El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció tras la reunión del Consello que el Gobierno gallego presentará una demanda contra el Estado para recuperar los gastos ocasionados por el vertido de pélets ligado a la pérdida de contenedores del buque Toconao en diciembre de 2023. La reclamación busca que el Ejecutivo central asuma la responsabilidad por los trabajos de limpieza realizados en costas gallegas, que según la estimación autonómica supusieron un desembolso de 2,3 millones de euros. Rueda defendió la vía judicial después de que la Xunta no lograse que el Estado actuase de forma voluntaria.

El incidente se produjo el 8 de diciembre de 2023, cuando el carguero Toconao perdió varios contenedores a unas 80 millas de Viana do Castelo, en aguas portuguesas, y uno de ellos contenía alrededor de mil sacos de pélets, que suman aproximadamente 26,2 toneladas. La llegada de estas pequeñas bolitas de plástico a las playas afectó a más de 630 arenales en 66 ayuntamientos de la fachada atlántica gallega, donde trabajaron a pie de playa más de cuatrocientos operarios y voluntarios para su retirada. La Xunta sostiene que los costes derivados de esa movilización fueron cuantiosos y que corresponde al Estado, por sus competencias en lucha contra la contaminación marina, asumir la carga económica.

En la comparecencia, Rueda explicó que la decisión de acudir a los tribunales obedece a la falta de respuesta del Gobierno central a las reiteradas solicitudes de la comunidad autónoma para iniciar actuaciones de reclamación contra los responsables del vertido. El presidente autonómico pretende no solo recuperar el gasto realizado en 2023 sino también sentar criterio judicial que facilite la compensación en eventuales incidentes futuros. Fuentes de la Consellería señalaron que, tras repetir los requerimientos sin avances, agotaron la vía administrativa y optaron por la acción judicial.

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La vía penal por los hechos siguió un recorrido propio: a comienzos de 2026 la magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Noia, plaza 2, acordó el sobreseimiento definitivo de la causa que investigó posibles responsabilidades penales relacionadas con el vertido. Ese archivo no invalida, en cambio, la reclamación civil o administrativa de costes que ahora impulsa la Xunta. El Ejecutivo gallego apela a la regulación sobre protección del litoral y a la obligación del Estado en materia de contaminación marina para fundamentar su demanda.

El cálculo de los gastos reclamados responde a un operativo amplio y prolongado. La actuación desplegó recursos humanos sobre el terreno en decenas de playas, maquinaria y logística de transporte y tratamiento de residuos, además de labores de coordinación con los ayuntamientos implicados. La Xunta ha remarcado que la cifra reclamada incluye tanto la retirada de pélets como la gestión de los residuos generados, labores que, subrayan, asumieron coste directo durante 2023 hasta completar los trabajos de desescombro y saneamiento.

La decisión judicialista abre un nuevo frente en la relación entre la Xunta y el Gobierno central, en un marco de tensiones por competencias medioambientales y por quién debe responder económicamente ante episodios de contaminación con origen fuera de aguas españolas. Desde la administración gallega se advierte de la necesidad de establecer una práctica clara que permita recuperar los costes en casos similares, para evitar que las comunidades autónomas asuman en solitario el impacto económico y ambiental de vertidos internacionales.

Además del anuncio sobre los pélets, el Consello aprobó el decreto que regula la Formación Profesional en Galicia, un texto que el presidente vinculó a la modernización del sistema formativo y a una mayor conexión con el tejido productivo y la investigación. El nuevo marco propone más flexibilidad y mecanismos para favorecer la colaboración público-privada y el reconocimiento de nuevas cualificaciones, en un momento en que la FP gallega roza cifras récord de alumnado, con más de 71.000 estudiantes en el presente curso.

En la sesión del Ejecutivo autonómico también se informó del agotamiento del crédito del Plan Renova destinado a la compra de vehículos híbridos y eléctricos: los 3,5 millones de euros asignados se consumieron en apenas un mes tras recibir más de 1.500 solicitudes. Rueda y su equipo destacaron el éxito de la demanda por las ayudas, pero subrayaron asimismo la prioridad de combinar incentivos con políticas que reduzcan la contaminación y refuercen la protección de las costas, objetivo que ahora la Xunta pretende defender en los tribunales con la reclamación por los pélets.