Un repartidor de medicamentos será juzgado el 28 de octubre por un atropello ocurrido el 21 de abril de 2023 junto a la farmacia de Toén, que provocó la muerte de una mujer octogenaria. La Fiscalía califica los hechos como homicidio por imprudencia menos grave, mientras que la defensa sostiene que se trató de una imprudencia leve sin reproche penal y los hijos de la fallecida piden una pena mayor. El vehículo, según el sumario, dio marcha atrás a ciegas y arrolló a la peatona cuando reanudaba su reparto.

El suceso se produjo a las 10:10 horas en el kilómetro 9,4 de la OU-0519, cuando el conductor había estacionado ocupando parte del arcén izquierdo y en sentido contrario a la marcha para dejar medicamentos en una farmacia. Al reincorporarse, inició una maniobra de marcha atrás que terminó con el impacto por la espalda de la peatona. La víctima fue arrastrada entre cuatro y cinco metros y sufrió politraumatismos y fracturas que le causaron la muerte.

La fallecida fue identificada como María Carmen C.LL., de más de 80 años, que caminaba apoyada en un bastón en el momento del atropello. En el procedimiento están personados los dos hijos de la mujer como acusación particular, y también su hermano, que padece una minusvalía, lo que influye en la petición de indemnización. La aseguradora señalada en la causa es Occident GCO SAU, que deberá responder por las indemnizaciones y, subsidiariamente, la empresa empleadora del acusado.

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Cómo ocurrió el accidente

Según la acusación particular ejercida por los hijos, el vehículo inició la marcha atrás sin comprobar la visibilidad y con prisas, lo que provocó el arrollamiento. El conductor, que trabajaba como repartidor de medicamentos, había dejado la furgoneta en el arcén contrario para entregar pedidos y, al retomar la marcha, efectuó un cambio de sentido que los familiares califican de temerario.

«maniobra apresurada»

La Fiscalía subraya en su escrito que la víctima cruzaba por el arcén tras el vehículo a pesar de que existía acera y un paso de peatones próximo, y considera que el conductor no se cercioró de que su maniobra era segura. El informe pericial y las declaraciones recogidas en la instrucción describen el impacto y el arrastre que produjo lesiones incompatibles con la vida.

Cargos, peticiones y calendario judicial

El Ministerio Fiscal solicita que los hechos se consideren homicidio por imprudencia menos grave y pide como pena una multa de nueve meses, valorada a razón de 8 euros diarios, y la retirada del carné durante nueve meses. Por su parte, la acusación particular eleva la calificación a homicidio por imprudencia grave y reclama un año de prisión o, subsidiariamente, 18 meses de multa y la retirada del permiso de conducción.

La defensa, en cambio, sostiene que la maniobra supuso una imprudencia leve y que no concurren las circunstancias que justificarían reproche penal. Ayer se rechazó un acuerdo de conformidad y, por ello, el caso irá a juicio, que está señalado en la Sección Penal (plaza 1) para el 28 de octubre.

Durante la vista se examinarán las responsabilidades penales y civiles, incluidas las indemnizaciones que corresponderán por la muerte de la mujer. Además de las peticiones de pena, el tribunal deberá valorar las pruebas técnicas y las versiones de los testigos para determinar el grado de culpa del conductor y la posible concurrencia de atenuantes o agravantes.

La causa abre un debate local sobre la seguridad vial y el riesgo que suponen las maniobras de vehículos de reparto en carreteras secundarias y tramos urbanos con acera próxima. En el proceso, la aseguradora y la empresa del repartidor podrían responder económicamente por las indemnizaciones que fije el tribunal, según establece la normativa de responsabilidad civil derivada de accidentes de tráfico.