El Gobierno japonés ha anunciado que realizará un estudio preliminar para valorar el traslado y enterramiento de residuos nucleares en la remota isla de Minamitorishima, situada a cerca de 2.000 kilómetros al este de Tokio, una decisión que llega quince años después del accidente de Fukushima y en un momento de reapertura y promoción de la energía nuclear en el país. La propuesta busca alejar los desechos de zonas densamente pobladas y responder a la dificultad de hallar emplazamientos definitivos que garanticen seguridad durante miles de años. Las autoridades defienden que la isla, deshabitada y de titularidad estatal, podría ofrecer condiciones geológicas y logísticas favorables. La medida abrirá un debate sobre transporte marítimo, vigilancia a largo plazo y aceptación pública.

Minamitorishima, con una superficie aproximada de 1,5 kilómetros cuadrados, no tiene población civil y su acceso está restringido al público, por lo que el Ejecutivo la considera un candidato para ubicar una instalación de almacenamiento. El ministro de Industria, Ryosei Akazawa, ha descrito la isla como una «masa de tierra no utilizada» que presenta características científicas que podrían ser favorables para un almacén, aunque subrayó que ahora mismo solo se trata de un estudio preliminar. La isla está rodeada por un atolón de coral y tiene una forma triangular, datos que figuran entre los factores que evaluarán los técnicos. Cualquier avance deberá someterse a exámenes ambientales y a un proceso de diálogo con organismos internacionales y especialistas.

El avance nipón se produce tras haber descartado sondajes en el territorio principal de Japón: el Ejecutivo ya había explorado tres emplazamientos en las islas mayores, dos en Hokkaido y otro en Kyushu, sin alcanzar un consenso para su utilización definitiva. Encontrar un lugar aceptable se complica porque los residuos de alta actividad conservan su peligrosidad durante decenas de miles de años, un plazo que supera por mucho los marcos políticos y las generaciones humanas. Mientras el país impulsa la «máxima utilización de la energía nuclear», según su política energética, el debate sobre dónde almacenar de forma segura los residuos vuelve al primer plano.

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En el plano internacional, Finlandia ofrece un ejemplo distinto y avanzado: la instalación de Onkalo, concebida como el primer depósito geológico profundo del mundo, donde los residuos se aislarán a unos 400 metros bajo la superficie. Ese proyecto ha sido presentado como modelo para el enterramiento definitivo en formaciones geológicas estables, aunque su replicabilidad depende de las condiciones geológicas de cada país y de la aceptación social. Japón, por su parte, explora una solución insular que evita situar el almacén en territorio continental densamente poblado, pero plantea retos propios en términos de acceso y mantenimiento a largo plazo.

Los técnicos tendrán que abordar cuestiones logísticas complejas: el transporte seguro por mar de material altamente radiactivo a una distancia de 2.000 kilómetros exige rutas protegidas, buques especializados, protocolos de contingencia y una supervisión constante. Además, la isla, aislada geográficamente, planteará costes adicionales de construcción y mantenimiento de infraestructuras que funcionen en condiciones remotas. La responsabilidad de garantizar la contención frente a posibles emisiones durante siglos, y de mantener archivos y vigilancia que sobrevivan a cambios sociales y políticos, es otro de los desafíos no resueltos.

Organizaciones ecologistas y actores sociales ya han expresado su recelo ante la idea de trasladar residuos a un emplazamiento remoto, al considerar que la distancia no anula los riesgos ni las responsabilidades de transparencia. El accidente de 2011 en Fukushima dejó una huella profunda en la opinión pública japonesa y condiciona la percepción sobre medidas que impliquen manipulación y movimiento de materiales nucleares. La reactivación de la mayor central nuclear del país en Niigata, reabierta en enero, ha reavivado las discusiones sobre cómo compatibilizar el uso de la energía nuclear con garantías sólidas de gestión de los residuos.

En España, la situación es distinta pero guarda similitudes en las dificultades de localización: alrededor del 95% de los residuos radiactivos generados se consideran de baja, muy baja o media actividad y se depositan de forma definitiva en el almacén centralizado de El Cabril, en Córdoba. Los residuos de alta actividad y el combustible gastado siguen siendo un reto para el que no existe un emplazamiento geológico final, por lo que parte del material permanece en instalaciones de las centrales a la espera de soluciones duraderas. La experiencia española muestra que encontrar consenso social y técnico es tan determinante como la viabilidad geológica.

El Gobierno japonés insiste en que, de momento, se limita a un estudio para evaluar la idoneidad de Minamitorishima y que no se ha tomado una decisión final sobre el traslado. Los plazos para un proyecto de estas características son largos y exigirán no solo informes científicos sino también mecanismos de control internacional y garantías de seguridad. La búsqueda de un lugar para enterrar residuos nucleares vuelve a situar en primer plano la tensión entre las necesidades energéticas contemporáneas y la obligación de custodiar los peligros heredados para generaciones muy lejanas.