El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a evitar este viernes fijar una fecha exacta para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, al tiempo que situó la prioridad en la aprobación de reales decretos leyes para mitigar el impacto económico del enfrentamiento entre Israel, Irán y Estados Unidos. La indefinición alimenta las dudas sobre si el Ejecutivo podrá cumplir el último plazo constitucional y agrava la sensación de prórroga continuada que ya dura tres ejercicios.
Decretos urgentes ante una crisis que el Ejecutivo califica de «gravísima»
Sánchez insistió en que el Gobierno «cumplirá con su obligación», pero su rueda de prensa tuvo más tonos de explicación que de compromiso calendarizado: la urgencia, dijo, es cerrar las medidas que respondan a los primeros efectos económicos del conflicto. «La dimensión, la envergadura de esta crisis… son gravísimas», subrayó el presidente para justificar el retraso.
«Cumpliremos con nuestra obligación», afirmó el presidente, al tiempo que advirtió de la envergadura de la crisis.
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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había hablado días antes de una demora de «unas semanas», lo que, si se cumple, situaría un eventual anuncio en abril. No obstante, esa previsión aleja a Montero de la propia hoja de ruta que planteó en diciembre, cuando situó la presentación de las cuentas dentro del primer trimestre, tras registrar la senda de déficit en el Congreso.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trató de matizar la alerta: la coyuntura, aseguró, es distinta a la vivida al inicio de la guerra en Ucrania. Aun así, las cifras muestran ya el efecto en los hogares y empresas. En Galicia, por ejemplo, el precio del diésel se incrementó casi 50 céntimos por litro desde el 28 de febrero y la gasolina 95 subió cerca de 30 céntimos, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, un golpe sensible para sectores como el transporte y la pesca.
Entre la senda fiscal y los límites parlamentarios y constitucionales
El Gobierno ha presentado en dos ocasiones la senda de estabilidad fiscal en el Congreso con el objetivo de habilitar la configuración de los Presupuestos; en ambas, la iniciativa fue rechazada por bloques como PP, Vox, UPN y Junts. Pese al rechazo, la presentación de la senda es el primer trámite formal para poder confeccionar las cuentas, y su ausencia o la negativa parlamentaria complica la viabilidad política del proyecto presupuestario.
Paralelamente, pesa sobre el Ejecutivo un frente jurídico: el Senado, con mayoría del PP, ha llevado ante el Tribunal Constitucional un recurso por las sucesivas prórrogas presupuestarias, solicitando que se declaren nulas esas prórrogas y que se imponga una fecha límite para la presentación de los Presupuestos. La admisión a trámite de la impugnación añade presión y convierte lo que podría ser una decisión técnica en un asunto de riesgo institucional.
Frente a estas tensiones, Montero ha defendido la constitucionalidad de las prórrogas. Aun así, en despachos parlamentarios se reconoce que el Gobierno necesita tiempo y apoyos para diseñar unas cuentas robustas; en la práctica eso pasa por negociar con formaciones minoritarias y territoriales que pueden condicionar partidas relevantes para autonomías como Galicia.
Repercusiones locales, opciones del Ejecutivo y escenario político
En Galicia la combinación de precios energéticos al alza y la falta de Presupuestos específicos tiene efectos concretos: flotas de la ría, autónomos del transporte por carretera y pymes del turismo ya registran tensiones de liquidez y costes imprevistos. La Xunta sigue de cerca la elaboración de las medidas estatales para calibrar si serán suficientes o si hará falta activar líneas complementarias desde la comunidad autónoma.
El parámetro del barril Brent, que el Gobierno tomó como referencia en su último cuadro macro, ha variado sensiblemente: la previsión era de 68 dólares por barril y, en pocas semanas, la realidad se ha movido decenas de dólares por encima, lo que obliga a recalibrar ingresos fiscales y escenarios de gasto. Ese desajuste complica la tarea técnica de cuadrar las cuentas y la narrativa política de presentar estabilidad presupuestaria ante la Unión Europea y los mercados.
Ante esta disyuntiva, el Ejecutivo maneja tres rutas: registrar los Presupuestos cuanto antes y correr el riesgo de tener que reformarlos; aplazarlos hasta que la volatilidad internacional afloje; o combinar reales decretos inmediatos con un paquete presupuestario parcial que gane tiempo. Cada opción acarrea costes: desde la presión del Tribunal Constitucional hasta la erosión del diálogo con grupos imprescindibles para aprobar las cuentas.
Además, la agenda electoral complica movimientos. Montero combina responsabilidades de Gobierno con el liderazgo regional del PSOE en Andalucía, lo que añade otra variable al calendario. Según fuentes cercanas, esa doble ocupación condiciona la capacidad de maniobra en un mes —octubre— que, de nuevo, aparece como fecha límite por vencimiento de plazos legales.
En definitiva, la cuestión no es solo técnica sino de gobierno: cómo equilibrar la prudencia ante una crisis internacional con la necesidad de certidumbre para administraciones, empresas y ciudadanos. Galicia percibe ya los efectos; el resto de España no tardará en medirlos en el día a día si la incertidumbre presupuestaria se prolonga. La decisión final del Ejecutivo sobre el momento de presentar las cuentas marcará el pulso político y económico de los próximos meses.
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