizados; en el recuerdo colectivo aún están otros procesos suspendidos por recursos y los reproches de sindicatos y grupos políticos. Ahora, la decisión del Tacgal añade un elemento jurídico que puede facilitar una nueva licitación más meditada o, al contrario, abrir una etapa de recursos cruzados que prolongue la incertidumbre.
Por su parte, la alcaldía deberá calibrar riesgos: renovar rápidamente unos pliegos más ajustados a la normativa laboral y de contratación o mantener la negociación para evitar la salida brusca de una empresa que, a pesar de sus fallos, garantiza la operativa diaria del túnel y de los semáforos en el centro urbano.
Repercusiones locales y próximos pasos
La paralización y reinicio de este expediente incide directamente en la ordenación del tráfico en zonas críticas como la Rúa da Senra o la Praza de Galicia, puntos donde la coordinación de semáforos y medidas de control es imprescindible para evitar atascos y facilitar el tránsito de autobuses y vehículos de emergencia. Santiago, con su casco histórico estrecho y flujos variables por las etapas del Camino, necesita sistemas fiables; por eso resulta clave que los pliegos no solo sean legales, sino también operativos.
En las próximas semanas el Gobierno municipal llevará las propuestas de enmienda a la Xunta de Goberno; después vendrá la nueva publicación del concurso y un nuevo plazo para presentar ofertas. Sindicatos y representantes de los trabajadores han anunciado que seguirán vigilantes y que, si los nuevos pliegos no garantizan la subrogación con las debidas condiciones, están dispuestos a presentar nuevas impugnaciones.
Queda por ver si el episodio provoca un giro en la política de externalización de servicios en Santiago. Raxoi tiene ahora la oportunidad de replantear un procedimiento que equilibre la seguridad jurídica con la protección laboral y la continuidad del servicio. Cabe recordar que una resolución precipitada podría volver a generar recursos que alargarían la incertidumbre, mientras que una licitación bien fundada —y debatida con las partes implicadas— puede, por fin, cerrar un capítulo que ya ha acumulado demasiada fricción.
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