El municipio de Sada reclamó al Ejecutivo central que agote todas las vías judiciales y administrativas para evitar el pago de cualquier indemnización a los herederos de Francisco Franco tras la sentencia que declara el pazo de Meirás propiedad del Estado. La corporación local, dirigida por Benito Portela, hizo pública su demanda tras conocerse la resolución que devolvió el inmueble a la titularidad pública el pasado viernes. El debate se centra ahora en si el Estado deberá compensar a los herederos y en la estrategia para recurrir esa posibilidad.
El gobierno municipal considera inaceptable que, después de acreditar la ilegitimidad en la adquisición del pazo, la Administración tenga que asumir un desembolso a favor de los herederos. La petición de Sada pone presión sobre el Ejecutivo central para que impugne cualquier importe que se fije en la liquidación. El mandato del Ayuntamiento es explícito: que se defienda hasta el final cada euro que pudiera exigirse.
Voces internas recuerdan que la controversia no es nueva: ya en 2018 el concejal Francisco Montouto alertó del riesgo de aceptar que la familia Franco fuese considerada poseedora de buena fe del pazo. Esa advertencia, subrayan, anticipó la actual situación jurídica y refuerza la tesis de quienes piden no reconocer compensaciones por una adquisición que los tribunales consideran fraudulenta.
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Conoce más →Reacción del Gobierno y del PSdeG
En Madrid, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que el Ejecutivo emprenderá acciones para evitar cualquier pago. Su intención, según fuentes oficiales, es recurrir y litigar en defensa del interés público hasta agotar las instancias necesarias. El anuncio del ministerio fue recibido con satisfacción por sectores que apoyan la recuperación del pazo para el Estado.
«Iba a dar la batalla»
El PSOE gallego también se mostró conforme con esa línea. El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, valoró la necesidad de discutir la indemnización y ofreció respaldo político al recurso. Desde el partido se apela a la relevancia del precedente: reconocer compensaciones podría sentar una vía que contravenga el hallazgo de fraude en la compra.
Fuentes del Gobierno autonómico han señalado que, más allá de la retórica, corresponde ahora a los servicios jurídicos delimitar las opciones. No se ha fijado una cifra ni calendario para un eventual recurso, y cualquier movimiento pasará por informes técnicos y asesoramiento de la Abogacía del Estado.
La Xunta y la coordinación con el Estado
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó su disposición a colaborar con el Ejecutivo central en la vía jurídica. Rueda defendió que la coordinación entre ambas administraciones fue clave para recuperar la titularidad pública del pazo y planteó repetir ese esquema si existe base legal para intentar anular o reducir una indemnización.
«De la mano»
El jefe del Ejecutivo autonómico recordó que la Abogacía del Estado utilizó documentación facilitada por la Xunta durante el proceso de recuperación y destacó ese trabajo conjunto como factor de éxito. Ahora, añadió, corresponde que los equipos jurídicos examinen si existen argumentos suficientes para impugnar la obligación de pagar a los herederos.
En Sada, el sentir es de cierta inquietud pese a la satisfacción por la devolución del pazo. El Ayuntamiento insiste en que la victoria material —la titularidad pública— no puede quedar empañada por una compensación que, a su juicio, contradiría la constatación judicial de prácticas fraudulentas en la adquisición.
Abogados consultados por distintas administraciones advierten de que la posibilidad de indemnización depende de matices jurídicos complejos. La doctrina sobre la protección de terceros de buena fe y la valoración de los derechos reales sobre bienes patrimoniales serán determinantes en los recursos que se presenten. El proceso, por tanto, se prevé largo y con varias instancias por delante.
Mientras tanto, colectivos memorialistas y entidades culturales que celebraron la recuperación del pazo mantienen un seguimiento atento. Para muchos, evitar el pago supondría cerrar un capítulo controvertido de la historia reciente, pero también marcaría un precedente en la gestión de bienes vinculados a la dictadura. El conflicto jurídico sobre la indemnización promete prolongarse y seguirá marcando la agenda política y social en Galicia y en el Estado.
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