Los representantes del transporte por carretera en Galicia reciben con inquietud y enfado las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la subida del combustible. Tras la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 7/2026, la organización Vieiros Unidade Galega de Transportistas ha denunciado que las decisiones adoptadas favorecen, en la práctica, a los vehículos particulares y dejan al sector profesional en una posición desfavorable.
Qué incluye el decreto y por qué los transportistas lo consideran insuficiente
El paquete aprobado reduce temporalmente el tipo de IVA del 21% al 10% en la venta al público de carburantes y contempla una rebaja del impuesto de hidrocarburos de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo. A primera vista, medidas que deberían provocar un alivio generalizado. No obstante, las asociaciones del transporte, y en particular la citada agrupación gallega, sostienen que la rebaja del IVA es irrelevante para las empresas del sector porque, según explican, el impuesto es neutro para ellas: lo repercuten y lo deducen en su contabilidad, por lo que apenas supone un beneficio efectivo más allá de no tener que adelantarlo a Hacienda.
La crítica más nítida se centra en la eliminación, de facto, del margen del gasóleo profesional mientras dure la medida —hasta el 30 de junio, según el decreto— y en la bajada del precio de venta al público. Ese margen, empleado hasta ahora como instrumento para sostener descuentos a empresas y flotas, queda desdibujado, afirman los transportistas, lo que complica la aplicación de la llamada cláusula de indexación en los contratos con cargadores y grandes clientes.
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Conoce más →En paralelo, el Ejecutivo ha previsto ayudas directas que el sector considera insuficientes: una bonificación de 20 céntimos por litro para vehículos de más de 7,5 toneladas hasta el 30 de junio y pagos únicos de 665 euros para vehículos entre 3,5 y 7,5 toneladas y de 450 euros para los más ligeros. Según Vieiros, estas cuantías quedan por debajo de las aplicadas en episodios previos —como durante la guerra en Ucrania en 2022/23— cuando, subrayan, el precio del diésel era menor que en estos momentos.
Antecedentes y el debate sobre la cláusula de indexación
El argumento técnico sobre la neutralidad del IVA no es nuevo en el sector. Desde hace años las empresas de transporte se quejan de que las políticas fiscales que buscan abaratar el precio en surtidor no siempre se traducen en respaldo directo a quienes soportan el coste operativo más intensivo del combustible: los autónomos y las pequeñas flotas que forman el grueso del tejido transportista gallego. Galicia, con su dispersión territorial y su fuerte dependencia del transporte por carretera para el tejido industrial, agroalimentario y pesquero, tiene muchos profesionales en esa situación.
Además de la pérdida del margen del gasóleo profesional, Vieiros denuncia que el Gobierno rechazó la petición de incrementar en 10 puntos porcentuales el índice de la cláusula de indexación del combustible, un mecanismo que permite repercutir aumentos del precio del carburante en los contratos. Para las empresas, esa subida habría sido una manera de que el encarecimiento llegara al cliente final, especialmente a grandes distribuidores y operadores, y no se triturara en los márgenes de las empresas de transporte.
La cláusula de indexación es, en la práctica, la herramienta que muchas empresas utilizan para ajustar tarifas con regularidad cuando los precios del combustible son volátiles. Si su utilidad queda «totalmente desvirtuada», como apuntan desde Vieiros, habrá transportistas que se vean obligados a asumir costes crecientes sin posibilidad de traslación, con el consecuente deterioro de márgenes y riesgo para la viabilidad de pequeñas compañías.
Repercusiones en Galicia y próximos pasos del sector
En Galicia, donde el transporte por carretera conecta puertos como el de Vigo y el de A Coruña con centros industriales y núcleos rurales, las alertas no son solo teóricas. Muchas empresas locales son pymes y autónomos que ya habían advertido el impacto de la reciente escalada del diésel: desde las explotaciones agrarias hasta las empresas de distribución que sirven al comercio de proximidad. La imposición de condiciones para recibir las ayudas, como la prohibición de despedir entre el 22 de marzo y el 30 de junio, añade además una tensión sobre la gestión laboral en un momento delicado.
La organización gallega ha pedido al Ejecutivo que rectifique antes de que finalice marzo y, si no hay cambios, anuncia movilizaciones y una posible paralización de la actividad a nivel estatal. No es la primera vez que el sector convoca protestas masivas: la memoria reciente trae escenas de bloqueos y concentraciones que lograron poner sobre la mesa ayudas más amplias, pero también dejaron clara la fragilidad de un sector atomizado y con mucha presencia de autónomos.
Las administraciones locales y autonómicas en Galicia tendrán que calibrar su papel en las próximas semanas. Existe margen para actuaciones complementarias —bonificaciones en peajes, fiscalidad autonómica sobre actividades relacionadas o ayudas a flotas—, aunque la competencia principal sobre impuestos como el IVA y el impuesto de hidrocarburos corresponde al Estado.
El reloj corre. A falta de confirmación de negociaciones entre patronales nacionales y el Ministerio, los transportistas gallegos han dejado claro que la paciencia se agota. Si el Gobierno no introduce cambios que permitan una ayuda real y directa a quien realmente consume el combustible en su actividad cotidiana, las consecuencias se notarán en la cadena logística: aumentos de costes para el pequeño comercio, presión sobre la competitividad de la industria gallega y, en último término, un riesgo de desabastecimiento puntual en zonas más aisladas.
Sea cual sea el desenlace, la polémica sitúa de nuevo sobre la mesa una cuestión política y técnica: cómo diseñar medidas que no solo reduzcan el precio en la bomba sino que protejan a quienes sostienen la economía real en el territorio. Los próximos días serán decisivos para saber si las promesas se traducen en cambios tangibles o si la protesta se transforma en un paro que volverá a poner en jaque rutas y suministros en Galicia.
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