Vivienda en Galicia: los impuestos ya suponen el 26% del precio de obra nueva, a la par que la media de España pero con margen para rebajar

Impuestos que pesan como el granito

Comprar una vivienda en Galicia ya no es solo cuestión de ahorrar para la entrada. Lo cierto es que los impuestos se han convertido en el tercer inquilino de cualquier operación inmobiliaria. Según los últimos datos del sector, la carga fiscal sobre una vivienda de obra nueva alcanza el 26% del precio final, una cifra que, aunque en línea con la media española, esconde realidades muy distintas dentro del propio Estado.

En la terra gallega, ese porcentaje significa que, de cada 100.000 euros que cuesta un piso nuevo, 26.000 se van directamente a las arcas públicas. No es un IVA que flota solo: hablamos del IVA (10%), el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), plusvalías municipales, tasas de licencia, IBI… una ensalada de tributos que, como dice la retranca, “pagan los de siempre”. Cabe recordar que, mientras en comunidades como Madrid el AJD es del 0,5%, en Galicia se sitúa en el 1%, justo la mitad que en Cataluña (1,5%), pero el doble que en la capital.

La Xunta tiene la llave, pero no la gira

La vivienda es hoy el principal dolor de cabeza de miles de familias gallegas. Y el problema no es solo de precio de suelo o de mano de obra: la fiscalidad autonómica marca diferencias. De hecho, Galicia podría rebajar el AJD para obra nueva al tipo mínimo permitido (0,5%), algo que ya han hecho sus vecinos asturianos y cántabros. Pero la Xunta mantiene el 1% desde hace años, alegando que necesita recaudar para sostener servicios públicos.

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“El impuesto sobre la vivienda nueva es un lastre para los jóvenes que intentan emanciparse. Con un tipo al 0,5% estaríamos hablando de un ahorro de hasta 1.500 euros por operación media”, señala un portavoz de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Galicia.

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Ese ahorro, para un comprador de 30 años en Vigo o A Coruña, puede suponer la diferencia entre pedir un préstamo o quedarse alquilando toda la vida. Y es que la morriña de tener casa propia sigue muy viva en la cultura gallega, pero la realidad económica la pone cada vez más difícil. Un 26% de carga impositiva significa que, de media, un piso de 150.000 euros lleva unos 39.000 euros en impuestos directos e indirectos. Tres veces más que el salario medio anual de un trabajador en la comunidad.

El patrón autonómico marca el rumbo

Si miramos el mapa de España, la brecha es evidente. Navarra y País Vasco, con su régimen foral, aplican tipos reducidos que sitúan la carga total por debajo del 20%. En el otro extremo, Andalucía y Cataluña superan el 28% debido a tramos autonómicos más altos. Galicia se queda justo en el medio, empatada con la media estatal del 26%. Pero ese “medio” no es neutro: es el reflejo de una política que no se atreve a dar el paso.

Los promotores gallegos llevan años pidiendo una rebaja del AJD al 0,5% para obra nueva, argumentando que estimularía la construcción y aliviaría la presión sobre el alquiler. La Xunta, por su parte, responde que ya tiene otras ayudas directas, como el Bono Alquiler Xove. Pero lo cierto es que el parque de vivienda nueva en Galicia apenas crece un 2% anual, insuficiente para absorber la demanda latente. Y mientras, el precio medio del metro cuadrado subió un 4,7% en 2024, según datos del Colegio de Arquitectos.

Para el comprador gallego, pagar un 26% de impuestos sobre la vivienda nueva no es un dato abstracto. Es la losa que, con retranca o sin ella, frena la cuenta atrás para la independencia. La pregunta que flota en el aire, entre cafés de las ciudades y pallozas de las aldeas, es si realmente estamos ante la misma fiscalidad que en el resto de España o ante una oportunidad perdida de hacer de Galicia un lugar más asequible para vivir.