La Audiencia de Oviedo ha comenzado a juzgar a una pareja acusada de mantener encerrados a sus tres hijos menores durante casi cuatro años en una vivienda de las afueras de la capital asturiana, entre diciembre de 2021 y abril de 2025, por un miedo infundado a un supuesto contagio, según el Ministerio Fiscal. El proceso, iniciado el 10 de marzo de 2026, se celebra a puerta cerrada para proteger a las víctimas, todas ellas menores, y porque el tribunal considera que la exposición pública podría perjudicarles gravemente. Los progenitores se enfrentan a una suma de penas que alcanzan los veinticinco años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal. La causa saltó a la luz tras una denuncia vecinal que llevó a la intervención policial en abril de 2025.

El tribunal acordó la celebración del juicio a puerta cerrada ante la gravedad de los hechos y el riesgo para la intimidad y la integridad de los menores, que fueron encontrados aislados y sin escolarizar. La Fiscalía pide penas individuales que, acumuladas, suman más de veinticinco años de cárcel por considerar acreditado un patrón de maltrato psicológico y privación de libertad prolongada. La instrucción recoge que los progenitores impidieron contacto físico y comunicativo con el exterior, anulando cualquier seguimiento educativo, sanitario o social. La decisión judicial subraya el interés superior de los menores como criterio determinante para limitar el acceso público al procedimiento.

Los detenidos fueron localizados el 28 de abril de 2025 tras la denuncia de un vecino y entraron en prisión preventiva dos días después. Según la acusación, la pareja está compuesta por un varón de 53 años de nacionalidad alemana y una mujer de 48 con doble nacionalidad alemana y estadounidense. Además de la acusación por detención ilegal, el escrito fiscal recoge la comisión continuada de actos que provocaron un grave menoscabo en el desarrollo emocional y social de los niños. La instrucción incluye informes policiales y pruebas documentales recabadas en el registro de la vivienda.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Los tres menores —dos gemelos que entonces tenían ocho años y un hermano de diez— permanecieron, según el relato del Ministerio Fiscal, recluidos en la casa durante casi cuatro años sin acceso a la escolarización ni a controles sanitarios regulares. Los informes señalan que los gemelos no sabían leer ni escribir al ser localizados y que los menores usaban pañales a pesar de su edad, vestían pijamas y llevaban múltiples mascarillas. Las descripciones de las condiciones de vida aluden a un aislamiento absoluto: se les negó el contacto con otras personas y se les privó de actividades y recursos básicos para su desarrollo.

Los agentes que accedieron a la vivienda describieron un escenario de abandono extremo, con basura acumulada en varias estancias y ventanas cerradas «a cal y canto» para dificultar la visibilidad desde el exterior. En una de las habitaciones se encontró un gato en muy malas condiciones higiénicas, rodeado de excrementos, lo que añadió indicios de un estado general de dejación. Las camas y lugares de descanso eran inapropiados: los gemelos dormían en cunas sin patas apoyadas sobre el suelo y el hermano mayor en un camastro igualmente inadecuado, hechos que constan en los atestados policiales incorporados a la causa.

La acusación sostiene que la conducta de los padres privó a los menores de su derecho a la educación y a la salud, así como de la necesaria atención emocional, provocando un grave perjuicio en su desarrollo. Los fiscales recogen en su escrito la existencia de un temor injustificado al contagio por parte de los progenitores que habría sido la razón esgrimida para la restricción absoluta de su libertad. La instrucción no solo documenta la privación física del exterior, sino también la ausencia de seguimiento sanitario y educativo que debían recibir por ley.

La apertura del juicio reaviva el debate sobre la prevención y detección de situaciones de maltrato oculto en el entorno familiar y sobre los mecanismos de protección infantil en zonas rurales, donde la dispersión y el aislamiento pueden dificultar la intervención. Organizaciones y especialistas consultados en ocasiones anteriores han advertido de la necesidad de reforzar la coordinación entre servicios sociales, centros educativos y fuerzas de seguridad para evitar que casos como este se prolonguen sin ser detectados. La fiscalía, por su parte, subraya que la acumulación de años de privación y la persistencia del patrón de aislamiento son factores determinantes en la calificación penal.

El proceso continuado en Oviedo será seguido con especial atención por los servicios judiciales y por entidades que trabajan en la protección de menores, dado el impacto que este tipo de sentencias puede tener en la doctrina sobre maltrato psicológico y detención ilegal de niños. El juicio ofrecerá la oportunidad de clarificar la magnitud de los daños infligidos y, en su caso, establecer las responsabilidades penales y civiles que correspondan. Mientras tanto, la causa permanece bajo secreto de sumario en lo relativo a la identidad de las víctimas, para preservar su derecho a la intimidad y a una recuperación integral.