Un debate que ya no es migratorio, sino económico
Galicia lleva años discutiendo cómo mantener su mercado laboral en pie en medio del envejecimiento, la baja natalidad y la falta de relevo en muchos oficios. En ese contexto, el aumento del 66% de personas migrantes con permiso de arraigo que ya cotizan no debería leerse como una cifra aislada, sino como una señal estructural: cuando la administración abre vías legales realistas, la economía formal responde.
La cuestión de fondo no es únicamente cuántas personas regularizan su situación, sino qué capacidad tiene el sistema para transformar esa regularización en estabilidad social y productividad. Cada alta en la Seguridad Social implica más que una nómina: significa derechos laborales, más ingresos públicos y menor exposición a la economía sumergida. En una comunidad con dificultades para cubrir vacantes, ese movimiento tiene un valor estratégico.
Durante demasiado tiempo, el debate público se movió entre dos extremos: la visión humanitaria por un lado y la retórica del control por otro. Sin embargo, los datos recientes invitan a una tercera lectura, más pragmática: regularizar también es política económica. ¿Puede Galicia permitirse desaprovechar mano de obra en edad de trabajar cuando muchas actividades tienen problemas para contratar? La respuesta parece evidente.
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Conoce más →“Cuando una persona pasa de la informalidad a cotizar, gana ella y gana el territorio: recauda más, consume con mayor estabilidad y reduce su vulnerabilidad”, apunta un técnico de empleo público consultado para este análisis.
Del permiso administrativo al impacto real en las cuentas públicas
Que haya más de ocho mil personas en esta situación no es solo un titular. Es una modificación tangible en el perímetro del empleo legal. En términos macroeconómicos, regularizar no crea riqueza por sí solo, pero sí ordena y hace visible una parte de la actividad que antes quedaba fuera de los registros. Y esa visibilidad importa: permite planificar políticas de formación, inspección laboral y servicios sociales con una base más real.
También hay una consecuencia fiscal directa. Más cotizantes significan mayor aportación a pensiones, desempleo y sanidad. En una autonomía donde la presión del gasto social crecerá por razones demográficas, ampliar la base de contribuyentes no es una opción ideológica, sino un mecanismo de sostenibilidad. La alternativa —dejar a miles de personas en un limbo irregular— solo alimenta precariedad y resta recursos públicos.
Ahora bien, conviene huir del triunfalismo. Regularizar no equivale automáticamente a integrar en condiciones dignas. Si el proceso administrativo termina en puestos inestables, salarios bajos y rotación alta, el potencial transformador se reduce. La formalización es el primer peldaño, no la meta.
El riesgo de confundir volumen con calidad laboral
Uno de los errores habituales en este debate es celebrar el número sin preguntar por la trayectoria posterior. ¿Qué ocurre seis meses después de la primera contratación? ¿Hay continuidad? ¿Se mejora la categoría profesional? ¿Existen itinerarios de formación útiles para quienes llegan con experiencia previa pero sin homologación? Sin esas preguntas, el dato puede convertirse en una fotografía complaciente.
Además, la integración laboral no depende solo del permiso. Influyen el acceso a vivienda asequible, el transporte en áreas periféricas y la agilidad burocrática para renovar documentos. Si una persona cotiza, pero vive en inestabilidad residencial y administrativa, su inserción sigue siendo frágil. Galicia conoce bien esta ecuación: la falta de servicios en zonas con demanda de empleo puede bloquear oportunidades que, sobre el papel, parecen disponibles.
“La regularización funciona mejor cuando va acompañada de orientación, idioma, certificación de competencias y acompañamiento”.
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