Víctimas del terrorismo, profesores y estudiantes reclamaron este lunes en Madrid que la experiencia de las víctimas llegue de forma permanente a los centros educativos como herramienta para prevenir la violencia y la radicalización. El acto, convocado con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y del XXII aniversario del atentado del 11-M, se celebró en la Fundación Giner de los Ríos y puso el acento en la transmisión de la memoria como mecanismo de defensa de la convivencia democrática. Participantes y representantes educativos defendieron que el contacto directo con testimonios personales contribuye a deslegitimar la violencia entre las nuevas generaciones. La iniciativa busca, según sus impulsores, convertir la memoria en una asignatura de prevención frente al extremismo.

En la conmemoración intervino el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien situó a las víctimas como «actores activos» en la construcción de una sociedad más resiliente ante el terrorismo. Marlaska reconoció la función pedagógica de los testimonios y destacó la necesidad de una respuesta colectiva que refuerce los valores democráticos y la convivencia pacífica. El ministro ensalzó la entereza de quienes han perdido seres queridos o han sufrido ataques, y subrayó el papel del Estado en garantizar verdad, justicia y reparación. Su intervención enlazó la memoria con las políticas públicas destinadas a combatir la radicalización violenta.

El programa educativo central en el debate fue el proyecto impulsado en 2018 bajo la denominación ‘Memoria y Prevención del Terrorismo’, que acerca a los institutos y colegios las experiencias de víctimas del 11-M y de atentados cometidos por ETA. Autoridades y responsables docentes describieron este esfuerzo como un instrumento preventivo que ayuda a neutralizar la narrativa terrorista y a sensibilizar a alumnos y familias sobre las consecuencias humanas de la violencia. Durante el acto se resaltó el carácter pionero del programa y su utilidad para complementar la formación cívica en las aulas. Docentes presentes explicaron que las sesiones con víctimas generan preguntas y reflexión entre el alumnado.

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Varios testimonios compartidos en el encuentro mostraron la intensidad del impacto que causan las intervenciones en centros escolares: muchas veces los alumnos se acercan con inquietudes y esperanza, y los relatos personales sirven para desmontar idealizaciones de la violencia. Profesores que participan en el programa señalaron que el trabajo comenzó tanto en las clases como en las familias, donde consideran que surge la primera línea de prevención contra la radicalización. Las víctimas aportaron experiencias que, según docentes y estudiantes, conectan con la realidad cotidiana de los jóvenes y ayudan a sensibilizarles sobre la gravedad de optar por la violencia.

Marlaska destacó además que las políticas de memoria no solo atienden a una dimensión de justicia para las víctimas, sino que actúan como recordatorio constante de la tragedia con el objetivo de evitar su repetición. El ministro agradeció a asociaciones y fundaciones la labor de acompañamiento y formación, e insistió en que la memoria dignifica a las víctimas y alimenta la resiliencia colectiva. Desde el Gobierno se defendió la continuidad de los programas educativos vinculados a la memoria como parte de una estrategia más amplia contra el extremismo violento. La intervención institucional puso énfasis en la colaboración entre administraciones y entidades del tercer sector.

La presencia de representantes de asociaciones de víctimas del 11-M y de atentados de ETA convirtió el acto en un encuentro de carácter testimonial y pedagógico, en el que se alternaron recuerdos, demandas de reconocimiento y propuestas prácticas para el aula. Las entidades subrayaron la importancia de que los relatos sean acompañados por recursos didácticos y formación para el profesorado, de modo que las conversaciones con los alumnos puedan abordarse con rigor y sensibilidad. Varias voces pidieron que la iniciativa se amplíe y se integre de forma estable en los currículos, sin depender de impulsos puntuales.

En el contexto actual, con debates públicos sobre seguridad y convivencia, los impulsores del programa apelaron a no diluir la memoria en el ruido político y a mantener vivo el compromiso con la educación en valores. Docentes asistentes insistieron en que prevenir la radicalización requiere medidas multidisciplinares que incluyan salud mental, atención social y formación cívica, además de las intervenciones testimoniales. Alumnos que tomaron la palabra señalaron que las charlas les ayudan a comprender mejor la historia reciente y a posicionarse frente a la violencia.

La jornada concluyó con el compromiso expreso de continuar llevando relatos de víctimas a los centros educativos y de seguir impulsando iniciativas que fomenten la convivencia. Las organizaciones participantes reclamaron que la memoria se constituya en herramienta pedagógica permanente y que las administraciones garanticen recursos para su implementación. Marlaska reiteró la determinación del Ejecutivo de apoyar estas políticas y recordó la necesidad de mantener vivo el recuerdo como prevención, asegurando que la transmisión de la memoria sea también una inversión en el futuro democrático del país.