El PSOE de Castilla y León llega a las urnas con heridas abiertas tras un cambio de dirección impulsado desde Madrid, pero con la organización aparentemente unida por la posibilidad de mejorar resultados. Hace poco más de un año, en febrero de 2025, la Ejecutiva regional fue renovada tras la salida forzada del anterior líder, un episodio que dejó fosas entre distintas provincias. Las encuestas y los sondeos internos sitúan al partido en un empate técnico con el PP y alimentan la esperanza de mantener escaños clave. La movilización contra la guerra y el voto útil en la izquierda, junto al desgaste del Gobierno autonómico, son las causas que explican este cierre de filas.

La sustitución no fue asumida con naturalidad. La dirección federal presionó para la salida de Luis Tudanca, pese a que su mandato incluyó la primera victoria socialista sobre el PP en 2019 y una contienda muy ajustada en 2022. El choque entre Tudanca y el aparato federal se agudizó en cuestiones como la financiación autonómica y, sobre todo, por la resistencia a que Ferraz modificase las listas para las generales de julio de 2023, un enfrentamiento en el que también estuvo en primera línea el entonces secretario de Organización. La refriega interna contribuyó a que el relevo en la Ejecutiva regional tuviese más de intervención que de relevo natural.

Desde entonces, la nueva dirección ha trabajado con una estructura que, por su propia naturaleza, es muy fragmentada: nueve organizaciones provinciales con intereses y prioridades distintas. Las encuestas publicadas y los seguimientos internos sitúan al PSOE prácticamente empatado con el PP, en una comunidad donde el reparto de escaños puede girar por unos pocos votos en cada circunscripción. En el Parlamento autonómico el PSOE mantiene 28 escaños frente a los 31 del PP, en una cámara donde la mayoría absoluta se alcanza con 42 diputados. La posible irrupción de Vox en torno al 20% del voto añade otra variable que puede alterar significativamente la distribución.

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A pesar de las discrepancias, buena parte de las voces críticas internas han optado por colaborar con la dirección regional de cara a la cita electoral. Fuentes internas reconocen que, salvo sorpresas, primará la responsabilidad hasta el cierre de los colegios; es decir, que no se buscarán confrontaciones públicas que puedan perjudicar el resultado. No obstante, los alcaldes de León y Salamanca, entre otros dirigentes provinciales, mantienen un tono de crítica muy duro hacia la intervención de Ferraz, aunque por ahora esa tensión no se ha traducido en un boicot explícito a la campaña regional.

La campaña ha puesto énfasis en mensajes que van más allá de lo estrictamente autonómico. La presencia del presidente federal en actos y el protagonismo del lema contra la guerra en mítines, como el celebrado en Soria, han servido para articular un discurso que busca combinar lo nacional y lo regional. La dirección socialista confía en que ese discurso movilice al electorado progresista y recupere votos que, en otros contextos, podrían haberse dispersado hacia candidaturas menores o la abstención.

En el frente electoral, la hipótesis que mejor garantizaría la calma interna es que Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, mantenga los 28 diputados actuales o incluso mejore la cifra, algo que los propios socialistas consideran difícil pero no imposible. Si el PP pierde apoyos y el PSOE aguanta, la tensión que generó el relevo impuesto desde Madrid quedaría amortiguada, aunque no eliminada. En cambio, una pérdida de escaños reactivaría las disputas provinciales y abriría de nuevo la caja de los reproches entre sectores del partido.

La fragilidad territorial del PSOE en la comunidad también se percibe en lo municipal: el partido solo gobierna en tres de las nueve capitales provinciales, un dato que refleja la menor implantación local frente al PP en algunos territorios. Esa debilidad en las corporaciones limita la capacidad de movilización y obliga a la dirección regional a apoyarse en la campaña nacional y en los liderazgos autonómicos para intentar equilibrar la balanza. A medio plazo, la reorganización del partido en las provincias será clave para consolidar cualquier mejora electoral.

Finalmente, la cita electoral pondrá a prueba si la intervención de Ferraz fue una solución que permitió reconducir la carrera hacia la Junta o si, por el contrario, sembró divisiones que terminarán por pasar factura. En el partido son conscientes de que, en una comunidad con nueve circunscripciones y márgenes estrechos, unos pocos miles de votos pueden decidir la correlación de fuerzas. Sea cual sea el desenlace, el resultado marcará no solo la gobernabilidad de Castilla y León, sino también el grado de autoridad que la dirección federal podrá preservar sobre los ámbitos autonómicos.