Un matrimonio acusado de mantener encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años se sienta este martes y miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, en una vista que se celebrará a puerta cerrada para proteger a los menores. La Fiscalía solicita penas que suman más de 25 años de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal, por hechos que, según la acusación, se prolongaron entre diciembre de 2021 y abril de 2025. El tribunal ha aceptado limitar el acceso público a la sala al entender que la publicidad del proceso podría perjudicar gravemente a las víctimas, todos ellos niños. La vista se celebrará los días 10 y 11 de marzo y en ella se decidirá si se impone a los acusados la severa condena solicitada.

La decisión de celebrar el juicio sin público responde a la petición expresa del Ministerio Fiscal, que alertó al tribunal sobre el impacto que la exposición mediática podría tener en los menores, y a la valoración de la propia sala de que la protección de los derechos de éstos prima sobre la publicidad del proceso en este caso concreto. El auto judicial invoca la excepcionalidad prevista por la normativa procesal cuando la presencia pública pudiera menoscabar el interés superior del menor. De este modo, la sala ha optado por restringir el acceso tanto de ciudadanos como de medios para preservar el anonimato y el bienestar de las víctimas.

Los acusados fueron detenidos el pasado mes de abril tras una denuncia de personas que vivían en las proximidades de la vivienda familiar y, según fuentes del caso, ingresaron en prisión dos días después, el 28 de abril. El hombre tiene 53 años y la mujer 48; la información oficial recoge que el primero es de nacionalidad alemana y la segunda posee doble nacionalidad alemana y estadounidense. Contra ambos pesa la acusación de someter a los menores a un régimen de aislamiento y privación que, de probarse, justificaría las peticiones de cárcel formuladas por el fiscal.

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La Fiscalía sostiene que los tres niños —dos gemelos de ocho años y otro menor de diez— permanecieron en el interior de la vivienda sin contacto con otras personas y sin escolarización desde diciembre de 2021 hasta abril de 2025. Los progenitores habrían limitado las salidas del domicilio por un miedo infundado a que los menores se contagiasen de enfermedades, lo que llevó a privarles de las interacciones sociales básicas y de acceso a la enseñanza reglada. Cuando se produjo la intervención policial, los niños no conocían a familiares o vecinos más allá de sus padres, según el escrito de acusación.

El expediente de la Fiscalía detalla asimismo la ausencia de seguimiento sanitario: los menores no estaban escolarizados en España y, en el caso de los gemelos, se constató que no sabían leer ni escribir al ser rescatados. La última atención médica registrada por las autoridades se remonta a 2019, antes del traslado de la familia a Asturias, y en la vivienda se localizaron fármacos comprados sin prescripción que, según el ministerio público, eran empleados por los progenitores para diagnosticar y tratar a los niños. Ese hecho se incorpora a la acusación como indicio del incumplimiento de los deberes de cuidado.

También se describen en la documentación judicial diversas secuelas físicas derivadas de las condiciones de vida: problemas de control de esfínteres asociados al uso prolongado de pañales, alteraciones en la marcha, piernas arqueadas, dificultades para subir y bajar escaleras e irritaciones cutáneas. Esos datos forman parte de los informes que la Fiscalía prevé aportar en la vista para acreditar el daño físico y psicosocial sufrido por las víctimas y fundamentar la calificación penal que solicita.

El descubrimiento del caso arrancó con la denuncia vecinal que alertó a las autoridades sobre una situación anómala en la vivienda a las afueras de Oviedo; tras la intervención policial, los menores quedaron a cargo de los servicios competentes. En el juicio, la acusación presentará peritajes médicos y psicológicos, además de las diligencias de investigación policial que documentan el aislamiento y la privación de derechos básicos, mientras que la defensa podrá exponer su versión y proponer prueba en contrario.

El proceso plantea además un contraste entre la garantía constitucional de publicidad de los juicios y la necesidad de proteger a víctimas especialmente vulnerables, una balanza que ha pesado en la decisión judicial de restringir el acceso a la sala. La vista se prolongará dos días y, concluida, corresponderá a la sección segunda valorar la prueba y dictar sentencia; por ahora, la identidad de los menores permanece protegida y las autoridades mantienen medidas dirigidas a su protección y rehabilitación.