Nueve empleados del servicio de la ORA de Ourense llevan a los tribunales el despido que sufrieron tras un expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la empresa concesionaria, y el juzgado deberá decidir el próximo 23 de marzo si hubo vulneración de derechos y si procede su readmisión. La denuncia se centra en la supresión unilateral del servicio por parte del Concello, que según los demandantes y el BNG se realizó sin los informes técnicos necesarios. El proceso judicial llega con la administración local ya dispuesta a asumir las indemnizaciones reclamadas, aunque los trabajadores sostienen que aún no han percibido cantidades. La decisión del tribunal determinará no sólo responsabilidades laborales, sino también el futuro de la gestión del aparcamiento y la grúa en la ciudad.

El portavoz del BNG en el Concello, Luis Seara, calificó la actuación municipal de «realizada por la puerta de atrás» y advirtió de que la eliminación del servicio se produjo sin la tramitación técnica adecuada. Seara sostiene que la retirada de la ORA obedeció a un criterio más político que técnico y que esa decisión desencadenó el ERE que permitió a la empresa despedir a los trabajadores. En su relato, la falta de transparencia y de documentación previa agrava la posición del Ayuntamiento ante el juez. El grupo nacionalista ha puesto el acento en que, si se confirma la vulneración de derechos, la readmisión será la única vía para reparar el perjuicio.

El Concello, según señaló el propio BNG, ya ha aceptado hacerse cargo de las compensaciones económicas derivadas del conflicto laboral y asumirá la cantidad de 314.000 euros en concepto de indemnizaciones si así lo determina la sentencia o si alcanzan acuerdos extrajudiciales. Pese a ese anuncio, los afectados aseguran que todavía no han cobrado ninguna cuantía y que la incertidumbre laboral se mantiene. La cifra que se reclama contempla las retribuciones y compensaciones por el despido colectivo que ejecutó la empresa concesionaria después de la supresión del servicio. La posible readmisión multiplicaría el impacto administrativo y financiero sobre la gestión municipal.

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El BNG ha puesto además el foco en el estado del servicio de grúa, que se mantiene en condiciones que describen como «críticas». Los representantes municipales nacionalistas alertan de que el material utilizado está obsoleto y de que las grúas acumulan un desgaste extremo, con una media de un millón de kilómetros según sus afirmaciones, lo que habría provocado incidentes por fallos técnicos. Esa precariedad, sostienen, afecta a la seguridad vial y a la prestación adecuada del servicio de retirada de vehículos. La gestión fragmentada del aparcamiento y la grúa, añaden, ha incrementado los riesgos operativos para usuarios y operarios.

La supresión de la ORA también ha tenido consecuencias visibles en el centro urbano, donde la falta de control de la rotación de vehículos ha convertido zonas céntricas en lo que Seara definió como un «garaje al aire libre». Comerciantes y vecinos han mostrado su preocupación por el descenso de la movilidad y por la dificultad para encontrar plazas libres, lo que repercute en la actividad comercial. El BNG argumenta que la política aplicada no solo afecta a los trabajadores despedidos, sino a la gestión ordinaria del tráfico y al uso del espacio público. Esa percepción ciudadana alimenta el debate sobre si la eliminación del servicio fue oportuna y planificada.

Además del coste en indemnizaciones, el grupo municipal nacionalista cuestiona la nueva factura de adjudicar solo el servicio de grúa, que según sus cálculos implicaría un desembolso de 1,4 millones de euros, una cifra prácticamente equivalente a la que antes cubría ambos servicios en conjunto. Según el BNG, ese cambio de modelo contractual no se ha justificado con criterios económicos sólidos y podría suponer un encarecimiento para las arcas municipales. La comparación entre lo que costaba antes el servicio integral y lo que se pagaría ahora por la grúa alimenta las críticas sobre la gestión municipal. El debate sobre la eficiencia y la transparencia del contrato se ha instalado en la agenda local.

La empresa concesionaria fue la responsable de ejecutar el ERE tras la modificación del servicio y, de forma paralela, el Concello tendrá que hacer frente a las consecuencias jurídicas y administrativas que deriven de la resolución judicial. Si el tribunal declara la vulneración de derechos, la orden de readmisión podría obligar a la reversión de decisiones ya asumidas por la administración local. En ese escenario, la conciliación entre el interés público por mantener servicios y la obligación de respetar derechos laborales será el principal desafío. Las posibles vías de acuerdo entre las partes, no obstante, siguen abiertas hasta la fecha señalada para el fallo.

Los trabajadores afectados, nueve en total, mantienen la demanda como vía para reclamar la reparación por el despido y para exigir que se restablezcan sus puestos si así lo determina la justicia. La situación ha generado malestar en el colectivo y el temor de que la falta de resolución afecte a sus economías familiares. Aunque el Concello ha anunciado que asumirá las indemnizaciones si procede, la tensión social y laboral permanece latente en Ourense. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si el conflicto se soluciona en los tribunales o mediante un acuerdo que evite la readmisión.

El 23 de marzo se perfila, en consecuencia, como una fecha clave para decidir el futuro inmediato del servicio de aparcamiento y de la grúa en la ciudad y para dirimir responsabilidades administrativas y laborales. Más allá de la resolución judicial, la polémica ha puesto en evidencia la necesidad de procedimientos más claros y de mayor transparencia en la contratación y gestión de servicios municipales. El resultado de la causa podría marcar un precedente en la forma en que Ourense aborda la externalización y supervisión de prestaciones que afectan a la vida urbana. Mientras tanto, la ciudad sigue con la prestación de la grúa en condiciones que, según sus críticos, requieren una revisión urgente.