Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, adelantó en Valladolid que el Ejecutivo aprobará la próxima semana un paquete de medidas para mitigar la inflación provocada por la guerra en Oriente Próximo. Díaz explicó que hoy mantendrá encuentros con otros miembros del Gobierno y que se sucederán nuevas reuniones durante la semana para perfilar las iniciativas, con la vista puesta en el Consejo de Ministros del martes. Según la vicepresidenta, las actuaciones serán escalonadas y se irán modulando según la evolución del conflicto y su impacto económico. El objetivo declarado es contener los efectos sobre el empleo, la energía y la cesta de la compra.

La vicepresidenta precisó que hoy mismo se reunirá con sus homólogas y con responsables económicos para cerrar líneas de actuación. En concreto, Díaz citó la convocatoria prevista entre las tres vicepresidencias y los ministerios implicados para coordinar las propuestas con los agentes sociales. El anuncio subraya la intención del Gobierno de avanzar con rapidez ante el repunte de precios derivado de la crisis internacional, una reacción que pretende ofrecer tranquilidad a ciudadanos y empresas. Fuentes gubernamentales señalan que las medidas serán tanto temporales como focalizadas para responder con mayor precisión a los sectores más afectados.

En su explicación, Díaz desgranó tres ejes básicos de la intervención: preservar el empleo, aliviar la factura energética y moderar el incremento de los precios de los alimentos. Sobre el primero, la intención es articular instrumentos laborales que ayuden a las empresas a mantener puestos de trabajo frente a la pérdida de actividad que pueda derivarse de la coyuntura internacional. En materia energética, la vicepresidenta no descartó medidas como el tope al gas y recordó experiencias previas, entre ellas la suspensión temporal de impuestos sobre la producción de electricidad puesta en marcha durante la guerra en Ucrania. En relación con la alimentación, la prioridad será controlar los márgenes de las grandes cadenas y evitar que las reducciones fiscales se traduzcan en mayores beneficios empresariales sin efecto real para el consumidor.

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Díaz rebatió la propuesta del Partido Popular y de algunos empresarios de responder con una reducción generalizada de impuestos sobre la alimentación, al afirmar que esa fórmula en ocasiones anteriores amplió los márgenes de las compañías sin aliviar de forma sostenida los precios al público. La ministra sostuvo que la política pública debe ser “quirúrgica” y que, aunque se baraja la posibilidad de aplicar rebajas fiscales selectivas en determinados productos, la medida estrella será el control de precios en las grandes superficies. Además, puso el acento en la necesidad de transparentar y vigilar los márgenes de beneficio, un aspecto que aseguró no suele formar parte del debate promovido por la oposición.

El calendario de contactos incluye una cita con los agentes sociales esta misma semana, en la que, según Díaz, se analizarán y terminarán de perfilar las propuestas que llegarán al Consejo de Ministros. En esa reunión participarán las tres vicepresidentas del Gobierno, entre ellas María Jesús Montero y Sara Aagesen, y los titulares de Economía y Seguridad Social, que serán los encargados de trasladar las medidas concretas. Carlos Cuerpo y Elma Saiz están señalados como interlocutores clave para coordinar los puntos relacionados con la política económica y las prestaciones sociales. La vicepresidenta insistió en que las decisiones se tomarán en coordinación con sindicatos y empresarios para elevar su eficacia y aceptabilidad.

En el capítulo energético, fuentes del Ejecutivo indican que el Gobierno volverá a recurrir a instrumentos ya utilizados en crisis previas si la situación lo exige, adaptándolos a la realidad actual de los mercados. El tope al gas aparece como una opción técnica para limitar el impacto del alza de precios en los costes de generación eléctrica, mientras que la suspensión temporal de determinados gravámenes se plantea como un recurso complementario. Díaz advirtió de que cualquier intervención tendrá carácter temporal y estará condicionada al seguimiento día a día de la evolución internacional y de los mercados domésticos.

Respecto al sector alimentario, el Ejecutivo quiere evitar soluciones generalistas que no alteren la estructura de precios a favor del consumidor final. La propuesta que busca perfilarse en los próximos días combina la posibilidad de reducciones impositivas puntuales con mecanismos de control de márgenes y de vigilancia del comercio para detectar prácticas abusivas. El Gobierno, según la vicepresidenta, está dispuesto a intervenir en los precios si se acreditan subidas injustificadas, con especial atención a las grandes cadenas de distribución.

La portavoz del Ejecutivo apuntó además a una voluntad de coordinación interna y territorial para que las medidas tengan alcance y efectividad, y reiteró el compromiso de trasladar “un mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía. Mientras tanto, Sumar, la formación a la que pertenece la vicepresidenta, ha registrado esta semana iniciativas en el Congreso para abordar el impacto social de la crisis, en línea con la línea de actuación anunciada por el Gobierno. El Ejecutivo espera que las decisiones del próximo Consejo de Ministros lleguen a tiempo para amortiguar el efecto sobre hogares y empresas más vulnerables.