Jesús V.L. se sentará en el banquillo en octubre acusado de un presunto delito de calumnias por siete miembros de la junta rectora de la comunidad de montes vecinales en mano común de Coto Novelle, tras no alcanzarse un acuerdo en la vista preliminar celebrada este lunes en Ourense. La causa, que se seguirá en la Sección Penal (plaza 1) del Juzgado de Primera Instancia de Ourense, llega a la vista oral sostenida únicamente por la acusación particular, ya que la Fiscalía no presentó cargos. El pleito nace, según la querella, de una campaña de panfletos colocados en septiembre de 2022 en diferentes núcleos de Cartelle. En el centro del conflicto está el trasfondo de un proyecto eólico que genera tensiones entre vecinos y directivos del monte.

La denuncia sostiene que el procesado distribuyó pasquines firmados con su nombre en tablones de anuncios, postes y marquesinas de autobuses, en los que atribuyó a la directiva conductas delictivas como “usurpación, allanamiento y prevaricación” respecto de fincas colindantes al monte comunal. Los querellantes sostienen que esas imputaciones se realizaron con temerario desprecio hacia la verdad y perjudicaron su honor y crédito social. En la vista preliminar no hubo conformidad y el caso pasó a la fase de juicio oral, donde ambas partes expondrán sus pruebas y argumentos ante el tribunal. El litigio ha encendido el debate local sobre la gestión de terrenos y derechos de uso en la zona.

Los miembros de la junta rectora argumentan que los límites del monte quedaron fijados por el Jurado Provincial de Montes en 1979, mucho antes de que los actuales directivos ocuparan sus cargos, y por ello consideran infundadas las acusaciones de apropiación de fincas privadas. Alegan que las afirmaciones de Jesús V.L. les han causado un perjuicio reputacional que justifica la acción penal. Por ese daño solicitan al juez una pena de prisión o multa, así como una indemnización por el quebranto sufrido. La querella detalla el círculo de comuneros afectados y sitúa el conflicto en varios núcleos del municipio.

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Concretamente, los querellantes piden para el acusado una pena de seis meses de prisión o, subsidiariamente, una multa equivalente a doce meses a razón de cinco euros diarios, además de una indemnización conjunta de 3.500 euros —500 euros para cada uno de los siete denunciantes— y el pago de las costas procesales. Estas pretensiones económicas y penales son las que quedarán sujetas a prueba en la vista oral prevista para octubre. La ausencia de acusación fiscal convierte la causa en un litigio entre particulares con especial carga simbólica para la comunidad local. El planteamiento de la pena busca también restablecer, según los querellantes, el daño sufrido en su honor.

La defensa de Jesús V.L. ha pedido la libre absolución basándose en la exceptio veritatis, es decir, en la posibilidad de acreditar la veracidad de las afirmaciones difundidas. El escrito de defensa niega cualquier intención de difamar y sostiene que las actuaciones del acusado perseguían proteger sus propiedades y las de otros vecinos frente a lo que él interpreta como un intento de apropiación irregular de terrenos. Los letrados mantienen que el acusado actuó movido por un interés en salvaguardar derechos reales sobre fincas colindantes y no con ánimo de injuriar a nadie. La estrategia de defensa plantea así que la información difundida respondía a hechos comprobables.

En su argumentación, la defensa incorpora además la hipótesis de que la junta rectora habría perseguido un interés económico al intentar reclasificar fincas particulares como monte comunal sin un deslinde previo, con la finalidad de arrendar esos terrenos a la empresa Aratel para la instalación de aerogeneradores. Según esa versión, el objetivo último sería el proyecto eólico “AMR 7 PE Arnoia”, ahora rebajado de siete a cuatro aerogeneradores, que generó un fuerte debate público por su ocupación de terreno y posibles afecciones al uso tradicional del monte. La defensa cuestiona asimismo la legitimidad formal de la junta y sostiene que el titular registral del monte sería el Concello de Cartelle.

Desde el punto de vista procesal, la vista oral se celebrará en octubre y será la encargada de dilucidar si las manifestaciones del acusado constituían injurias o si estaban justificadas por la veracidad de los hechos que denunciaba. La Fiscalía, al no formular cargos, dejó en manos de la acusación particular la continuidad del procedimiento, lo que resalta el carácter comunitario y local del conflicto. Las partes aportarán documentos, testimonios y, previsiblemente, pruebas sobre la titularidad y los deslindes de las parcelas en cuestión. Para los vecinos, el juicio será también una oportunidad para aclarar responsabilidades y límites en la gestión del monte.

El caso pone de manifiesto las fricciones que generan en Galicia los proyectos eólicos sobre terrenos comunales y privados, donde se entrelazan intereses ambientales, económicos y patrimoniales. En municipios como Cartelle, las disputas sobre límites y arrendamientos pueden tensar las relaciones entre comuneros y generar procesos judiciales que terminan por afectar la convivencia. Sea cual sea el fallo, la resolución judicial marcará un precedente relevante para cómo se abordan las reclamaciones de propiedad y la comunicación pública entre vecinos ante proyectos de infraestructuras energéticas. Mientras tanto, el municipio espera que el proceso aporte certezas sobre quién tiene la razón y sobre la legalidad de las prácticas denunciadas.