Stellantis ha iniciado esta mañana la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la planta de Vigo que contempla la salida voluntaria de hasta 90 trabajadores. La compañía sostiene que la medida responde a una “petición social” y anuncia que el proceso, basado en la doble voluntariedad, se prolongará a lo largo de 2026; la comisión negociadora quedó constituida y las partes se citaron, a falta de confirmación oficial sobre otros plazos, para el 27 de marzo.
Negociación y calendario
En la primera reunión, celebrada en las instalaciones de Balaídos, la empresa entregó la documentación técnica y organizativa que da forma al expediente. Los sindicatos tienen ahora margen para estudiar los datos y plantear una propuesta sobre el número definitivo de trabajadores que se acogerán a la salida y las condiciones económicas asociadas. Fuentes sindicales consultadas por este periódico apuntan a que la negociación incluirá fórmulas de indemnización y opciones de retorno preferente, ya empleadas en acuerdos previos.
La doble voluntariedad se entiende como la aceptación simultánea de la baja por parte del trabajador y la validación por la empresa dentro del cupo previsto. En ejercicios anteriores, los acuerdos incorporaron una extinción incentivada para empleados próximos a la jubilación y compensaciones para quienes aceptaron salir con compromiso de retorno: una cláusula que permitía reincorporarse a los 36 meses con una compensación equivalente a 1,25 anualidades del salario bruto.
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Conoce más →El antecedente más inmediato sirve de referencia: en 2025 se acogieron a un plan de bajas incentivadas 56 empleados. Esa cifra marca expectativas y límites de la negociación actual, que prevén reuniones periódicas para cerrar condiciones y calendario operativo.
Antecedentes y contexto
A grandes rasgos, la medida complementa el ERTE que la compañía prorrogó para 2026 y que contempla, entre otras cosas, la aprobación de 75 jornadas de suspensión de trabajo por empleado. Ese expediente obtuvo el visto bueno de los sindicatos mayoritarios en la planta —SIT y UGT— mientras que CC.OO. y la CUT manifestaron su rechazo: los primeros consideran la iniciativa incongruente con el calendario de alta producción que se anunció a finales de 2025; los segundos la califican de “flexibilidade adicional” sobre la plantilla.
Cabe recordar que la factoría de Vigo no es un caso aislado: desde la pandemia y la crisis de semiconductores la automoción ha vivido sucesivos ajustes que forzaron ERTE, bajas incentivadas y reestructuraciones en la cadena de suministro. En paralelo, el grupo atraviesa un proceso de contención de pérdidas; el año pasado Stellantis registró números negativos significativos, superiores a 22.300 millones de euros, y su presidente, John Elkann, trasladó a los inversores que hay un plan de recuperación en marcha para acompasar la producción de vehículos eléctricos a la demanda real.
Para los trabajadores de Balaídos y para la red de proveedores locales, la tensión es doble: adaptar la plantilla a la transición tecnológica sin sacrificar la masa crítica industrial que sostiene a las Rías Baixas. Según fuentes cercanas a la negociación, la empresa apuesta por salidas ordenadas e incentivadas para evitar despidos forzosos, mientras que los sindicatos reclaman salvaguardias para el empleo y medidas de recolocación y formación para quienes se encuentren en edades más jóvenes.
Repercusiones y próximos pasos
Las posibles salidas tendrán impacto directo en la economía local. Vigo y su área metropolitana siguen vinculadas estrechamente a la actividad de la factoría; cualquier reducción de plantillas reverbera en talleres auxiliares, empresas de componentes y el comercio asociado. Por eso los ayuntamientos y la Xunta suelen seguir de cerca estas negociaciones y, en ocasiones, mediar o proponer iniciativas de apoyo al empleo.
La comisión negociadora volverá a encontrarse el 27 de marzo. En ese nuevo encuentro, la negociación debería concretar el número de adhesiones previstas, los importes de las indemnizaciones y las condiciones del derecho de retorno, además de posibles medidas complementarias de formación o recolocación. El éxito del acuerdo dependerá tanto de las cifras económicas como de las garantías sociales que ofrezcan ambas partes.
“Con los cambios ya implementados y el renovado enfoque en la excelencia en la ejecución y el producto, la compañía está en condiciones de fabricar vehículos atractivos”, escribió John Elkann a los accionistas, al tiempo que reconocía que 2025 fue su “año más difícil”.
Para miles de familias vinculadas a la industria del automóvil en Galicia, la negociación será un termómetro de la capacidad de la factoría para adaptar sus ritmos a la demanda sin quebrar el empleo. No es la primera vez que Vigo atraviesa procesos de ajuste; la historia reciente muestra que la tensión se puede traducir en acuerdos que mitiguen el impacto social. Aun así, la clave estará en si la doble voluntariedad se traduce en salidas reales y dignas o en presiones que acaben forzando decisiones dolorosas. La próxima semana marcará el primer indicador claro de cómo avanzará este capítulo decisivo para la comarca.
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