El concurso para adjudicar el servicio de autobuses en Santiago ha entrado en su fase decisiva. El martes concluyó el plazo de presentación de ofertas y en Raxoi confirmaron que son cinco empresas las que aspiran a gestionar el transporte urbano durante los próximos trece años con un presupuesto base de 137 millones de euros. Entre las candidatas figura Vitrasa, la empresa que explota el servicio en Vigo y que también compite por renovar allí su contrato.

Quién compite y qué ofrece el concurso

La alcaldesa Goretti Sanmartín detalló ayer la lista de aspirantes: Castromil —integrante del grupo Monbus—, Empresa Martín, Transportes Rober, la Unión Temporal de Empresas Stellae Urbano de Santiago (formada por Barraqueiro Transportes y Viajes Peillet) y Vitrasa. La presencia de estas firmas, varias con fuerte implantación en Galicia y el norte de Portugal, da idea del interés que despierta una concesión de esta envergadura en una ciudad con movimiento constante de residentes, estudiantes y visitantes.

El pliego contempla un contrato de servicios —no una concesión con líneas preestablecidas—, lo que significa que el Concello contratará kilómetros de prestación y podrá adaptar el mapa de rutas a las necesidades reales. Ese diseño flexible, según el gobierno municipal, abre la puerta a modificar la red en función de la demanda, integrar líneas alimentadoras desde el rural y, en teoría, evitar que parroquias queden aisladas.

La alcaldesa defendió el proceso y se mostró satisfecha por la concurrencia pese a los recursos presentados en febrero contra los pliegos, que obligaron a paralizar temporalmente el procedimiento. Fue el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) quien desestimó esas impugnaciones y permitió reactivar la licitación con un plazo ampliado para la presentación de ofertas.

La situación real del servicio y la promesa a Busto

Sanmartín no ocultó que el actual servicio se presta «en precario»: flota sin renovación, averías frecuentes y un mapa de líneas que, en su opinión, excluye a numerosas zonas, sobre todo rurales. La queja más sonora en los últimos días ha venido desde la parroquia de Busto, cuyos vecinos denunciaron que los pliegos no contemplaban la llegada del autobús a su núcleo, lo que habría dejado a la parroquia como la única del municipio sin servicio urbano.

Ante esa queja pública, la alcaldesa realizó un compromiso claro: habrá autobús a Busto. Como explicó, la modalidad contractual elegida permite ajustar la prestación en la práctica “no ten liñas preestablecidas”, de modo que, una vez adjudicado el concurso, el Concello podrá redistribuir los kilómetros contratados para incluir paradas y rutas que atiendan zonas rurales. En la práctica, precisó, se priorizarán las líneas alimentadoras que conecten el medio rural con los nodos urbanos.

“Vaise axustar na práctica no momento da adxudicación e comprometémonos a que ese autobús vai ir a Busto”, dijo la alcaldesa.

Fuentes municipales consultadas añaden que la incorporación de Busto podría requerir ajustes técnicos en los horarios y en la programación de vehículos, pero descartaron que suponga un coste insalvable o un retraso en la puesta en marcha del nuevo contrato. La cuestión técnica que se apuntó en reuniones previas, admiten en el Concello, se podría haber resuelto antes, pero optar por hacerlo ahora evitó demoras adicionales en la tramitación.

Antecedentes: por qué este contrato importa

Santiago es una ciudad con singularidades que condicionan cualquier plan de movilidad. Su casco histórico medieval tiene restricciones de acceso que obligan a pensar en vehículos pequeños o en soluciones de última milla; además, la presencia constante de peregrinos, estudiantes universitarios y una elevada estacionalidad turística demandan un servicio flexible y robusto. Por eso, un contrato de trece años no es solo un acuerdo administrativo: determina inversiones en flota, tecnología y personal para más de una década.

En los últimos años se han multiplicado las exigencias sobre la renovación de autobuses hacia flotas menos contaminantes y sistemas de información al viajero. Las empresas que concurren al concurso tendrán que valorar no solo la oferta económica sino la capacidad de renovar vehículos, implantar autobuses eléctricos o híbridos y cumplir objetivos de calidad de servicio. Es una apuesta que, de concretarse, implicaría modernizar un sistema con años de requerimientos acumulados.

La presencia de grupos con experiencia en la comunidad —como Monbus o Barraqueiro— junto a operadores locales significa, además, que la competencia será técnica y financiera. No es lo mismo ganar un concurso con un proyecto de explotación conservador que con un programa de inversiones ambicioso que incluya reposición de flota y mejora de frecuencias en horas punta.

Repercusiones y próximos pasos

El Ayuntamiento pretende ahora “axilizar” el proceso para que la mesa de contratación pueda evaluar las propuestas con rapidez. La decisión no será inmediata: la valoración técnica, las comprobaciones de solvencia y las posibles negociaciones forman parte de un calendario que, según fuentes municipales, intentará cerrarse con la menor demora posible. Después vendrán plazos legales para la adjudicación y, previsiblemente, margen para recursos por parte de los licitadores descontentos.

Más allá del nombre del adjudicatario, la resolución tendrá efectos en varios frentes: empleo —la plantilla municipal y la de la empresa adjudicataria—, la política tarifaria, la integración con servicios interurbanos y la transición energética. Las inversiones previstas en los pliegos condicionarán también la capacidad del municipio para cumplir objetivos climáticos y de calidad del aire, un asunto sensible en zonas de casco histórico y en el entorno del campus universitario.

Para los vecinos de Busto y otras parroquias rurales, la mayor expectativa es la de recuperar conexiones regulares que faciliten el acceso a servicios, trabajo y comercio en la ciudad. En la práctica, la lógica del contrato en kilómetros permite al Concello flexibilizar la red, pero dependerá de la empresa adjudicataria traducir esas cifras en recorridos efectivos y en compromisos verificables durante la vigencia del contrato.

La próxima estación en este proceso será la apertura y evaluación de las ofertas por la mesa de contratación. Tras esa valoración se conocerá quién gestionará un servicio que, más allá de las cifras, es una herramienta cotidiana para miles de santiagueses. Lo que ocurra en los próximos meses marcará la movilidad local durante una década y media y dará pistas sobre el modelo de ciudad que Raxoi y los futuros gobiernos municipales quieren construir.