José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización Santos Cerdán figuran entre los imputados en una pieza judicial por once obras públicas cuyos modificados elevaron en conjunto los costes finales en 126 millones de euros, según un informe fechado el 2 de marzo de la Intervención General del Estado (IGAE). El documento, elaborado para apoyar la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, analiza las alteraciones contractuales de proyectos adjudicados por Adif y la Dirección General de Carreteras durante la etapa de Ábalos como ministro. La causa se instruye en la Audiencia Nacional, donde el magistrado Ismael Moreno sigue una pieza separada por presuntas irregularidades en contratos de obra pública.
La IGAE examina uno a uno los denominados «modificados» incluidos en los contratos y concluye que, aunque aumentaron el coste final de las obras, en ningún caso cada modificación individual sobrepasó el umbral del 20% del presupuesto inicial que habría anulado la adjudicación. No obstante, el análisis apunta a prácticas recurrentes: las empresas detectarían defectos previos a la ejecución que luego justificaron cambios y aumentos en el importe de las obras.
El pasado 6 de marzo el juez Moreno consignó en el procedimiento la imputación de los primeros citados y de otros doce excargos y empresarios vinculados a las adjudicaciones y a las empresas contratistas. Entre ellos figuran los exsecretarios de Estado Isabel Pardo de Vera y Francisco Javier Herrero Lizano, el comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama, los propietarios de Obras Públicas y Regadíos (OPR), Antonio y Daniel Fernández Menéndez, y directivos y socios ligados a varias constructoras.
Salado Golf & Beach Resort
Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.
Conoce más →Hallazgos técnicos y forma de adjudicación
La IGAE detalla que en varios contratos los criterios que decidieron la adjudicación estuvieron marcados por juicios de valor técnicos, una valoración subjetiva que, según los auditores, dificulta la transparencia del proceso. En dos expedientes el informe señala que la diferencia de puntuación por esos criterios parece difícil de justificar salvo para un licitador concreto, lo que plantea dudas sobre la competencia efectiva entre empresas.
Además de los vicios detectados en las valoraciones, el informe subraya que algunas obras sufrieron modificaciones posteriores que se prolongaron hasta 2024, lo que aumentó la factura final. Los técnicos de Hacienda señalan que esas variaciones se incorporaron contractualmente y no se ejecutaron como encargos extraordinarios fuera del contrato adjudicado, circunstancia que complica distintas vías de responsabilidad administrativa o penal.
En su análisis, la Intervención recuerda que si una modificación supera el 20% del presupuesto inicial la adjudicación debe ser anulada, lo que no ocurrió formalmente en estos expedientes. Sin embargo, los auditores advierten de que la repetición de cambios al alza y la prevalencia de criterios subjetivos abren la puerta a investigarlo en sede penal y a revisar la fiscalización administrativa.
Implicaciones judiciales y políticas
El informe ha reforzado las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción y alimenta la instrucción que dirige la Audiencia Nacional. La causa abarca tanto a responsables políticos que ocuparon cargos en el Ministerio como a empresarios y directivos de las compañías adjudicatarias, por lo que podría derivar en imputaciones formales y en la práctica de nuevas pruebas y declaraciones.
Desde el punto de vista político, la investigación sacude la gestión de contrataciones durante el mandato de Ábalos y plantea preguntas sobre los mecanismos de control en obras públicas de gran envergadura. Fuentes judiciales consultadas recuerdan que la existencia de modificaciones contractuales no es en sí misma delito, pero sí lo pueden ser su uso sistemático para beneficiar a determinadas empresas o la falta de justificación técnica adecuada.
La instrucción continúa con la remisión del informe de la IGAE a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y con la posible citación de nuevos investigados. En los próximos pasos, los fiscales y el juez deberán valorar si la documentación acreditada permite formular cargos penales o si el expediente seguirá su curso por vías administrativas y de responsabilidad patrimonial.
El caso pone de relieve la tensión entre la necesidad de afrontar imprevistos técnicos en obras públicas y la obligación de garantizar licitaciones competitivas y controles que preserven el interés público y la correcta gestión de los recursos.
¿Buscas una Inversión Segura?
Salado Golf & Beach Resort te ofrece la oportunidad de invertir en el Caribe con rentabilidad garantizada del 12% anual
Solicitar Información Ahora
