Unións Agrarias protagonizó este sábado una protesta simbólica junto a un centro de Cash Galicia en el parque empresarial de A Sionlla, en Santiago, donde varios miembros derramaron litros de leche para visibilizar lo que califican de “desorbitada bajada” del precio del litro en el mercado. La acción busca llamar la atención sobre la presión que, según el sindicato, ejercen los productos procedentes de Portugal y Francia, vendidos con origen «Unión Europea» y a precios con los que no pueden competir cientos de explotaciones gallegas.
Protesta y demandas: precio, etiquetado y controles
Convocados por Unións Agrarias, los ganaderos y representantes del sector lácteo se concentraron en el acceso al mayorista para escenificar su malestar. El responsable del sector lácteo del sindicato, Óscar Pose, calificó de “imposible” que la leche producida en Galicia pueda ajustarse a la horquilla de 76-79 céntimos por litro, que es el precio al que algunos cartones están llegando al consumidor.
«Solo con leche a 30 céntimos de Portugal se pueden poner estos precios aquí»,
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dijo Pose durante la protesta, añadiendo que la práctica de etiquetar el producto como «origen Unión Europea» en lugar de «origen España» genera lo que definió como un “engaño al consumidor” y permite que leche foránea entre en la cadena alimentaria a “bajo precio”. El sindicato reclama a la Xunta que active, de forma inmediata, la campaña de control a la que, según aseguran, el gobierno gallego se comprometió en una reunión la semana anterior.
Además del etiquetado, la protesta respondía al anuncio de las industrias de una rebaja de precio al ganadero de entre 4 y 11 céntimos, una bajada que, según Unións, deja muchas explotaciones por debajo del coste de producción. Desde el sindicato advierten que no permitirán que la leche sea utilizada como “producto de reclamo” en la distribución y amenazan con responder “de forma contundente” si detectan prácticas comerciales predatorias.
El trasfondo: costes, mercado único y la fragilidad del modelo gallego
Galicia es una de las grandes regiones lecheras del Estado, con miles de explotaciones familiares cuya viabilidad depende de márgenes estrechos. A ello se suman los incrementos de costes sufridos por el sector: según Unións Agrarias, los gastos de producción han subido entre 6 y 7 céntimos a causa de la inestabilidad internacional ligada, entre otros factores, al conflicto en Oriente Medio, y en los próximos cuatro meses tendrán que afrontar entre el 60 y el 80% de los gastos anuales.
La convergencia de estos factores —costes crecientes y precios comerciales a la baja— explica la tensión actual. No es la primera vez que los ganaderos gallegos protestan por la llegada de leche a menor precio desde la Península ibérica o Francia: las cadenas de distribución, los mayoristas y la industria se han convertido en eslabones muy disputados donde se concentra buena parte del diferencial entre lo que recibe el agricultor y lo que paga el consumidor.
En el debate también aparece la normativa comunitaria. El mercado único facilita la libre circulación de bienes, pero deja en evidencia las asimetrías de costes entre regiones. Los productores gallegos piden mayor transparencia en el etiquetado y mecanismos que impidan el uso de producto importado como reclamo publicitario en campañas puntuales que distorsionan la competencia.
Repercusiones y próximas medidas: inspectores, acuerdos y presión social
La exigencia más inmediata de Unións Agrarias se dirige a la Xunta: reclaman controles inmediatos sobre origen y trazabilidad y la supervisión de ofertas que puedan implicar ventas por debajo del coste de producción. Desde el sindicato recuerdan que, en una reunión celebrada la semana previa, la administración regional se habría comprometido a desplegar una campaña de inspección que, a día de hoy, aún no ven materializada.
En el plano empresarial, la presión sindical busca además recuperar protagonismo en la negociación de contratos entre ganaderos e industrias. En Galicia conviven contratos a largo plazo con acuerdos spot; los primeros proporcionan cierta estabilidad, los segundos exponen al productor a la volatilidad del mercado. Para muchos ganaderos, el acceso a contratos que reflejen mejor los costes reales es una demanda histórica que esta movilización ha vuelto a poner sobre la mesa.
En términos políticos, la protesta se produce en un momento en que la opinión pública mira con atención la relación entre pequeñas explotaciones rurales y la gran distribución. En las comarcas lecheras —desde Sarria a Terra Chá— cualquier anuncio de precio tiene consecuencias económicas y sociales visibles: cierres de explotaciones, descenso de empleo en el medio rural y pérdida de tejido productor. La Xunta, a falta de una respuesta concreta de la administración central, podría verse obligada a diseñar medidas específicas para proteger la producción local sin incurrir en tensiones con la legislación europea.
Para los consumidores, el dilema no es menor: los precios bajos en el lineal alivian la cesta de la compra a corto plazo, pero a cambio pueden debilitar un modelo productivo que garantiza empleo en el rural gallego y arraigo demográfico. La protesta de ayer pretende precisamente que esa ecuación vuelva a debatirse públicamente, más allá de las ofertas puntuales.
Si no se produce un viraje en la relación precio-coste, los productores advierten que las acciones de movilización continuarán y podrían intensificarse. Unións Agrarias ha anunciado que vigilará campañas y ofertas y que no dudará en denunciar prácticas que, a su juicio, pongan en riesgo la continuidad de explotaciones.
En una comunidad en la que la leche forma parte del paisaje económico y cultural, la foto de los litros derramados en A Sionlla añade presión a una cadena que necesita acuerdos: entre productores, industria, distribución y administraciones. El tiempo dirá si la simbólica protesta se traduce en medidas concretas o si, por el contrario, la sangría de precios continúa dejando en la periferia a quienes mantienen la producción láctea gallega.
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