Una mujer de A Mariña se enfrenta a una sanción económica por ingerir un fármaco para interrumpir un embarazo de 27 semanas, según la Fiscalía. El caso, con origen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Viveiro, llegó al Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo, que celebró la audiencia preliminar el martes 10 de marzo de 2026. La acusación sostiene que la mujer tomó un medicamento cuyo principio activo es el misoprostol entre el 22 y el 26 de febrero de 2023 y que, como consecuencia, sufrió un sangrado intenso que motivó su ingreso en urgencias. La Fiscalía atribuye a la procesada un delito de aborto y solicita una multa calculada en veinte semanas.

Según el relato judicial, la mujer acudió el 22 de febrero de 2023 al centro de orientación familiar de Burela buscando practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Tras las pruebas médicas, los profesionales le comunicaron que su gestación rondaba las 27 semanas, por lo que la interrupción no podía realizarse por las causas legales contempladas en ese momento. Entre el 22 y el 26 de febrero la acusada habría tomado, en fecha no determinada, un medicamento con misoprostol, sustancia que induce contracciones y se utiliza en protocolos de finalización de gestación. El 26 de febrero, sobre las diez y media de la mañana, se presentó en el servicio de Urgencias del Hospital da Mariña en Burela por un sangrado vaginal intenso.

La documentación aportada a la causa indica que la ingesta del fármaco provocó la terminación del embarazo, circunstancia que recoge la acusación como elemento central para imputar el delito. El misoprostol, administrado solo o junto a otros compuestos en algunos tratamientos, es reconocido por su efecto sobre el útero y su capacidad para desencadenar contracciones, lo que explica que la paciente llegase a urgencias. El hospital donde fue atendida figura en las actuaciones como lugar de asistencia y como punto en el que constataron la hemorragia que motivó la atención sanitaria. Las fuentes judiciales consultadas señalan que no consta en las actuaciones la administración supervisada del fármaco por profesionales en ese episodio.

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En la vista preliminar celebrada en Lugo, la Fiscalía mantuvo su postura de atribuir un delito de aborto, solicitando la sanción económica que figura en el escrito de acusación. La cuantía y la forma de cálculo de la multa siguen el procedimiento penal habitual en estos casos; el escrito fiscal reclama que se imponga la penalidad que corresponde por los hechos describidos. La defensa de la acusada, según las mismas fuentes, no ofreció en la fase inicial declaraciones públicas, y en la causa se plantea ahora la posibilidad de peritajes y pruebas que completen el relato sanitario y criminal. El juzgado deberá decidir si admite a trámite la acusación y si procede a señalizar juicio oral.

El caso vuelve a poner en primer plano el debate sobre la accesibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo en entornos rurales y la información que reciben las mujeres que acuden a los servicios de orientación. En A Mariña, como en otras comarcas con dispersión de población, la red de atención primaria y los recursos hospitalarios marcan en muchos casos la experiencia de las gestantes a la hora de buscar opciones. La ley recoge límites temporales y supuestos excepcionales para las interrupciones, por lo que cualquier actuación fuera de los marcos fijados por la normativa puede derivar en responsabilidad penal, como recuerda el tribunal.

Fuentes judiciales explican que el procedimiento fue trasladado desde el Juzgado de Instrucción de Viveiro al Penal número 1 de Lugo, donde se celebró la audiencia preliminar en la que se examinaron los escritos de acusación y las pruebas aportadas hasta la fecha. No se han facilitado datos personales de la acusada para preservar su intimidad ni detalles que permitan su identificación en las diligencias abiertas. A partir de ahora, los letrados podrán solicitar diligencias adicionales y el juzgado valorará la pertinencia de admitir o rechazar las peticiones antes de fijar una eventual fecha de juicio.

Representantes de colectivos profesionales y de defensa de derechos reproductivos han señalado en ocasiones que los procesos judiciales por interrupciones fuera del marco legal generan inquietud y demandas de mejoras en la atención y la información. En este procedimiento concreto, las partes todavía pueden presentar pruebas periciales médicas que permitan esclarecer la cronología exacta de los hechos y el estado clínico de la gestante en las fechas mencionadas. Mientras tanto, la causa avanza en los órganos de la judicatura lucense y queda pendiente de nuevas actuaciones procesales que marcarán su evolución.

La vista del martes ha servido para fijar el punto de partida de un proceso que tendrá que dirimirse en sede penal si la acción fiscal sigue adelante y el juzgado lo admite a trámite. La acusación pública sostiene que los hechos constituyen un delito tipificado y reclama la multa citada, mientras que la defensa y las diligencias que se practiquen serán determinantes para la decisión final del juez. El procedimiento seguirá su curso en los tribunales de Lugo, donde se espera que se concreten las próximas fechas y las pruebas que definan el sentido de la resolución.