La Guardia Civil, a través de la UCOMA, detuvo y registró el pasado martes 10 de marzo de 2026 a seis personas vinculadas a Forestalia en una operación denominada Perserte, para dilucidar si existió una estructura organizada destinada a obtener resoluciones administrativas favorables mediante prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. Los registros se realizaron en varias sedes de empresas del grupo en Aragón y en la vivienda de uno de los principales investigados, y los detenidos permanecieron bajo custodia policial durante varias horas, según el informe. El cuerpo sostiene que la trama actuó con una voluntad colectiva y una distribución de funciones precisa que justificaría la consideración de organización criminal. La investigación persigue esclarecer el papel de cada implicado en la expansión de proyectos renovables como el Clúster del Maestrazgo y sus relaciones con administraciones públicas.

En el documento de la UCOMA la Benemérita asigna papeles concretos a los seis arrestados: Fernando Samper aparece como el «tronco central», Eugenio Domínguez como facilitador, los hermanos Roberto Pérez Ágreda y Eduardo Pérez Ágreda son señalados como testaferros, y Javier de Lucas es descrito como un cooperador necesario en maniobras de blanqueo. También figura en el informe Montserrat Heredero, pareja de Domínguez, a la que se atribuye una función de cobertura personal dentro del entramado empresarial. La Guardia Civil detalla esas funciones como elementos esenciales para acreditar una organización que actuaba de forma coordinada.

El informe recalca que Samper, considerado promotor y principal beneficiario desde el sector privado, mantenía “relaciones estrechas” con cargos públicos y orientaba la actuación empresarial para conseguir resoluciones favorables. Se le atribuye la estrategia de fragmentar grandes parques eólicos en unidades inferiores a 50 MW para que la tramitación correspondiera a la comunidad autónoma, una táctica que, según la UCOMA, permitía ejercer presión directa sobre técnicos regionales. Los registros practicados incluyeron las sedes de varias sociedades vinculadas a Forestalia en Zaragoza y documentación incautada en el domicilio del empresario.

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La figura de Eugenio Domínguez, exfuncionario según la Guardia Civil, es calificada en el informe como la de un facilitador que conectaba la operativa privada con los canales administrativos. En este papel, Domínguez habría aprovechado su conocimiento y contactos para desbloquear expedientes y promover decisiones favorables al grupo, mientras su entorno aportaba una apariencia de separación entre los intereses empresariales y la gestión pública. La investigación apunta también a que la implicación de terceras personas y sociedades pantalla sirvió para ocultar la verdadera titularidad de activos y decisiones.

Los hermanos Roberto Pérez Ágreda y Eduardo Pérez Ágreda son descritos por los agentes como testaferros que ostentaban formalmente participaciones y control de sociedades utilizadas para canalizar inversiones y contratos. La UCOMA sostiene que esa red de sociedades y apoderamientos sirvió para disimular el flujo de fondos y los beneficios reales que retornaban a los promotores. En paralelo, el notario Javier de Lucas figura en el informe como una pieza clave para formalizar operaciones societarias y documentales que habrían posibilitado el blanqueo, por lo que se le considera un “cooperador necesario”.

El informe de la Guardia Civil, según fuentes policiales, fundamenta sus conclusiones en declaraciones, documentación intervenida y el análisis de movimientos societarios y financieros. Los agentes subrayan que la existencia de un reparto de roles claramente definido y una actuación conjunta son elementos que, de confirmarse en sede judicial, avalarían la tipificación como organización criminal. Hasta ahora, los seis retenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración, sin que se haya dictado resolución penal definitiva.

Forestalia, empresa destacada en el sector de las renovables y promotora de proyectos en varias comunidades, se encuentra en el centro del escrutinio público por la investigación sobre el Clúster del Maestrazgo y otros desarrollos. El caso abre un debate sobre los procedimientos de autorización administrativa y la conveniencia de fortalecer los mecanismos de control en tramitaciones autonómicas frente a proyectos fraccionados. Fuentes del sector advierten de que la instrucción judicial podría ralentizar inversiones y obligar a revisar prácticas habituales en la promoción de parques.

Las diligencias practicadas por la UCOMA incluyeron registros documentales y la intervención de ordenadores y soportes, que serán analizados por peritos para completar el sumario. La causa instruida en los juzgados recabará ahora informes económicos y registrales que permitan reconstruir el entramado societario y la trayectoria de los fondos, y determinar si existió el supuesto blanqueo vinculado a pagos irregulares o comisiones. La instrucción también estudia si la fragmentación de proyectos buscó deliberadamente eludir el control estatal sobre macroproyectos energéticos.

Desde el punto de vista penal, los delitos que se investigan —prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales— llevan aparejadas penas que pueden incluir prisión y sanciones económicas en caso de condena. No obstante, fuentes jurídicas recuerdan que la apertura de diligencias y la detención temporal no prejuzgan responsabilidad y que corresponderá al juez y al fiscal valorar las pruebas. La investigación sigue abierta y habrá que esperar a la acumulación de pruebas y a las posibles comparecencias judiciales para conocer su alcance definitivo.

Por ahora, la operación Perserte y el informe de la UCOMA han puesto el foco en la relación entre promotores de renovables y administraciones públicas, y han desatado un seguimiento estrecho por parte de organismos de control y del propio sector energético. La causa se desarrolla en paralelo a investigaciones sobre tramitaciones y autorizaciones en otras comunidades, lo que podría llevar a un examen más amplio de prácticas empresariales en el despliegue de proyectos de energía verde. Las partes implicadas y los tribunales continuarán acumulando pruebas para determinar responsabilidades en los meses próximos.