El Ayuntamiento de A Coruña anunció este lunes que renuncia a acoger partidos del Mundial de la FIFA previsto para 2030 en el estadio de Riazor debido al elevado coste de la reforma exigida. La decisión, comunicada por la alcaldesa Inés Rey junto al presidente del Deportivo y al responsable de la Diputación, llega tras meses de negociaciones y dudas sobre la financiación. El argumento principal fue que la inversión necesaria resultaba desproporcionada para un uso muy puntual: apenas tres encuentros programados. La medida abre un debate sobre prioridades urbanísticas y el futuro del estadio.

La ciudad había sido incluida en la lista de sedes seleccionadas por la FIFA, un reconocimiento que generó inicialmente entusiasmo institucional y ciudadano. Desde entonces el proyecto, conocido como Riazor 2030, chocó con la realidad técnica y económica de adaptar el recinto a los requisitos internacionales. A Coruña intentó buscar financiación privada, pero esa vía no resolvió el escollo central: la ampliación exigida por la FIFA y sus efectos a medio y largo plazo.

El punto crítico fue la capacidad requerida por la organización. La FIFA solicita un aforo muy superior al actual, lo que obligaría a pasar de los cerca de 33.000 asientos con los que cuenta hoy el estadio a alrededor de 43.000, una cifra que el club considera sobredimensionada frente a una asistencia media cercana a 20.000 espectadores. El miedo a convertir a Riazor en un estadio con gradas vacías en la mayor parte de la temporada y costes de mantenimiento imposibles de asumir fue determinante en la decisión.

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El desencuentro entre Ayuntamiento y club

La relación entre el Consistorio y el Real Club Deportivo quedó en el centro del conflicto. Mientras el Ayuntamiento se comprometió con la FIFA ante la posibilidad de acoger partidos, el Deportivo, inquilino y principal afectado, mostró reticencias desde el principio. El club defendía que una ampliación de ese calibre no se ajusta a la demanda real de afición y que sería una carga estructural difícil de manejar.

La existencia de un convenio que regula la titularidad y gestión del estadio añadió complejidad al proceso. El club esperaba claridad sobre quién asumiría costes de explotación y mantenimiento de las plazas adicionales que, previsiblemente, solo se ocuparían en eventos excepcionales. La falta de una solución consensuada dejó al Ayuntamiento sin garantías suficientes para avanzar en la licitación de la obra ya redactada.

«Por responsabilidad, renunciamos», dijo la alcaldesa, y añadió que la hipoteca a pagar sería «demasiado cara por tres partidos».

Reacciones y consecuencias políticas

La renuncia ha causado sorpresa y cierto desconcierto entre la ciudadanía, que recordaba la promesa navideña de la propia alcaldesa de que Riazor sería «bimundialista». La declaración pública de intención contrastaba con el desenlace: un anuncio de retirada después de meses de incertidumbre sobre el rumbo del proyecto. La oposición y parte de la sociedad cuestionan el coste político de no haber concretado antes la viabilidad técnica y financiera.

Desde el Ayuntamiento se justifica la decisión como una responsabilidad fiscal y política: evitar endeudamientos que, a juicio del gobierno local, no se corresponderían con un beneficio permanente para la ciudad. Fuentes municipales subrayan que se trabajó para buscar financiación externa, pero que los riesgos y obligaciones pactadas con la FIFA eran insalvables sin comprometer otros proyectos locales.

El Deportivo, por su parte, mantiene preocupación por el futuro inmediato de Riazor. El club insiste en que cualquier reforma debe ajustarse a la realidad deportiva y económica del equipo. La situación abre la puerta a negociaciones posteriores sobre mejoras menos ambiciosas pero sostenibles, así como a posibles planes alternativos para modernizar el estadio sin llegar al planteamiento exigido por la FIFA.

Queda por ver ahora cómo responderá la FIFA y si A Coruña conservará algún papel en el mapa de sedes en caso de que la organización busque sustitutos. También está en juego el debate sobre qué proyectos son prioritarios para la ciudad: inversiones puntuales y muy visibles o políticas sostenibles que beneficien de forma regular a la población.

En los próximos meses, el Ayuntamiento y el Deportivo deberán definir una hoja de ruta que clarifique el uso, la gestión y las posibles reformas de Riazor, con la presión añadida de la opinión pública y la necesidad de reconciliar ambición deportiva con prudencia económica. La renuncia marca un punto de inflexión: A Coruña elige, por ahora, no pagar la factura de un acontecimiento global a costa de su equilibrio municipal.