El grupo Sumar ha urgido este martes en Madrid al Gobierno a aprobar de inmediato un decreto con el llamado escudo social para mitigar el efecto de la guerra en Oriente Próximo sobre los precios del combustible, y ha reclamado además un impuesto a las grandes cadenas de alimentación y la vuelta de la subvención por carburante aprobada en 2022. La petición llegó tras una nueva reunión del Consejo de Ministros en la que, según Sumar, no se abordó el paquete de medidas, y el partido acusa a Moncloa de demorarlo. La exigencia se formuló en el Congreso y pretende responder a la escalada de costes que ya está afectando a sectores como el transporte y a los hogares.

En el seno de la coalición, los socios minoritarios han mostrado su frustración por la lentitud con la que, a su juicio, el Ejecutivo está preparando las medidas. Un dirigente de Sumar presente en la reunión del Consejo de Ministros dijo que, si dependiera de su formación, el texto habría entrado ya en la agenda del Gobierno. La urgencia, añaden, responde a la necesidad de dar una réplica rápida a la subida de precios que se está trasmitiendo a la cadena de consumo y a la logística.

Desde la otra mitad del Ejecutivo, la corriente socialista sostiene que están analizando opciones y que sólo impulsarán iniciativas que cuenten con el respaldo parlamentario suficiente para salir adelante. Esa cautela, en palabras del PSOE, es necesaria para evitar medidas que puedan quedar en papel y no aplicarse o que supongan litigios con empresas. Pese a ello, en Sumar creen que la demora es política y que forzar una votación en el Congreso obligará al resto de fuerzas a posicionarse.

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En una comparecencia en la Cámara, la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, pidió que el escudo social vaya «mucho más allá» de lo anunciado y urgió a los socialistas a cerrar ya un acuerdo que proteja a los colectivos más vulnerables. Vidal insistió en que hace falta una respuesta integral que combine medidas fiscales, regulaciones del mercado y ayudas directas para los sectores más afectados. La portavoz defendió que la parálisis actual está dejando a familias y a pequeñas empresas expuestas a subidas que podrían evitarse.

El diputado del grupo Sumar, Alberto Ibáñez, reprochó en la rueda de prensa que el Gobierno llegase «tarde» con estas propuestas y exigió concreción sobre las medidas. Ibáñez, que integra la bancada de Compromís dentro del grupo parlamentario Sumar, reclamó un paquete que incluya tanto limitaciones en los precios como instrumentos fiscales para financiar reducciones del IVA en bienes básicos. Para el parlamentarista, la respuesta no puede limitarse a anuncios y debe tener calendario y recursos.

Entre las propuestas que recoge la iniciativa no de ley registrada por Sumar figura la creación de un impuesto específico a las grandes cadenas de alimentación cuya cifra de beneficios supere los cien millones de euros, con un gravamen que oscilaría entre el 1,2% y el 0,6% de los márgenes empresariales. Ese tributo, dicen, permitiría corregir comportamientos abusivos en la formación de precios y serviría asimismo para financiar una rebaja del IVA de productos de primera necesidad. La medida, según sus promotores, busca trasladar parte del esfuerzo a quienes obtienen mayores beneficios y garantizar una protección real para los consumidores.

En materia de carburantes, Sumar plantea la posibilidad de aplicar un tope temporal a los precios al por mayor —la denominada «excepción croata»— y, si esa vía no prospera, reclama la reimplantación de la ayuda de 20 céntimos por litro que el Ejecutivo aprobó en marzo de 2022 ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania. El argumento es que, ante episodios de volatilidad internacional, las ayudas directas o los topes permiten aliviar de forma inmediata la presión sobre quienes dependen del combustible para trabajar. Los promotores admiten que esas fórmulas son paliativas, pero sostienen que pueden ser decisivas en la gestión de shockes breves de precios.

En la esfera política y económica, las propuestas de Sumar se enfrentarán a debate. El Gobierno central ha mostrado hasta ahora su preferencia por fórmulas pactadas y por medir el impacto presupuestario de cualquier intervención, mientras que las organizaciones empresariales ya han advertido de los efectos sobre la inversión y la competencia de gravámenes específicos. Juristas y expertos en competencia también señalan que cualquier impuesto selectivo debería diseñarse con cuidado para evitar recursos judiciales y efectos no deseados en la cadena de suministro.

Sumar ha dejado claro que llevará estas iniciativas al Congreso con la intención de forzar una votación que ponga a prueba la disposición de PSOE y otras fuerzas a respaldar medidas concretas. El calendario exacto sigue abierto, pero la formación ha subrayado que su prioridad es fijar plazos razonables para la entrada en vigor de las medidas y garantizar mecanismos de seguimiento. Mientras tanto, sectores como el transporte siguen reclamando respuestas inmediatas para no ver agravada su situación por la subida de los carburantes.

En las próximas semanas, la negociación en el seno del Ejecutivo y en el Parlamento marcará si las propuestas se transforman en normas o quedan en un intercambio de posturas. La tensión entre la urgencia que reclama Sumar y la prudencia que exhibe el PSOE será el eje de la discusión pública, a la espera de que Moncloa concrete un paquete que, según los socios minoritarios, ya tendría que estar en marcha.