Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le permita declarar por escrito en la causa que investiga la supuesta compra irregular de mascarillas, en la que están procesados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor y un empresario. La solicitud, registrada ante el alto tribunal y a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea que la declaración se haga mediante el envío del formulario de preguntas correspondiente, que él respondería por escrito en el plazo legal. El ministro fundamenta su petición en las exenciones procesales previstas para quienes han sido presidentes autonómicos y para los miembros del Gobierno central. La decisión busca, según su escrito, conciliar la obligación de declarar con las limitaciones que impone su actual cargo.

En el escrito remitido a la Sala, Torres solicita expresamente que se le remita el «oportuno pliego de preguntas» para contestarlo por escrito y que su respuesta sea remitida en la forma que señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fuentes judiciales consultadas por la agencia señalan que la petición se ha presentado en los plazos oportunos y que ahora corresponde al tribunal valorar si admite la forma escrita frente a la comparecencia presencial. El documento trae a colación la previsión legal que permite dispensar a ciertos cargos de tener que personarse ante el órgano judicial en calidad de testigos.

El argumento central del ministro se basa en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluye entre las personas exentas de declarar de manera presencial a los presidentes de las comunidades autónomas y también contempla una exención para los miembros del Gobierno. En el escrito, Torres recuerda que fue presidente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, periodo al que, según él, se circunscriben los hechos que se juzgan. Esa doble condición, la de expresidente autonómico y la de actual miembro del Ejecutivo central, es la que ampara su petición de testificar por escrito.

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El procedimiento en el que figura la solicitud se sigue contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación y compra de material sanitario durante la etapa en cuestión. El tribunal programa la declaración de testigos para el próximo 22 de abril, fecha en la que también está citada a testificar la presidenta del Congreso y exconsejera balear Francina Armengol. Fuentes del caso confirman que tanto la comparecencia presencial como las alternativas que propongan los testigos quedan sujetas al criterio del magistrado instructor y a las reglas de admisión de prueba del Supremo.

En su escrito, Torres añade que, según lo conocido por los medios de comunicación relacionadas con la causa, los hechos que se investigan «versan sobre el periodo» de su mandato al frente del Gobierno canario y que, por razón del cargo, podría haber tenido conocimiento de algunos aspectos. Con ese argumento subraya la conexión entre el objeto del proceso y el tiempo en que ejerció la presidencia autonómica, lo que, a su juicio, justifica la aplicación de la exención. El ministro opta así por una fórmula que evita la comparecencia física pero no exime su disposición a responder sobre los hechos investigados.

La petición pone sobre la mesa la interpretación que los tribunales hacen de las exenciones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y cómo se articulan en casos que afectan a antiguos responsables autonómicos cuando la causa alcanza relevancia nacional. Juristas consultados habitualmente por los medios recuerdan que la norma contempla mecanismos para proteger la actuación institucional, pero que la admisión de pruebas escritas depende de la ponderación del interés de la investigación y del derecho de la defensa a un proceso contradictorio. En otros procedimientos, la Sala ha valorado caso por caso hasta decidir si la declaración por escrito resulta suficiente para el esclarecimiento de los hechos.

El traslado de la decisión al Tribunal Supremo abrirá ahora un periodo en el que la Sala debe resolver si acepta la modalidad solicitada por Torres o requiere su comparecencia presencial. La resolución tendrá efectos prácticos sobre la organización de la vista y sobre la posibilidad de contrainterrogatorio en sala por parte de las partes personadas. Si la Sala acepta las respuestas por escrito, el tribunal fijará los términos y plazos en que deben formularse las preguntas y en que se debe producir la remisión de las contestaciones.

El caso de las mascarillas mantiene la atención por la implicación de altos cargos y por la cuantía y circunstancias de las compras en cuestión, y la decisión del Supremo marcará un precedente sobre cómo encajar las garantías procesales con las exenciones derivadas de cargos institucionales. Mientras tanto, las partes aguardan la notificación formal del auto que dictamine sobre la forma de declaración, y la causa seguirá su curso hasta la celebración de la vista prevista en abril, con la posibilidad de que la Sala fije más diligencias según la evolución de la admisión de pruebas.