Los pescadores y cazadores de Galicia podrán desde 2026 emplear una licencia interautonómica que les permitirá practicar sus actividades en diez comunidades autónomas sin necesidad de permisos locales adicionales, una medida destinada a facilitar la movilidad y reducir la tramitación burocrática. El acuerdo, subscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las administraciones regionales, se publicó en el Boletín Oficial del Estado y amplía el marco vigente hasta ahora. La iniciativa persigue armonizar requisitos técnicos y sancionadores para aficionados y profesionales que se desplazan entre territorios. La medida entra en vigor este año y afecta de forma inmediata a quienes tramitan o renuevan sus permisos.

Con la incorporación de Castilla-La Mancha y Andalucía ya son diez las comunidades adheridas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia. La licencia cubre la pesca en aguas interiores —ríos, embalses y lagos— así como la caza en los territorios suscriptores; las actividades en el mar quedan reguladas por permisos diferenciados. El convenio sustituye al marco de 2017 y marca un avance al sumar a dos comunidades que entonces optaron por no firmar. De esta forma se crea un espacio administrativo común que pretende simplificar los desplazamientos para miles de aficionados.

El Ministerio calcula que alrededor de 90.000 cazadores y pescadores de aguas fluviales podrían acogerse a la interautonómica, que tendrá una vigencia anual. El precio fijado por el acuerdo es de 25 euros para las licencias de pesca en aguas interiores y de 70 euros para las de caza, cantidades que se aplicarán en todo el ámbito del convenio. La uniformidad tarifaria y temporal favorece tanto a quienes viajan como a las administraciones a la hora de planificar inspecciones y campañas de conservación. Las licencias se expedirán con un periodo de validez de doce meses desde su emisión.

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Las autoridades recuerdan que las sanciones e inhabilitaciones por infracciones cometidas en cualquiera de las comunidades firmantes se comunicarán y serán efectivas en todas ellas, de forma automática. Esto quiere decir que un furtivo sancionado en Andalucía verá la suspensión de su permiso reflejada y aplicada también en Galicia u otra región adherida. El objetivo, explican, es garantizar la coherencia en la protección de recursos y evitar contrapuntos normativos que dificulten la gestión. La coordinación sancionadora se presenta así como una pieza clave para el éxito del modelo interautonómico.

La operativa del nuevo sistema se apoya en la plataforma Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio, que permite el intercambio de datos en tiempo real entre las administraciones. A través de esa herramienta los técnicos podrán gestionar altas, bajas y comprobar requisitos administrativos sin necesidad de múltiples trámites presenciales. El desarrollo tecnológico pretende agilizar autorizaciones y reducir errores administrativos, además de contar con registros que faciliten el control y la planificación. Fuentes oficiales subrayan que la interoperabilidad es esencial para evitar duplicidades y mejorar la trazabilidad de expedientes.

En Galicia, la Xunta ha anunciado que permitirá llevar la licencia interautonómica en el teléfono móvil, una medida que pretende modernizar el control sobre el terreno y simplificar la vida de los usuarios. La digitalización del permiso facilitará las comprobaciones por parte de agentes y guardas rurales, que podrán verificar la validez desde dispositivos en campo. También se prevé que la gestión telemática contribuya a reducir tiempos de espera y costes administrativos para los particulares. No obstante, las autoridades insisten en mantener los canales presenciales para quienes no dispongan de medios digitales.

La entrada en vigor de la interautonómica llega en plena apertura de la temporada de pesca en varias comunidades; en Galicia la vigente cita con el inicio de la temporada fluvial coincide con la segunda quincena de marzo. Los responsables autonómicos insisten en la necesidad de que los aficionados consulten las normas específicas de cada coto y las vedas vigentes, pese a la homogeneización de la licencia. Además, recuerdan que la pesca y la caza sostenibles requieren de controles y de respeto a la normativa para preservar los recursos naturales y las economías locales vinculadas a estas actividades.

Los defensores de la interautonómica subrayan que la medida puede beneficiar al dinamismo económico de zonas rurales al facilitar la llegada de aficionados y su gasto asociado en alojamientos y servicios. Sin embargo, organizaciones ecologistas y algunos colectivos locales plantean la necesidad de reforzar la vigilancia para evitar la presión excesiva sobre hábitats sensibles. En cualquier caso, las administraciones apuestan por combinar la simplificación administrativa con políticas de gestión responsable que garanticen la conservación a largo plazo.