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Un decreto estatal reabre la grieta jurídica sobre la propiedad de la costa
La gestión del litoral gallego vuelve a situarse en el centro del debate político y administrativo. Esta vez, el detonante no es una nueva ley de Costas, sino un proyecto de real decreto impulsado desde el Ministerio para la Transición Ecológica. La norma, que busca establecer medidas para la gestión de los riesgos de inundación, ha sido interpretada por la Xunta como un intento de modificar, de manera encubierta, los deslindes de la costa. La controversia, lejos de ser un mero tecnicismo legal, afecta directamente a miles de propietarios y a la planificación urbanística de decenas de municipios.
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Ver en Hotels.com → PublicidadEl conflicto no es nuevo. La relación entre el Gobierno central y la administración autonómica en materia de costas ha sido históricamente tensa, con varios litigios abiertos en los últimos años. Sin embargo, lo que diferencia este nuevo episodio es la vía elegida: un decreto centrado en la seguridad y la prevención de catástrofes naturales. Para la Xunta, este enfoque supone un «caballo de Troya» legislativo que permitiría al Ejecutivo central redefinir los límites del dominio público marítimo-terrestre sin pasar por el debate parlamentario que requeriría una reforma legal.
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Desde el punto de vista técnico, el proyecto de real decreto establece una serie de criterios para delimitar las zonas inundables. El problema, según los expertos consultados, radica en que estos criterios podrían solaparse con los actuales deslindes costeros, generando una doble regulación que, en la práctica, ampliaría la superficie considerada como dominio público. Esto implicaría que terrenos que hoy son de propiedad privada podrían quedar sujetos a restricciones de uso propias de la zona marítimo-terrestre, sin que medie una declaración formal de deslinde.
La Xunta ya ha avanzado que recurrirá a la vía judicial si el decreto se aprueba en los términos actuales. El argumento principal es la invasión de competencias. La comunidad autónoma sostiene que la ordenación del litoral y la gestión de los riesgos de inundación son materias que, en gran medida, le corresponden. Permitir que el Estado, a través de un reglamento sectorial, modifique de facto los límites de la costa supondría un vaciamiento de sus competencias urbanísticas y de protección civil.
La gestión del litoral no puede ser un campo de batalla político. Los ciudadanos necesitan seguridad jurídica, no un tira y afloja constante entre administraciones que paraliza cualquier iniciativa.
El impacto sobre los municipios costeros y la economía local
Más allá de la disputa administrativa, las consecuencias prácticas de esta posible modificación son profundas. Los ayuntamientos del litoral gallego, desde A Mariña lucense hasta las Rías Baixas, dependen en gran medida de la actividad turística y de la construcción en primera línea de playa. Una ampliación de la zona de servidumbre de protección o una nueva definición de lo que se considera zona inundable podría paralizar proyectos, devaluar propiedades y generar un clima de incertidumbre inversora.
El sector inmobiliario ya ha mostrado su preocupación. La falta de una delimitación clara y estable del dominio público marítimo-terrestre es uno de los principales frenos para la rehabilitación de viviendas en la costa. Si a esto se suma la posibilidad de que un decreto de inundaciones añada nuevas capas de restricción, el resultado podría ser un «efecto disuasorio» sobre cualquier iniciativa de mejora o desarrollo en las franjas costeras.
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