La jefatura de la Fiscalía de Lugo vuelve a estar en juego. Y esta vez, el puesto ha despertado un interés que no tuvo en la primera convocatoria. Dos candidatos de primer nivel, con trayectorias marcadas por casos de gran repercusión social, aspiran a ocupar el despacho que deja Roberto Brezmes Caramanzana tras una década al frente. El Consejo Fiscal se reúne este viernes para deliberar.
Uno de ellos es fiscal delegado de Medio Ambiente en la provincia de Lugo. El otro, una fiscala especializada en delitos de odio desde A Coruña. Ambos reúnen méritos de sobra. Pero sus nombres llevan días circulando en los pasillos judiciales por una razón: representan dos perfiles distintos, dos formas de entender la carrera y, sobre todo, dos currículos que incluyen causas que han marcado la actualidad judicial de Galicia.
El fiscal de la operación Pokémon
José Luis Álvarez García es el candidato de la casa. Lleva 23 años en el ministerio público y, desde 2003, siempre ha estado destinado en Lugo. Allí ha forjado una carrera que le ha llevado a ser el fiscal delegado de Medio Ambiente en la provincia. Pero si hay un caso que ha marcado su trayectoria profesional, ese es la operación Pokémon.
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Conoce más →No es menor el dato: en sus manos cayó la pieza separada de esta macrocausa que investigó los presuntos sobornos en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS). Una instrucción compleja, con ramificaciones políticas y económicas, que puso el foco en la gestión del exedil Francisco Fernández Liñares al frente del organismo de cuenca. Álvarez García, con la discreción que caracteriza a los fiscales de carrera, llevó el peso de una investigación que acabó en los tribunales con varios procesados.
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Hosting WordPress →Su conocimiento del terreno es profundo. Durante más de dos décadas ha sido testigo directo de la evolución de la Fiscalía lucense. Ahora aspira a dirigirla. La primera convocatoria para cubrir la jefatura quedó desierta. Nadie se presentó. Esta segunda oportunidad ha sido diferente.
La fiscala del caso Samuel Luiz
La otra aspirante es María Olga Serrano Pedrós. Su nombre saltó a los titulares nacionales cuando asumió la acusación pública en el caso Samuel Luiz, el joven coruñés asesinado en julio de 2021 en una paliza brutal en la playa de Riazor. El juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña, concluyó con condenas que sumaban 74 años y medio de prisión para los culpables. Una sentencia ejemplar que, en buena medida, llevaba el sello de su trabajo.
Serrano Pedrós es fiscala desde 2005. Siempre ha estado destinada en A Coruña, excepto tres años que pasó fuera. Allí ha sido la fiscala delegada de delitos de odio en la provincia y también forma parte del grupo especializado en delitos económicos. Su perfil combina la lucha contra los crímenes más viscerales, los que hieren a la sociedad en su conjunto, con la complejidad técnica de los delitos financieros. Una dualidad que no es habitual.
Ahora, esta fiscala aspira a dar el salto a Lugo. Una ciudad que conoce menos que su rival, pero donde su experiencia en causas de gran calado social podría ser un activo. La pregunta que se hacen muchos es si su perfil, más mediático, pesará más que el arraigo del candidato local.
Un Consejo Fiscal con varias decisiones sobre la mesa
El viernes, el Consejo Fiscal se reunirá para deliberar sobre esta y otras cuestiones. No será una decisión sencilla. Los dos candidatos presentan méritos sólidos y trayectorias intachables. Pero la elección del fiscal jefe de Lugo no es solo una cuestión de currículos. También pesan las sensibilidades internas, los equilibrios territoriales y, por qué no decirlo, las expectativas de una carrera profesional que, en Galicia, tiene sus propias reglas no escritas.
La provincia de Lugo, con una Fiscalía que ha afrontado en los últimos años casos de corrupción, delitos medioambientales y violencia de género, necesita un liderazgo firme
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